No se recordaba una crisis migratoria en Canarias de tal calibre desde la crisis de los cayucos en 2006. Con fecha del 15 de noviembre, el último informe facilitado por el Ministerio del Interior recogía que han llegado al archipiélago 16.760 migrantes en patera, un 1.019,6% más que en el mismo período del año pasado. Las cifras son tan demoledoras que solo las Islas Canarias han acogido a más personas llegadas de forma irregular que el resto de España.

El debate se ha recrudecido en las últimas fechas, con la administración regional haciendo malabares para dar cobijo a más de 2.000 personas actualmente hacinadas en el muelle de Arguineguín sin que se respeten sus derechos vitales, como denuncian los periodistas presentes. De hecho, el propio presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ha tenido que desmentir al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que éste dijera que las llegadas a la zona 0 del conflicto se habían reducido y que ningún migrante pasaba más de 72 horas sin respuesta.

Precisamente ante el cumplimiento de ese plazo de tres días, máximo permitido por ley, en torno a 200 migrantes fueron recogidos en autobuses gratuitos este martes y dejados en libertad frente a las puertas de la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, los 200 migrantes soltados a su suerte han sido reconducidos a hoteles habilitados por el Gobierno canario para darles asilo y asistencia. Pero el debate está servido. Con las autoridades competentes negando la autoría de la operación, y los vecinos congregados dando comida y víveres a los migrantes, Marlaska asegura que se abrirá una investigación para que se tomen las responsabilidades oportunas. Entre tanto, el Gobierno de Canarias ya pide que otras comunidades acojan a los migrantes y asuman las consecuencias de los problemas migratorios de forma conjunta.

Este mismo miércoles 300 migrantes han sido recogidos del muelle de Arguineguín para ser trasladados a la base militar de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria. Una medida positiva pero insuficiente, a juicio de Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, que sentencia que la situación está “totalmente desbordada” y que no entiende cómo un “gobierno que se hace llamar progresista” puede tolerar esto. Y es que, pese a los esfuerzos para la recolocación de migrantes, miles de personas permanecen en el puerto durmiendo al raso sin más protección que las carpas habilitadas por las administraciones insulares, ONGs y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una situación crítica que se plasma en los informes realizados por algunas organizaciones presentes en el muelle grancanario. Human Rights Watch asegura que “no respetan la dignidad de esas personas ni sus derechos básicos", poniendo el foco en que las condiciones del puerto son completamente inadecuadas: entre otras cosas, la organización internacional denuncia que las tiendas de campaña no tienen suelo, ni camas ni colchones.

Situación límite que ha llegado al Congreso de los Diputados. Grande-Marlaska ha tenido que capear las ímprobas peticiones de dimisión que le llegaban de diferentes bancadas. Visiblemente tranquilo, y recordando pormenores de la política migratoria del PP, el dirigente ha asegurado que no va a dimitir y que el Gobierno ha incrementado el intercambio de información con otros países africanos y está realizando “un trabajo complejo”.

Explicaciones que no han convencido a la oposición. "Su política migratoria ha pasado de ir a recibir con seis ministros al 'Aquarius' en Valencia a tener que ir a Canarias a esconder los inmigrantes para que no se les viera", ha declarado la popular Ana Vázquez. “Marlaska debe dimitir por su nefasta gestión de la crisis migratoria y humanitaria en Canarias. Pediremos la reprobación del Ministro en el Congreso. El Gobierno tiene que afrontar la realidad y luchar contra las mafias, en lugar de dar tantas lecciones de progresismo teórico”, ha tuiteado Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos. "¿Somos España y Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista o resucitar el MPAIAC para que este Gobierno le haga caso?", ha sentenciado Ana Oramas.

Incluso entre socios ha habido momentos de tensión después de que Podemos Canarias pidiera la dimisión de Marlaska: “El Estado hace dejación de sus funciones al abandonar a estas personas a su suerte y traslada la responsabilidad a la sociedad canaria, a la entidades locales, insulares y regionales y al tercer sector”, ha reprochado Laura Fuentes, Coordinadora General Autonómica. El bombazo ha sido de tal calibre que Unidas Podemos ha tenido que salir al paso y desmarcarse de la petición de su filial​: “Entre socios no se pide la dimisión de nadie”, ha desautorizado Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso.