Los malos tragos de Ana Garrido, la técnica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) que contribuyó a destapar el caso Gürtel, no acabaron con la sentencia que dio por probado el acoso laboral al que le sometió el Consistorio. Insultos y amenazas son el peaje a pagar por su actuación, pero algunos molestan más que otros. Como los que le ha dedicado el hijo del que fuera regidor de la localidad, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla e imputado en el caso Gürtel.

 

En una conversación en la red social Twitter, el hijo de Panero, Arturo González Villa, le dedicó calificativos como “loca” y “chalada”, además de acusarla de estar colocada a dedo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, adonde accedió tras aprobar dos oposiciones.

“Loca”, “chalada”
“Veo que hablas igual de bien informada que siempre. Esfúmate, no molestes y no me aburras, loca”, fue uno de los tuits que escribió Arturo González Junior. “Curioso, de cómo estabas ascendida a dedo no hablas. Ahora déjame en paz, chalada. Tengo cosas que hacer. Tú no sé”, fue otro de los mensajes, que después borró ante la avalancha de menciones que recibió en apoyo de Garrido.

Tuits borrados de Arturo González Villa contra Ana Garrido.



Denuncia ante la Guardia Civil
Sin embargo, Garrido tuvo tiempo de hacer capturas de pantalla de los mensajes ofensivos, con los que hoy ha acudido a la Guardia Civil en Villaviciosa de Odón para interponer una denuncia contra Arturo González Villa, tal y como ha podido comprobar este medio.

Epicentro Gürtel
Los problemas laborales de Ana Garrido empezaron en 2007, cuando no tragó con las prácticas del equipo municipal del exalcalde Arturo González Panero, padre de quien ahora le insulta en Internet, en el epicentro de la trama Gürtel de corrupción que ha acabado salpicando a todo el PP. Testigo de la Fiscalía en el caso, entonces empezó su viacrucis laboral.

 

Acoso laboral
En febrero de este año, la Justicia, en una sentencia que aún no es firme, reconoció que había sufrido “acoso laboral” por parte del equipo de gobierno, quien se había dedicado a “hostigar y menospreciar a la trabajadora”. Por ello, condenó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a extinguir el contrato laboral con una indemnización de 81.437 euros más otros 14.887 “por daño moral”.