La “prioridad nacional” que Vox ha impuesto al PP en Extremadura llega al Congreso

Vox extrapolará su cruzada a anti inmigración al Congreso de los Diputados esta misma semana. Tan sólo unos días después de firmar el acuerdo de Gobierno con el Partido Popular de María Guardiola en Extremadura, los ultraderechistas defenderán ante el Pleno una moción consecuencia de una interpelación dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a través de la cual exigen al Gobierno la derogación tanto del decreto de regularización de migrantes como el que refuerza la universalidad de la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal. El paquete incluye, además, la repatriación de aquellos en situación irregular y la implantación de la calificada como “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, servicios públicos y vivienda.

La iniciativa ultraderecha no llega de vacío, sino que su contenido encaja prácticamente a la perfección con el pacto autonómico sellado con los populares de María Guardiola. La presidenta extremeña ha asumido la agenda ultra con un pacto que ella misma rechazaba hace unos meses y que tanto la oposición como las fuerzas progresistas a nivel estatal censuran por sus profundos tintes racistas. Es allí donde Vox inocula, con permiso del Partido Popular, la llamada “prioridad nacional” para prestaciones públicas que, a la postre, comporta el cierre de la compuerta de los servicios públicos estructurales a inmigrantes irregulares. De esta manera, sitúan la inmigración como eje político del nuevo ejecutivo autonómico.

Lo que ahora busca Vox con la moción en la Cámara Baja es elevar a escala estatal su marco excluyente. La moción recoge la tesis que la portavoz parlamentaria Pepa Millán viene agitando desde hace días: que los españoles deben ser la “prioridad nacional” para sostener el Estado del bienestar. Bajo esa premisa, Vox pide que el Ejecutivo envíe de vuelta a los inmigrantes en situación irregular y que promueva además la “remigración” de extranjeros que, según su redacción, no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional. El lenguaje no es menor: se trata del mismo léxico con el que la ultraderecha europea lleva años intentando normalizar una visión abiertamente xenófoba de la política social.

Del Congreso a Extremadura

El texto que Vox defenderá en el Pleno reproduce casi punto por punto el esquema ya pactado con el PP en Extremadura. Allí, el acuerdo habla de restringir ayudas y subvenciones con el criterio del “arraigo real, duradero y verificable”, de excluir a inmigrantes irregulares de determinadas prestaciones estructurales y de reforzar una lógica de preferencia nacional en el reparto de recursos públicos. Incluso medios que han analizado el documento advierten de que esa filosofía puede acabar perjudicando también a ciudadanos españoles sin arraigo acreditado en la región.

La traslación de ese marco al ámbito estatal tendría un impacto aún mayor. Vox quiere que esa “prioridad nacional” se aplique al acceso a ayudas sociales, programas de vivienda, bonificaciones fiscales y servicios públicos. En sanidad, su planteamiento pasa por restringir la atención a inmigrantes sin papeles a supuestos de urgencia vital o emergencia. Para lograrlo, pide tumbar el Real Decreto 180/2026, aprobado en marzo, que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos para extranjeros sin residencia legal y que, según el Gobierno, busca homogeneizar y hacer efectivo ese acceso en todo el país.

La ofensiva también apunta contra la regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo la pasada semana. Vox la presenta como una regularización “masiva” y exige su derogación, al igual que reclama acabar con la asistencia jurídica gratuita en procedimientos de expulsión. Es decir, no solo pretende cerrar la puerta a quienes intentan salir de la irregularidad administrativa, sino dificultar también sus garantías de defensa frente a una orden de expulsión.

Sanidad, vivienda y expulsiones

La iniciativa parlamentaria confirma además que Vox no se conforma con marcar perfil desde las autonomías. Después de imponer en Extremadura medidas contra la acogida de menores migrantes, recortes a ONG y limitaciones en derechos sociales, ahora busca obligar al resto de partidos a retratarse en el Congreso sobre una agenda de endurecimiento migratorio sin disimulo. En el fondo, la jugada también sirve para presionar al PP nacional, que ya ha demostrado en Extremadura hasta dónde está dispuesto a ceder para gobernar.

El contraste con el decreto sanitario aprobado en marzo es nítido. Esa norma eliminó trabas previas, unificó criterios entre comunidades y reforzó el acceso efectivo a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal, sin exigir un mínimo de antigüedad. Vox quiere ahora revertir ese avance y volver a una lógica de exclusión que convierte la atención sanitaria en un privilegio condicionado por el estatus administrativo.