Mientras las universidades públicas denuncian infrafinanciación y falta de recursos, la universidad privada sigue ganando terreno en la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha encontrado en los centros adscritos una vía para acelerar su implantación, reduciendo controles y ampliando la presencia de instituciones privadas en el sistema universitario madrileño.
Tal y como apunta ‘El País’, la fórmula permite a universidades ya existentes —especialmente privadas— abrir nuevos campus o centros docentes sin necesidad de pasar por el complejo y largo procedimiento que exige la creación de una universidad de nueva planta. Un atajo administrativo que ha cobrado protagonismo tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que el Gobierno regional ha asumido como parte de su estrategia de “apertura” al capital educativo privado.
El último ejemplo es el Centro de Educación Superior Alma Mater, presentado públicamente como UCAM-COE, inaugurado recientemente en Torrejón de Ardoz. El proyecto está impulsado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y el Comité Olímpico Español, y comenzará a impartir clases el próximo curso. Aunque se trata formalmente de un centro adscrito, su puesta en marcha se ha interpretado como un paso más en la expansión de la universidad privada en Madrid, donde ya operan 14 universidades privadas frente a seis públicas.
Durante el acto de inauguración, celebrado en una carpa provisional, el presidente del COE, Alejandro Blanco, relató cómo fue la propia Ayuso quien les animó a optar por esta fórmula para evitar la burocracia. Según su versión, abrir un centro adscrito resultaba mucho más rápido que impulsar una universidad nueva, un proceso que requiere informes técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y, desde 2024, la evaluación obligatoria de la Aneca o sus agencias autonómicas.
El cambio normativo que altera el equilibrio universitario
La clave jurídica que permite esta expansión se encuentra en la LOSU, aprobada en 2023. A diferencia de la anterior Ley Orgánica de Universidades (LOU), la nueva norma no exige autorización expresa de las comunidades autónomas para que las universidades privadas abran centros adscritos fuera de su territorio de origen. Sí lo hace, en cambio, en el caso de las universidades públicas. Esta asimetría ha sido duramente criticada por sectores académicos y ha facilitado que regiones como Madrid se conviertan en polos de atracción para proyectos privados procedentes de otras comunidades.
El Gobierno central intentó corregir esta situación en 2025 mediante una modificación del decreto que regula la creación de universidades, introduciendo la exigencia de informes favorables para los centros adscritos interautonómicos. Sin embargo, el Consejo de Estado advirtió de que el cambio contradecía la LOSU, y el Ejecutivo acabó retirando la propuesta. El resultado es un marco legal que, sin pretenderlo, ha allanado el camino a la expansión privada.
El nuevo centro UCAM-COE arrancará con cinco grados relacionados con el ámbito sanitario y alimentario —Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos—, aunque no se descarta que en el futuro aspire a impartir Medicina, uno de los títulos más demandados y rentables del sistema universitario. En Madrid, de hecho, ya hay más estudiantes matriculados en primero de Medicina en universidades privadas que en públicas, un dato que ilustra el desplazamiento progresivo del peso del sistema.
La pública, asfixiada; la privada, en expansión
La proliferación de universidades privadas contrasta de forma cada vez más evidente con la situación de las públicas, que arrastran desde hace años problemas estructurales de financiación, precariedad laboral y falta de capacidad para crecer o adaptarse a nuevas demandas académicas. Los equipos rectorales denuncian que los presupuestos autonómicos no cubren el incremento de costes derivado de la inflación, la renovación de infraestructuras o la estabilización del personal docente e investigador, lo que limita seriamente su margen de maniobra. A ello se suma la dificultad para crear nuevos grados o ampliar plazas en titulaciones con alta demanda, incluso cuando existen informes favorables y necesidades sociales acreditadas.
Desde las universidades públicas se insiste en que la competencia con la privada se está produciendo en condiciones claramente desiguales. Mientras los centros públicos están sometidos a estrictos controles administrativos, límites de gasto, tasas reguladas y complejos procesos de verificación y acreditación, las universidades privadas disponen de mayor flexibilidad para definir su oferta, fijar precios y adaptarse con rapidez al mercado educativo. Los rectores han advertido en varias ocasiones de que este desequilibrio no solo afecta a la sostenibilidad del sistema público, sino que también distorsiona la planificación universitaria y debilita el papel de la universidad como servicio público.
Además, alertan de que la expansión de la privada se produce, en muchos casos, en los mismos nichos de titulaciones —especialmente las sanitarias y las más rentables—, sin asumir las funciones que sí desempeñan las universidades públicas, como la investigación básica, la transferencia de conocimiento o la cohesión territorial. “Se compite por el estudiante, pero no por las obligaciones”, resumen fuentes académicas, que reclaman una regulación más equilibrada y una financiación suficiente para evitar que la universidad pública quede relegada a un papel secundario.
Este contexto ha alimentado el malestar dentro de la comunidad universitaria, que ve cómo la falta de recursos convive con un crecimiento sostenido de proyectos privados impulsados desde las administraciones autonómicas. Para los rectores, el riesgo no es solo económico, sino también de modelo: que la educación superior avance hacia una lógica cada vez más mercantilizada, en la que el acceso a determinadas titulaciones dependa del nivel de renta y no de la capacidad académica, erosionando uno de los pilares del Estado del bienestar.
Madrid como laboratorio universitario
El caso de la UCAM no es nuevo. La universidad murciana, vinculada al movimiento religioso de los neocatecúmenos, ha intentado durante más de una década expandirse por distintas comunidades autónomas sin éxito. Alicante, León, Málaga y Alcorcón fueron escenarios de proyectos fallidos, paralizados por informes negativos, concursos públicos frustrados o cambios políticos. En algunos de estos intentos, las autoridades autonómicas o municipales —incluso gobernadas por el PP— pusieron freno a la iniciativa alegando deficiencias técnicas o saturación del mapa universitario.
Madrid ha sido, finalmente, el territorio donde el proyecto ha encontrado respaldo político e institucional. La sintonía entre el Ejecutivo regional y los promotores privados se enmarca en una política más amplia de Ayuso, que ha defendido abiertamente la llegada de nuevas universidades privadas “de todo el mundo” siempre que, según sus palabras, cumplan criterios de calidad y excelencia.
La oposición y parte de la comunidad académica cuestionan ese modelo. Señalan que la proliferación de centros privados no responde tanto a una planificación del sistema universitario como a una lógica de mercado, en la que la educación superior se convierte en un negocio cada vez más atractivo. También advierten del riesgo de fragmentación del sistema y de una progresiva elitización del acceso a determinados estudios.
Con la vía de los centros adscritos plenamente abierta, Madrid se consolida como el principal laboratorio de este modelo. Un escenario en el que la universidad privada avanza con rapidez, mientras la pública reclama recursos y estabilidad. Este contexto ha alimentado el malestar dentro de la comunidad universitaria, que ve cómo la falta de recursos convive con un crecimiento sostenido de proyectos privados impulsados desde las administraciones autonómicas. Para los rectores, el riesgo no es solo económico, sino también de modelo: que la educación superior avance hacia una lógica cada vez más mercantilizada, en la que el acceso a determinadas titulaciones dependa del nivel de renta y no de la capacidad académica, erosionando uno de los pilares del Estado del bienestar.