No hace ni cuatro meses, el bloque progresista desbloqueaba uno de los principales pilares legislativos de la legislatura: la Ley de Vivienda. Después de una compleja negociación, PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu daban luz verde a un texto que se presentó como un “nuevo derecho real”. Sin embargo, a punto de alcanzar el ecuador del mes de agosto y con todas las vías abiertas para cerrar los acuerdos de la Mesa del Congreso, ERC calienta el proceso advirtiendo con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el propio articulado al que ellos mismos dieron viabilidad. Lo hacen desde la Generalitat, con arreglo a un dictamen del Consell de Garantíes Estatutàries presentado por Junts y que, a su juicio, atenta contra el autogobierno de Cataluña.

El destino quiso que el 14 de abril de este 2023, efeméride de la instauración de la Segunda República en España, el Gobierno de coalición y sus satélites parlamentarios desbloqueasen la estancada Ley de Vivienda. Ocurrió en la recta final de la legislatura, antes de las municipales y autonómicas que condujeron a un adelanto electoral que tiene a España en vilo en los días previos a la sesión constitutiva de las Cortes. En pleno maremágnum de negociaciones, con el PSOE insuflando aire a todas las vías posibles para retener la Presidencia de la Cámara Baja, desde Cataluña, Esquerra Republicana (ERC), airea ahora un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la normativa que aprobaron cuatro meses antes.

ERC y Junts, de la mano

Los republicanos se amparan en un dictamen del Consell de Garantíes Estatutàries de la Generalitat de Catalunya, que contó con dos votos particulares de sus miembros. La presidenta del Parlament, Ana Erra, convocó el pleno para el 1 de septiembre, después de que Junts tomara la determinación de interponer un recurso de inconstitucionalidad. De hechos, fueron los postconvergentes los que apelaron al Consell a pronunciarse. El organismo lo hizo y estimó que la Ley por el derecho a la vivienda atenta gravemente contra la competencia exclusiva del Ejecutivo catalán. Es decir, contra el autogobierno.

La formación que tutela desde Waterloo Carles Puigdemont se opuso desde el principio a la normativa que regula la vivienda. No así Esquerra, que fue uno de los principales impulsores. Por ello, llama la atención el giro total de los republicanos, máxime en un contexto de negociación con el Partido Socialista para la Mesa del Congreso de los Diputados y, en segundo término, de una potencial investidura de Pedro Sánchez. Si el PSOE quiere gobernar la Cámara Baja por segunda legislatura consecutiva, deberá allanar el camino para que el órgano de control del Parlamento albergue, al menos, a algún miembro independentista.

Los republicanos no se bajan de la burra de defensa a ultranza del “autogobierno de Cataluña”, pese a que este giro ponga en cuestión sus posicionamientos previos. En este sentido, desde ERC argumentan que su apoyo a la Ley de Vivienda permitió “avances sociales fundamentales” en esta parcela, como el tope a los precios del alquiler o buscar un sistema que frenara la especulación, así como “otros abusos que inciden sobre la ciudadanía”. Sin embargo, subrayan que, a pesar de toda la retahíla de beneficios del articulado, se dejaron al descubierto algunos “aspectos competenciales” que pudieron ser “blindados” durante la confección del texto y, por supuesto, en tramitación parlamentaria.

“El Consell detalla que en algunos artículos de la ley afectan al autogobierno de Cataluña, especialmente en materia de urbanismo o autonomía financiera y gasto”, esgrimen desde la fuerza republicana. Precisamente este motivo empuja a ERC y Junts a aunar esfuerzos para justificar el recurso de anticonstitucionalidad que previsiblemente validará el Parlament el primero de septiembre. Blindaje del autogobierno catalán, peros in renunciar a los “avances cosechados en materia habitacional”.

En concreto, desde Esquerra plantean la impugnación de los artículos 2, 15, 27, 28 y 29, así como la disposición séptima de una Ley que ellos mismos desbloquearon. En cambio, sus socios de la derecha catalana abogan por un cambio más ambicioso y sustancial. Al menos a sus ojos, con la retirada de los apartados 16, 17 y 18 junto con las disposiciones transitorias primera y segunda. Desde el entorno republicano, por tanto, concluyen que ERC apuesta por su “compromiso en todos aquellos frentes” que comporten una defensa de la autonomía catalana, tanto en el marco del autogobierno como en “todas aquellas leyes y medidas que impriman progreso y mejoras en el día a día de los catalanes y catalanas”.

La batalla por la Mesa

El viraje republicano hacia Junts en este sentido choca frontalmente con el escenario actual, marcado por las negociaciones de todos los grupos parlamentarios para confeccionar la Mesa del Congreso de los Diputados. Con todo, y a pesar de la amenaza de recurrir al Constitucional el texto de Vivienda, desde Ferraz evitan cualquier confrontación con sus potenciales socios. De hecho, mantienen la prudencia como principal puntal de una estrategia que busca el debilitamiento de un Feijóo que continúa sumido en el sueño imposible de articular una alternativa al sanchismo.

Voces autorizadas del PSOE comentan a ElPlural.com que tienen puesto el foco en el próximo 17 de agosto. Ni más ni menos. “Primera parada, día 17”, resuelven desde la Ejecutiva Federal, a modo de muestra del control que tienen sobre la situación. Y es que la Presidencia del Congreso de los Diputados es un puntal clave para la gestión de la legislatura, así como el manejo de los tiempos para las leyes. Todo está abierto y no hay nada cerrado, escondiendo toda negociación al ojo mediático para evitar el desastre. Los bloques trabajan sin destajo, pues el resultado que emane de la sesión constitutiva se leerá como el preludio de la futura investidura.

Precisamente por ello, la presencia de independentistas en la Mesa, compuesta por nueve miembros, se antoja crucial para el PSOE. Los de Sánchez tienen todas las papeletas para teñir de rojo la Presidencia, una vez más, mientras controla todos los frentes abiertos sin perder de vista el objetivo de obtener cinco puestos frente al bloque de la derecha.

El Partido Popular, con Núñez Feijóo a los mandos, no está dispuesto a regalar la Presidencia de la Cámara y presentará, independientemente de los apoyos, una candidatura alternativa al PSOE. Las intenciones de los conservadores pasan por obtener la “máxima visibilidad” en la institución tras una agridulce victoria en las urnas el pasado 23J, sabedores de que las cuentas no salen para articular una mayoría suficiente que conduzca hasta el Palacio de la Moncloa.

En cualquier caso, los tiras y afloja para la Mesa del Congreso servirán como prólogo de lo que suceda inmediatamente después, que no es sino las negociaciones para una futura investidura. Será la primera miga de pan en el camino a un nuevo Gobierno, con Pedro Sánchez como favorito a repetir como jefe del Ejecutivo ante el aislamiento de un Alberto Núñez Feijóo que abrasa su calculadora. Los números no le salen a los conservadores, pero insisten en la búsqueda de un milagro que volteé la situación. Por ello, se espera que en la Mesa se cuelen emisarios de grupos independentistas, lo cual implicará un triunfo parcial para los socialistas en la carrera de fondo hacia la Moncloa.

Por su parte, los socialistas, según apuntan desde sectores monclovitas, tienen como prioridad retener bajo su mando la Presidencia del Congreso, sabedores de la importancia que imprime en el calendario legislativo. El control de sus órganos vitales concede al Gobierno de turno un blindaje frente a las trabas de la oposición. No obstante, para ello, es necesario el apoyo de los grupos independentistas.