Extremadura va a ser uno de los bancos de pruebas en los que la ultraderecha va a comprobar hasta donde puede hacer llegar al Partido Popular en sus concesiones. Vox puso la "prioridad nacional" en el centro del pacto para investir a María Guardiola como presidenta extremeña, pero parece que la verdadera intención de los de Santiago Abascal trasciende las fronteras de la región. Todo apunta a que la aplicación de este principio al "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" es tan solo el primer paso del plan.
La legislación autonómica no permite aplicar muchos de los puntos del pacto PP-Vox en Extremadura. El motivo es que las competencias en muchos de los puntos en los que los ultras quieren aplicar su doctrina discriminatoria -como el mencionado acceso a ayudas o la vivienda protegida- chocan con leyes estatales como la de Extranjería. Esto más allá de las propias discrepancias entre los dos partidos en asuntos como la eliminación de las subvenciones a ONGs que "favorezcan la inmigración ilegal", y de si esto afecta o no a organizaciones de la Iglesia como Cáritas.
Pero esto no es ninguna casualidad. En Vox son totalmente conscientes de ello, como dejó claro este lunes su portavoz nacional, José Antonio Fúster: "En las próximas elecciones generales saldrá un gobierno que hará las modificaciones necesarias en aquellas leyes para cumplir los acuerdos alcanzados con Vox", dijo, pidiéndole al PP "que no moleste" y permita "construir una alternativa, en la que Vox tenga la fuerza suficiente, ojalá una mayoría absoluta, para de verdad cambiar las políticas en España".
Vox se emplaza a que Alberto Núñez Feijóo alcance la presidencia del Gobierno para que elimine los topes a que el principio de "prioridad nacional" sea una realidad en las comunidades autónomas en las que el PP ya han reabierto las puertas a la ultraderecha. En la formación verde ya dejaron claro que lo que se ha pactado en Extremadura es "el suelo" -lo dijo su diputado José María Figaredo- de lo que ocurrirá próximamente en Aragón y Castilla y León, y puede ocurrir tras las elecciones de Andalucía. Pero ninguna autonomía les importa más que el verdadero objetivo: que se eliminen desde La Moncloa los límites a su agenda antimigratoria.
El pacto en Extremadura se basa en lo que ocurrirá en La Moncloa
Pero es que esto ya está contemplado en el propio pacto para Extremadura, que está en sí mismo basado en varios principios que los mismos partidos que lo han firmado son conscientes que, ahora mismo, no se pueden aplicar. Es por ello, por lo que Vox exige al PP que se comprometa ahora, en abril de 2026, a llevar a cabo las reformas necesarias en un futurible en el que Feijóo no solo gana las elecciones generales, a mediados de 2027, sino que puede gobernar el país.
Este compromiso con más de un año de antelación y condicionado a que al PP le den los números, es el único sustento de la "prioridad nacional", por lo que para aplicarla, Vox se emplaza a eliminar los topes de la Ley de Extranjería, el principal impedimento para aplicarla: "Se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior", dice el acuerdo sobre la aplicación del "principio de prioridad nacional" en las ayudas, subvenciones y vivienda.
Algo llamativo es que, en todo el documento, debajo de cada uno de los puntos pactados aparece un plazo para cumplirlo. Sin embargo, debajo del apartado en el que las derechas acuerdan establecer "un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional", y a pedir que se elimine el principal impedimento para hacerlo no aparece ninguna fecha para hacerlo. Cabe destacar que la fórmula "se instará a la modificación" se puede cumplir a través de una proposición no de ley en la Asamblea regional, en la que PP y Vox aprueben pedir al Gobierno de España a que reforme la Ley de Extranjería para que permita llevar a cabo la agenda racista de la ultraderecha.
La Ley de Extranjería impide aplicar la "prioridad nacional"
Esta ley del año 2000 es ahora mismo uno de los principales muros de contención para lo que pasará cuando María Guardiola tome posesión y arranque un nuevo Gobierno de PP y Vox. La Ley de Extranjería frena la "prioridad nacional" de Vox, tanto en ayudas como en vivienda. Por un lado, la norma establece que los inmigrantes deben poder acceder "al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles". En el caso de la vivienda se aplica lo mismo: la nacionalidad no puede ser discriminatoria para acceder a las ayudas en esta materia. En Vox se agarran a que las comunidades autónomas pueden fijar "baremos", "criterios" o "requisitos" para decidir en la concesión de algunos de estos recursos públicos.
