El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha mostrado muy contrariado por la auditoria interna que se desarrolla en la cartera que lideró en plena crisis de la Covid-19 y que se encuentra señalada por el caso Koldo. El actual titular del ramo, Óscar Puente, ha anunciado que seguirá investigando para esclarecer lo que allí sucedió con las compras millonarias de mascarillas; proceder que Ábalos considera una “investigación paralela” a la judicial que atenta “contra los derechos fundamentales” y que podría llevarle a romper la disciplina de voto que ya no le es exigible.
Desde que fuera expulsado del partido, Ábalos ha continuado replicando las decisiones del PSOE en las votaciones parlamentarias, pero esto podría concluir. Durante ese periodo de tiempo, medio año, el exsecretario de Organización de los socialistas asegura haberse comportado con “muchísima caballerosidad”, sin cuestionar las decisiones asumidas por su antiguo partido y pulsando el mismo botón que los que fueran sus compañeros en su escaño del Congreso de los Diputados, ahora ubicado en el Grupo Mixto. Sin embargo, lo emitido por la auditoria ha cambiado el tablero y las dificultosas mayorías parlamentarias dan a Ábalos un espacio de protesta.
"Desde ahora votaré en conciencia, ya no seré seguidista del PSOE”, ha declarado el diputado independiente a El Español. El tema con el que amenaza, además, es el que más conflictos está generando entre el Gobierno de coalición y sus socios habituales, habiendo emanado voces díscolas en el seno de los del puño y la rosa. “Lo de Cataluña lo pensaré”, ha confesado Ábalos. Los números se cogen con pinzas y la variación del sentido de un voto podría ser determinante en algunas votaciones clave.
La financiación singular se acerca a la fecha del examen con dudas. El Gobierno suma 146 escaños que, con el apoyo previsible de Esquerra Republicana (ERC) -parte del pacto- y de las dos formaciones vascas (PNV y EH Bildu), ascienden hasta los 164. La mayoría se sitúa en los 176 escaños y la oposición agrupa 172 votos negativos asegurados. Los cuatro de Podemos y el del BNG, que podrían exigir contraprestación a cambio de su apoyo, y la imprevisible posición de los de Carles Puigdemont, dolidos por le pacto que ha convertido a Salvador Illa en presidente de la Generalitat, pueden sumar importancia a la decisión de Ábalos.
Auditoría del caso Koldo
La auditoría interna que encargó el Ministerio de Transportes ha revelado una orden ministerial firmada por Ábalos el 20 de marzo de 2020 en la primera compra a la empresa Soluciones de Gestión -principal investigada de la trama- donde se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en un periodo de "tan solo 38 minutos". "Esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características", recoge la auditoria.
Así, la investigación se ha llevado por delante ya a dos pesos pesado del Ministerio, cuya cesión anunciaba Puente el viernes pasado: el subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel, y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda. No obstante, Ábalos niega la mayor y apunta hacia la encargada de realizar la auditoría. “La Dirección General a la que se encarga la auditoría sea juez y parte. La misma persona que fue responsable en 2020 y 2021 de la ejecución entonces de los contratos es quien ahora en 2024 coordina su investigación interna”, denuncia Ábalos en sus redes sociales.
“Este informe habla de las deficiencias respecto a los funcionarios que reconocen faltas de control cuatro años después, pero no advierte de sus responsabilidades ni de la apertura de expedientes”. Asimismo, critica la propia naturaleza de la auditoría por el uso de una estructura ministerial para abrir una “investigación administrativa interna en paralelo”. “Más que una auditoría parece un Tribunal de Honor o de Excepción”, añade. Así, el exministro evidencia que piensa combatir los procederes del que fuera su partido y zanja su mensaje mostrándose “sorprendido”:
“En esta auditoría se produce una especie de intrusismo administrativo en la fiscalización del Tribunal de Cuentas y llama la atención que incurran en funciones propias de dicho Tribunal sin tener las competencias para ello ya que valora de facto los contratos que ya han sido fiscalizados previamente por el mismo, hace una nueva inspección y valoración de lo ya sentenciado, y enmienda el informe del Tribunal de Cuentas que es el máximo órgano competente en la fiscalización de las cuentas del sector público, el cual no había visto ninguna irregularidad ni formal ni contractual”.
