El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra seis personas acusadas de increpar, perseguir y arrojar objetos contra cuatro diputados del PSOE en las inmediaciones del Congreso de los Diputados el 16 de noviembre de 2023, coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez.
La resolución judicial, fechada el 27 de julio, establece además una fianza conjunta de 40.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles derivadas de una eventual condena.
La Fiscalía solicita para cada procesado un total de 24 meses de multa, con una cuota diaria de 12 euros, lo que supondría unos 8.640 euros. La acusación pública atribuye a los seis un delito de desórdenes públicos y cuatro delitos leves de falta de respeto a la autoridad, además de reclamar el abono de las costas.
Los cuatro parlamentarios afectados, personados como acusación particular, elevan sustancialmente la petición de condena: reclaman seis años de prisión y diez meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros para cada acusado.
También solicitan una indemnización individual de 10.000 euros y atribuyen a los encausados delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, este último en su modalidad agravada por tratarse de diputados en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, les acusan de atentado contra agentes de la autoridad por la resistencia que, según sostienen, opusieron a los policías que escoltaban a los parlamentarios.
Los incidentes comenzaron en un bar próximo al Congreso
Los hechos se produjeron durante la mañana del 16 de noviembre de 2023. Los diputados socialistas Daniel Senderos Oraá, María Luisa García Gurrutxaga, Vicent Sarrià Morell y Herminio Rufino Sancho se encontraban en un establecimiento cercano a la Cámara Baja cuando, según la Fiscalía, los seis acusados entraron progresivamente en el local.
El Ministerio Público sostiene que, después de identificar a los parlamentarios como miembros del PSOE, comenzaron los insultos y las amenazas. Uno de los diputados alertó a la Policía, aunque la presencia de los agentes no habría detenido los enfrentamientos.
Los acusados abandonaron posteriormente el establecimiento y, según las acusaciones, permanecieron en el exterior a la espera de que salieran los parlamentarios.
Huevos, piedras y escupitajos
La situación continuó en la calle. Los diputados fueron objeto, según el relato de las acusaciones, de nuevos insultos, escupitajos y lanzamiento de piedras. Uno de los encausados habría arrojado huevos contra ellos mientras profería nuevos insultos.
Los proyectiles alcanzaron a tres de los cuatro parlamentarios y a uno de los policías que intervenían en el dispositivo de seguridad. Otro de los acusados habría realizado además un gesto dirigido a agredir a los diputados, aunque un agente consiguió impedirlo.
Los policías tuvieron que acompañar a los parlamentarios hasta el perímetro de seguridad establecido alrededor del Congreso.
El PSOE denunció el episodio durante la investidura
Tras los incidentes, el diputado Herminio Rufino Sancho aseguró que la intervención policial había sido determinante para poder abandonar el lugar con seguridad.
El entonces portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, condenó los hechos desde la tribuna del Congreso y vinculó los episodios de hostigamiento a la escalada de discursos contra los socialistas durante aquellas semanas de protestas contra la investidura de Sánchez.
Ahora, casi tres años después de los hechos, la decisión del Juzgado de Instrucción 20 abre la vía para que las acusaciones y las defensas expongan sus posiciones ante el órgano encargado de celebrar el juicio y determinar, en su caso, las responsabilidades penales y civiles de los seis acusados.
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