El que fuera vicepresidente de Esperanza Aguirre y el encargado por Pablo Casado para vigilar posibles casos de corrupción en el Partido Popular, Alfredo Prada, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que expediente y aparte del caso del Campus de la Justicia a la fiscal que le imputó en la causa. Para ello, alega que la funcionaria Myriam Segura siente hacia él “publica animadversión” y “enemistad manifiesta” y le acusa de haber realizado su imputación con “prisas” para que el PSOE pudiera usarla en la campaña electoral.

Prada fue imputado el pasado mes de marzo por el juez de la Audiencia nacional José de la Mata, dentro de la investigación sobre el fallido Campus de la Justicia de la Comunidad, en el que el Gobierno de Aguirre dilapidó millones de euros en lo que hoy es solo un solar. Su imputación, realizada tras el informe de la fiscal, se basa en las múltiples irregularidades que le achaca el magistrado en su condición de consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Según el escrito que Alfredo Prada ha enviado al fiscal jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, y al que ha tenido acceso ElPlural.com, la fiscal Myriam Segura habría actuado con “prisas” -expresión que utiliza en dos ocasiones- para “la elaboración de la imputación” y cometiendo varios errores que plasma en su texto. Algunos de esos supuestos errores son haber centrado la imputación en su etapa de consejero hasta 2008 “cuando la vigencia de la Sociedad es hasta el año 2015” o que “se establecen como presuntas actividades ilícitas la mera gestión política”. También señala como “irregular” que la denuncia de la fiscal se dirigiese a la Audiencia Nacional “en vez de hacerlo en el Juzgado de Instrucción de Guardia”.

Más allá de esos, Prada insinúa que la fiscal actuó de manera irregular en plena campaña electoral, puesto que la convocatoria oficial de los comicios fue el día 5 de marzo y el escrito de la fiscal se realizó dos días después. Además, apunta como prueba del intento de utilizar “el poder judicial para estigmatizar a dirigentes políticos” que en plena campaña muchos medios “de ámbito nacional e incluso internacional” se hicieran eco de su imputación, obviamente señalando que Casado le había designado para evitar la corrupción en el PP, o que el propio Pedro Sánchez esgrimiese la noticia contra Casado en el debate de TVE ante “una audiencia de 8.868.000 espectadores”.

Al margen de todo esto, Prada señala que la fiscal Segura tiene hacia él “publica animadversión” y “enemistad manifiesta”. Y lo basa, por una parte, en la noticia de los SMS de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas, donde también se incluía un mensaje que señalaba que Prada había pedido al presidente del Gobierno la destitución de esta fiscal. “Con independencia de la veracidad o no de la información”, señala el escrito de Prada, “este hecho sería razón más que suficiente para que la Ilustrísima Señora Fiscal se hubiera abstenido de llevar este asunto”.

También alega Prada que “la señora Segura tiene una estrecha relación de amistad con la actual Ministra de Justicia Doña. Dolores Delgado”. Algo que basa en que la fiscal estuviera en la toma de posesión de Delgado “sin ostentar una responsabilidad pública” y que también coincidiese con la diputada de Madrid Mercedes Gallizo. A Gallizo le acusa de realizar “múltiples declaraciones públicas” pidiendo que se investigase el Campus de la Justicia y de haber sido “compañera de Gobierno” del juez de La Mata hace una década.

Por todo ello, Prada considera “presuntamente irregular” la denuncia y el método en que se presentó, pide que se abra “expediente, de la naturaleza que proceda” contra la fiscal y que “se adopte como medida cautelar y, con el fin de evitar daños irreparables, apartar” a la fiscal del caso que investiga las supuestas irregularidades del Campus de la Justicia.