El Pleno del Tribunal Constitucional ha concluido este miércoles que determinados aspectos del decreto por el que se declaró el primer estado de alarma frente a la pandemia de coronavirus son inconstitucionales.
La resolución ha salido adelante por una ajustada mayoría de seis votos contra cinco. De este modo, los seis jueces conservadores han declarado inconstitucional el decreto y sus prórrogas, que mantuvieron confinados en sus domicilios a los españoles a partir del 14 de marzo de 2020.
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pedro González-Trevijano ha sido el ponente del recurso que en su día fue interpuesto por el partido de extrema derecha Vox.
Estos son los seis magistrados del Constitucional que han declarado inconstitucional el confinamiento: el ponente de la propuesta Pedro González Trevijano, Alfredo Montoya, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez, Antonio Narváez y Encarnación Roca.
Conviene resaltar los vínculos de muchos magistrados con el Partido Popular y FAES, la fundación liderada por José María Aznar.
Pedro González-Trevijano
Catedrático de Universidad. Ex Rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Nombrado magistrado en el TC en junio del 2013 a propuesta Gobierno de Mariano Rajoy. Ha colaborado con la Fundación FAES.
Trevijano era el encargado de dirigir la URJC en el momento en que se produjeron los escándalos sobre los cursos de máster relacionados con el Instituto de Derecho Público y cuyos protagonistas fueron Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.
El propio Trevijano organizó, durante el tiempo que estuvo al frente de la Universidad, actos junto a José María Aznar o el polémico cardenal Antonio Cañizares y que sirvieron en más de una ocasión para atizar al anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
En 2014 Trevijano fue investigado, aunque nunca fue procesado, por "contrataciones ilegales", durante su etapa como rector.
Alfredo Montoya
Catedrático de Universidad Complutense de Madrid. Nombrado magistrado en el TC en marzo del 2017 a propuesta del Senado (GPP) bajo el patrocinio del Grupo Parlamentario Popular (GPP). Ha colaborado con la Fundación FAES.
Un Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy le concedió la “Medalla de oro al merito en el trabajo”.
El profesor Montoya ha sido durante años un asiduo colaborador de, al menos, 4 cursos organizados y financiados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).
Santiago Martínez Vares
Magistrado Tribunal Supremo. Nombrado magistrado en el TC en junio del 2013 a propuesta del CGPJ bajo el patrocinio de la Asociación Profesional de la Magistratura de la que fue su Presidente. Ha colaborado con la Fundación FAES.
Es un juez conservador de la vieja escuela tanto que así lo certificaron sus colegas cuando fue elegido presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura entre 1997 y 2001.
En 2009 rechazó un recurso de ERC por la injerencia de la religión en educación infantil, avalando la enseñanza de religión católica en el segundo ciclo de Educación Infantil. Martínez-Vares mantiene la tesis del mismísimo Rouco Varela según la cual la religión católica debe ser "de oferta obligatoria para los centros, y de carácter voluntario para los alumnos" y de que la Constitución garantiza "en positivo" las libertades ideológica y religiosa.
Ricardo Enríquez
Magistrado Tribunal Supremo (2014 y 2017). Nombrado en marzo del 2013 y en marzo del 2017 a propuesta del Senado bajo el patrocinio del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
Antonio Narváez
Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Nombrado en julio del 2014 a propuesta del Gobierno de Rajoy. Sustituyó a Enrique López que dimitió tras ser detenido por conducir ebrio. Ha colaborado con la Fundación FAES.
Según cuentan el propio Narváez supo que había sido elegido apenas una hora antes de su nombramiento y gracias a una llamada directa de Rajoy que vino a presentárselo como una decisión ya tomada.
Encarnación Roca
Magistrada del Tribunal Supremo. Nombrada magistrada en el TC en julio del 2012 a propuesta del Congreso con el respaldo de Convergencia i Unió (CiU).
Aunque en un principio se la consideraba integrante del denominado bloque progresista, fuentes judiciales no ocultan que desde al menos 2017 mantiene unas posiciones cada día, hora y minuto, más cercanas al grupo conservador.
