Resulta hasta cierto punto sorprendente, pero llama mucho la atención que casi nadie haya destacado que, por la dinámica institucional y política derivada de la configuración de España como Estado autonómico, ya desde la misma declaración del estado de alarma, y todavía más desde su implantación en todo el país, el Gobierno de España ha seguido unas pautas propias de un Estado federal. De acuerdo con nuestra actual Constitución, como ocurre en cualquier otro Estado democrático de derecho, solo el Gobierno de España puede declarar el estado de alarma. Pero la forma concreta de su aplicación e implantación territorial puede ser centralizada o no. El Gobierno de coalición de PSOE y UP presidido por Pedro Sánchez optó, desde el mismo momento de su declaración, por desarrollar una aplicación del estado de alarma fundamentada en la estructura autonómica de la que los españoles disfrutamos con éxito desde hace ya muchos años.

A pesar de las poco menos que inevitables estridencias patrioteras de la peor estofa llegadas desde los dos extremos del nacionalpopulismo, unos desde una suerte de ridículo retorno al medieval “¡Santiago y cierra España!” y otros con la no menos ridícula reclamación de quedarse aislados en su quijotesca Ínsula de Barataria, lo que a estas alturas es ya innegable es que el Gobierno de España declaró el estado de alarma para el conjunto del territorio nacional pero lo hizo ya desde aquel momento poniendo de inmediato al servicio de cada una de las comunidades y ciudades autónomas todo cuanto el propio estado de alarma facilitaba para luchar contra la pandemia del coronavirus. Ni una sola competencia autonómica se ha visto afectada; antes bien, muchas de estas competencias autonómicas se han visto considerablemente reforzadas a través de medidas derivadas de la aplicación del estado de alarma. Son varios los ejemplos reseñables: la posible utilización de los centros sanitarios privados por parte de la sanidad pública, el intercambio de suministros sanitarios de todo tipo entre las diversas comunidades autónomas, incluso la posibilidad de utilizar establecimientos hoteleros privados como centros sanitarios públicos…

Todo esto se viene realizando de forma consensuada y habitual. Tanto es así que el principal líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado, se ha visto obligado a corregir su peligrosa deriva de demagogia opositora a causa de la presión tanto privada como pública de muchos de los dirigentes locales y autonómicos de su propio partido, que han reconocido su satisfacción por la leal colaboración del Gobierno de España con todas las restantes instituciones y administraciones públicas. Lo mismo han hecho los dirigentes del PNV, que a pesar de sus discrepancias iniciales han reconocido asimismo la corrección rigurosa y extrema del respeto estricto a las competencias autonómicas. Como por desgracia viene sucediendo desde hace ya muchos, demasiados años, una vez más la única excepción a este reconocimiento ha llegado de Cataluña, y en concreto del Gobierno de la Generalitat presidido por Quim Torra, a cargo tanto del mismo presidente como de algunos de sus consejeros.

Si alguien se toma la molestia de conocer y analizar cómo han reaccionado los países de nuestro entorno ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, comprobará con facilidad que países como Italia, Francia, Portugal y hasta Bélgica lo han hecho a partir de métodos altamente centralizados, mientras que Alemania ha optado, como corresponde a un Estado federal, por formas de aplicación e implantación territorial no solo descentralizadas sino previamente consensuadas.