El Gobierno de España ha venido siendo durante toda esta legislatura un título dividido en dos. PSOE y Sumar iniciaron en 2023 una coalición que ha venido desarrollando distintas iniciativas a lo largo de este mandato, pero que llega a la recta final antes de las próximas elecciones como una relación que vive más momentos de tensión que de alegría. Unas fricciones que están llevando a ambos partidos a distanciarse de manera progresiva, pero sin poder romper del todo ninguno de ellos el pacto, pues ambos se necesitan, al menos hasta que se vuelvan a abrir las urnas.
El 2026 está siendo un año especialmente complejo para este dúo de formaciones políticas que, mientras lideran el Ejecutivo nacional, están encontrando numerosos momentos en los que chocan a la hora de tomar decisiones o actuar en relación a diferentes ámbitos. En este sentido, al ocupar la presidencia el PSOE, es Sumar quien podría estar en disposición de ejercer una mayor presión amenazando con romper la coalición. Sin embargo, la debilidad que viene experimentando el partido de Yolanda Díaz en las elecciones autonómicas que se han venido celebrando desde diciembre del pasado año evidencia escasa fortaleza entre el electorado, por lo que este puede estar siendo un condicionante determinante para que Sumar no haya cortado por lo sano hace unos meses.
Solo en este año se contabilizan unos nueve momentos de especial tensión entre ambos partidos, entre los que destacan, de manera más notoria, las fricciones en torno a la política de vivienda, la tensión vivida en torno a la iniciativa de Sumar para reducir la jornada laboral, el gasto en Defensa o la crisis de credibilidad del PSOE debido a los casos de corrupción surgidos en el entorno del partido.
Una sucesión de circunstancias que vienen haciendo tambalear la coalición de Gobierno
A comienzos de año, la vivienda se convirtió otra vez en uno de los principales puntos de conflicto. Pedro Sánchez planteó nuevas medidas, entre ellas incentivos fiscales a propietarios que congelasen los alquileres, mientras Sumar reclamaba medidas mucho más intervencionistas, especialmente controles y limitaciones de los precios. La discrepancia no era nueva, pero en 2026 adquirió especial importancia al ser la vivienda una de las principales banderas de Sumar y, por ello, presionaba al PSOE para que el Gobierno pasara de los anuncios a medidas de control efectivo de los alquileres.
De hecho, en lo referido a este asunto, la mayor crisis se vivió el 20 de marzo, cuando PSOE y Sumar llegaron al límite durante la negociación del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra entre Irán e Israel. Sumar exigía introducir en el decreto una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler. El PSOE se resistía a incluirla en ese paquete. La discusión llegó a tal punto que el Consejo de Ministros estuvo prácticamente paralizado. Finalmente, Sánchez y Díaz negociaron personalmente y se alcanzó una solución: separar las medidas económicas de las medidas de vivienda, permitiendo que Sumar obtuviera posteriormente el compromiso que reclamaba.
En el recuerdo del mes de marzo también está el intento de hacer efectiva la reducción de la jornada laboral. No tardó mucho en aparecer este problema, fue escasos días después de vivir el episodio de la prórroga de los alquileres.
El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, acusó al departamento de Economía de intentar obstaculizar el desarrollo del acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas mediante objeciones al reglamento sobre el registro horario. El enfrentamiento era especialmente delicado porque la reducción de jornada constituía uno de los principales compromisos políticos de Sumar. Trabajo sostuvo que el reglamento debía salir adelante pese a las objeciones planteadas por organismos y por Economía.
En el mes de julio, el aumento del gasto militar también fue una fuente de incomodidad entre ambos socios, aunque menos explosiva que vivienda o corrupción. El Gobierno de Sánchez avanzó hacia el compromiso de elevar el gasto en Defensa hasta aproximadamente el 2,1% del PIB, en el contexto de la OTAN. El asunto es particularmente sensible para Sumar, cuya posición política es mucho más crítica con el aumento del gasto militar y con el rearme europeo, provocando serias fricciones entre ambos partidos.
Todo esto, sumado a los casos de corrupción que surgieron en el entorno del PSOE, siendo la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el 'Caso Plus Ultra' una gota que casi hizo colmar el vaso, ha hecho que la coalición de Gobierno esté pasando por momentos complicados en esta recta final de la legislatura. Una tensión que, estos días, se está viendo incrementada debido a la central nuclear de Almaraz.
¿Terminará por romper la cuerda la central nuclear de Almaraz?
La decisión del Gobierno de ampliar hasta junio de 2030 la vida útil de la central nuclear de Almaraz ha abierto un nuevo frente de tensión entre PSOE y Sumar. La autorización permite prolongar el funcionamiento de sus dos reactores: Almaraz I, cuyo cierre estaba previsto para noviembre de 2027, y Almaraz II, que debía dejar de operar en octubre de 2028.
La medida llega después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera en julio un informe favorable a la continuidad de la planta, aunque con determinadas condiciones de seguridad. La decisión definitiva corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.
El conflicto surge porque Sumar considera que la prórroga contradice el acuerdo de Gobierno alcanzado con el PSOE en 2023, que contemplaba el cierre progresivo de las centrales nucleares españolas. La formación de Yolanda Díaz ha acusado a los socialistas de incumplir lo pactado y de ceder ante los intereses de las grandes compañías eléctricas propietarias de Almaraz, entre ellas Iberdrola, Endesa y Naturgy.
El PSOE, por su parte, defiende que no se ha abandonado el calendario general de cierre nuclear, cuyo horizonte continúa situado en 2035. El Gobierno argumenta que las circunstancias energéticas actuales, marcadas por la inestabilidad internacional y la volatilidad de los precios, justifican mantener Almaraz operativa durante unos años más.
La decisión también tiene una importante dimensión económica y territorial, ya que la central genera miles de empleos directos e indirectos en Extremadura y aporta una cantidad relevante de electricidad al sistema español.
Para Sumar, sin embargo, la cuestión fundamental es el precedente: la prórroga podría abrir la puerta a nuevas extensiones de otras centrales y poner en cuestión el calendario de cierre nuclear.
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