En estos tiempos revueltos se filtran briznas de aire que ayudan a refrescar el ambiente. La última buen noticia ha sido el acercamiento entre el Gobierno, sindicatos y empresarios de CEOE y CEPYME en torno a la reforma del sistema público de pensiones. Al parecer, coinciden en lo sustancial y solo quedan pendientes “pequeños detalles”. para ajustar.

Es un paso adelante, muy esperanzador, por las vías que pueden conducir hasta la derogación del llamado factor de sostenibilidad. Aquella desgraciada reforma, que impulsó en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy Brey, supone que la pensión de jubilación se va reduciendo en base al aumento de vida del cotizante. Es decir, a más edad menos pensión.

El enunciado se antoja cruel y seguro que algunas entidades privadas de Fondos de Pensiones se frotaron las manos, al intentar reducir los ingresos a los jubilados en su etapa más vulnerable. Entonces, los pensionistas, un colectivo que ronda los nueve millones de personas, expresaron de inmediato su indignación. Tocaba estrechar el cinturón a los de siempre. Rajoy Brey no tuvo más remedio que echar mano del freno y suspendió la norma hasta 2023.

Para llevar al desván de los malos recuerdos esa medida, agentes sociales, patronal y el propio Ministerio tratan de poner en práctica el denominado “mecanismo de equidad intergeneracional”, que evitaría que el coste de las pensiones se sustente en las aportaciones de los más jóvenes.

Que se cierre un acuerdo en ese sentido es de especial relevancia porque, además, está condicionado por la negociación con la UE para que España reciba los fondos de recuperación económica. Una auténtica carrera contrarreloj ya que una buena parte de esas medidas deben estar vigentes a fin de año.

En esa complicada negociación se cruzan otros debates: Si las pensiones deben incrementarse en función de la subida de los precios o si habrá que penalizar a los que se jubilen antes de la edad legal. También está en discusión si las pensiones se han de incrementar en función de los precios, las penalizaciones para quien se jubile antes de la edad legal e incentivos para quienes la retrasen.

También hay otros flecos en estudio. Como si se deben deslindar determinados gastos de las cuentas de la Seguridad Social y traspasarlos a los Presupuestos Generales del Estado, rebajando el peso que sobrelleva el INSS.

Lo importante es que en esta primera fase negociadora se va viendo la luz y todos los implicados está optimistas, esperanzados, de que ponga punto final sin problemas. Después, les espera otra ronda más complicada porque buscará conseguir el equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social.

En todo caso, hay una diferencia sustancial en relación al Gobierno anterior. Desde una visión progresista, los trabajadores que concluyen su vida laboral no deberían verse como una carga sino como ciudadanos que han aportado su esfuerzo a la sociedad, con pleno derecho a disfrutar su nueva situación.