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Costa Rica tendrá desde el próximo 14 de octubre una megacárcel. El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), levantado con capacidad para 5.100 presos, nace sin demasiado interés por ocultar dónde encontró su inspiración. El modelo está en El Salvador y tiene nombre propio: Nayib Bukele.
La presidenta costarricense, Laura Fernández, presentó esta semana el nuevo centro apelando a las víctimas, a las familias que viven con miedo y a una ciudadanía que, en palabras de la mandataria, está cansada de la impunidad. El complejo está diseñado para recluir a perfiles vinculados con el crimen organizado y llega después de años de deterioro de los indicadores de seguridad y del crecimiento del narcotráfico en un país que durante décadas cultivó una imagen muy distinta a la de sus vecinos centroamericanos.
VIDEO | Costa Rica anuncia que inaugurará el próximo 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una “megacárcel” con capacidad para 5.100 presos e inspirada en el modelo de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. 📹 Presidencia de Costa Rica
— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 5, 2026
La cárcel tampoco apareció de la nada. El proyecto fue desarrollado con asesoramiento salvadoreño y ya había servido meses atrás para escenificar la sintonía política entre San José y San Salvador. Bukele viajó a Costa Rica en enero, todavía durante el mandato de Rodrigo Chaves, para respaldar un centro inspirado en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Reuters señaló entonces que las nuevas plazas supondrían aumentar alrededor de un 40% la capacidad penitenciaria del país.
Costa Rica es la última parada, pero la historia empieza mucho antes. Porque Bukele no ha exportado simplemente una cárcel. Ha convertido una determinada concepción de la seguridad en un producto político exportable: demostrar autoridad a través del encarcelamiento masivo, reducir las garantías procesales en nombre de una emergencia y colocar la exhibición pública del castigo en el centro del relato gubernamental.
El éxito de esa fórmula se puede medir más allá de las fronteras salvadoreñas. Gobiernos de distinto signo han adoptado algunas de sus herramientas; dirigentes latinoamericanos han viajado a El Salvador para observarlas; se han multiplicado los estados de excepción y la presencia militar en tareas de seguridad interior. Y Estados Unidos ha terminado por llevar la lógica un paso más allá: la prisión salvadoreña llegó a convertirse bajo Donald Trump en destino de personas deportadas desde territorio estadounidense.
El CECOT, la imagen con la que Bukele vendió su modelo al mundo
El gran escaparate de la doctrina Bukele es el CECOT, la enorme prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023 con una capacidad oficial para 40.000 internos. Sus imágenes han recorrido el mundo: filas de presos semidesnudos, rapados y esposados; pabellones gigantescos; despliegues policiales perfectamente coreografiados y cámaras situadas para que el castigo pueda ser observado desde fuera.
Pero el CECOT es únicamente la expresión más visible de una transformación mucho más profunda. El régimen de excepción salvadoreño comenzó en marzo de 2022, después de una oleada de asesinatos atribuida a las pandillas. Aquello que nació presentado como una respuesta extraordinaria terminó convirtiéndose en parte estructural de la política de seguridad del país.
Según Human Rights Watch, más de 90.000 personas habían sido detenidas bajo ese régimen hasta finales de 2025. La organización calcula que alrededor de 118.000 personas estaban encarceladas en El Salvador, aproximadamente el 1,9% de la población del país. Al mismo tiempo, reconoce una realidad inseparable del éxito político de Bukele: la violencia de las pandillas ha disminuido de manera drástica.
Ese descenso de la criminalidad es precisamente el argumento que ha permitido al presidente salvadoreño presentar su política como una alternativa frente a décadas de incapacidad estatal. Pero el reverso del modelo está ampliamente documentado.
Amnistía Internacional sostiene en un informe publicado en julio de 2026 que durante estos cuatro años se han registrado detenciones arbitrarias masivas, torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y vulneraciones del debido proceso. La organización contabiliza al menos 470 fallecidos bajo custodia estatal y advierte de que algunas de las prácticas analizadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Ese es el producto que empieza a viajar fuera de El Salvador. No necesariamente como una copia exacta del régimen salvadoreño, ni siempre de la mano de gobiernos ideológicamente próximos a Bukele. Su expansión es más compleja: lo que circula es la idea de que la emergencia de seguridad permite ensanchar los límites de lo que un Estado puede hacer con sus ciudadanos.
La mano dura encuentra imitadores a izquierda y derecha
El fenómeno resulta difícil de reducir a una simple expansión de la extrema derecha porque sus herramientas han conseguido atravesar fronteras ideológicas.
Honduras es el ejemplo más evidente. La presidenta Xiomara Castro, llegada al poder desde la izquierda, decretó en diciembre de 2022 un estado de excepción destinado inicialmente a combatir la extorsión y la violencia de las pandillas. La medida suspendió determinadas garantías constitucionales y amplió las competencias de las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional terminó denominando expresamente aquella estrategia como un enfoque similar al “método Bukele”. La organización denunció la militarización de la seguridad pública y documentó denuncias por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otros abusos. Lo provisional, además, dejó de serlo: el estado de excepción continuaba acumulando prórrogas años después.
Ecuador ofrece otro recorrido. La explosión de la violencia vinculada al crimen organizado llevó a Daniel Noboa a declarar en enero de 2024 un “conflicto armado interno”, desplegar a las Fuerzas Armadas y endurecer el control sobre las prisiones.
El punto de partida tampoco admite frivolidades. Human Rights Watch recoge que los homicidios aumentaron alrededor de un 430% entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de 2024. El país se enfrentaba —y continúa enfrentándose— a una crisis de seguridad real. Pero la organización también ha documentado durante la respuesta estatal ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, malos tratos y abusos en las cárceles.
Ahí reside una de las claves del fenómeno Bukele. Su influencia no exige necesariamente copiar el sistema salvadoreño hasta el último detalle. Basta con que se consolide la premisa política: ante niveles extraordinarios de violencia, las garantías jurídicas pueden comenzar a presentarse como un impedimento para recuperar el control.
El propio éxito electoral y comunicativo del presidente salvadoreño ha contribuido a convertir la seguridad punitiva en una referencia exportable. Costa Rica introduce ahora en ese paisaje uno de sus símbolos más reconocibles: la megacárcel.
Costa Rica también mira hacia San Salvador
El caso costarricense tiene un componente especialmente simbólico. El país abolió su Ejército en 1948 y durante décadas ha construido buena parte de su identidad regional alrededor de la estabilidad institucional y de una tradición política alejada de la militarización característica de otros países centroamericanos.
La expansión del narcotráfico y el aumento de la violencia han deteriorado esa excepcionalidad. Y la respuesta política ha empezado a adoptar un vocabulario reconocible.
El CACCO no convierte automáticamente a Costa Rica en El Salvador. El país mantiene instituciones, controles judiciales y un marco político distintos. Tampoco una cárcel de máxima seguridad equivale por sí sola al régimen de excepción salvadoreño. Pero resulta significativo que el modelo escogido para representar el endurecimiento de la política criminal sea precisamente el de Bukele.
La propia construcción del centro se ha integrado en ese lenguaje. Cuando anunció su finalización, Fernández habló de “mano” contra los delincuentes y presentó la prisión como respuesta al dolor de las víctimas y a una sociedad cansada de la inseguridad.
La imagen es poderosa precisamente porque la prisión deja de ser únicamente una infraestructura. Se convierte en demostración física de autoridad. Y esa dimensión propagandística explica parte de la influencia salvadoreña. Una reforma procesal difícilmente cabe en un vídeo de veinte segundos. Una política social para barrios atravesados por la violencia necesita años para demostrar resultados. Una enorme cárcel llena de hombres esposados comunica otra cosa de manera instantánea: el Estado manda y quien lo desafía termina detrás de esos muros.
La cárcel como lenguaje político
La expansión del modelo ya no necesita reproducir exactamente el sistema salvadoreño para dejar huella. Basta con asumir algunos de sus elementos centrales: la excepcionalidad como herramienta permanente, la cárcel como símbolo de autoridad y la reducción de garantías como precio asumible en nombre de la seguridad. Cada país lo adapta a su propia crisis, a su legislación y a su contexto político, pero la dirección empieza a resultar reconocible.
Costa Rica es ahora el último escaparate de esa tendencia. El CACCO no convierte al país en una réplica de El Salvador, pero sí confirma hasta qué punto Bukele ha conseguido desplazar los límites del debate regional sobre seguridad. Una megacárcel inspirada en el CECOT puede presentarse hoy como una respuesta moderna, eficaz y políticamente rentable incluso en un país que durante décadas construyó buena parte de su identidad sobre una tradición institucional distinta a la de sus vecinos.
Estados Unidos ha llevado esa lógica todavía más lejos. Con Trump, el modelo dejó de funcionar únicamente como referencia política para convertirse también en infraestructura útil para una estrategia migratoria basada en la expulsión y la externalización del encierro. El CECOT pasó de ser el gran símbolo interno de Bukele a recibir personas deportadas desde territorio estadounidense.
Ahí está quizá el verdadero alcance del fenómeno. Bukele no necesitaba exportar su régimen completo para ganar la batalla cultural de la seguridad. Le bastaba con lograr que cárceles gigantescas, estados de excepción prolongados y derechos sometidos a la urgencia dejaran de parecer anomalías y empezaran a venderse como soluciones. El 14 de octubre, cuando Costa Rica abra las puertas del CACCO, esa idea tendrá una nueva dirección.
