La Justicia se opone a la medida cautelar solicitada por Ayuso para el desalojo de la acampada en Sol

Después de que este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazara la medida cautelarísima solicitada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para el desalojo de la acampada de Sol, este miércoles en un escrito la Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno en Madrid, ha rechazado también la medida solicitada por el Ejecutivo regional advirtiendo de que un desalojo de la Puerta del Sol podría provocar incidentes de fuerza con peligro físico para personas y bienes.

En el auto dictado el lunes por el TSJM, la Sala acordó tramitar las actuaciones por el procedimiento ordinario de medidas cautelares y dio audiencia a la Abogacía del Estado. Así, tras examinar las alegaciones presentadas por la defensa de la Comunidad de Madrid, la Sección acordó que “no ha lugar a acceder a la medida solicitada mediante este concreto cauce procesal, dado que, si bien concurren circunstancias de especial urgencia, para la apreciación de la medida deben darse los presupuestos del artículo 136 LJCA, cuyo examen no se puede acometer y valorar con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado”.

Con ello, la Abogacía responde que el recurso del Gobierno autonómico debería inadmitirse porque la Comunidad presentó su demanda antes de que transcurriera el plazo legal de un mes para que la Delegación del Gobierno pudiera pronunciarse sobre el requerimiento previo. Según explica, la Delegación acusó recibo del escrito el pasado 1 de octubre, pero todavía no había rechazado formalmente la petición cuando se interpuso el recurso.

De esta forma, el escrito de la Abogacía recuerda que la falta de comunicación previa de la acampada no determina por sí misma su disolución, ya que la comunicación no constituye un requisito constitutivo del derecho fundamental de reunión. La Abogacía del Estado sostiene, además, que la finalidad reivindicativa de la acampada impide considerarla una mera ocupación del espacio público, al estar vinculada a la expresión de ideas y reivindicaciones políticas.

Al hilo de ello, el TSJM esgrime ahora que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid no han esperado el tiempo suficiente para denunciar la “inactividad” de la Delegación del Gobierno, por lo que desestima la petición de medidas cautelares. Según explican los jueces de la Sala, la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa marca que deben pasar al menos tres meses para poder confirmar la existencia de esa “inactividad”. “No ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno en Madrid en los términos exigidos por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)”, sostiene el TSJM en un comunicado. Ahora, el Ejecutivo madrileño podrá recurrir la decisión en un plazo de cinco días.

La cruzada de Ayuso con la acampada: "Los madrileños pagan la factura"

También este miércoles, la lideresa regional ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertir la Puerta del Sol en “un campamento político mientras los madrileños pagan la factura”.

En estos términos se ha expresado la presidenta madrileña en un mensaje publicado en X (antes Twitter) en el que ha puesto también el foco en que la plaza ha sido “ocupada a hechos consumados”, “vandalizada” y sus comercios han sido “asfixiados”.

La Puerta del Sol ocupada a hechos consumados; vandalizada; los comercios, asfixiados y sus ventas cayendo hasta en un 60%. Pedro Sánchez convierte el corazón de Madrid en un campamento político mientras los madrileños pagan la factura. https://t.co/3lXzLS6N0q https://t.co/yucqckF3OX

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 7, 2026

En líneas similares, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido en que la acampada en Sol es "absolutamente ilegal" y "tiene que desaparecer cuanto antes" porque está causando "un perjuicio muy importante".

Asimismo, el consejero ha asegurado que se están viendo afectados los vecinos de la zona y los madrileños en general "que no pueden utilizar una plaza que es de todos". "Tenemos una plaza tomada donde ha habido actos vandálicos, donde los comerciantes, los vecinos no pueden más y yo lo que pido, lo que pedimos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es que cuanto antes se actúe y cuanto antes se desaloje", ha señalado.