Los vecinos de la promoción de VPO Pino Montano Renta, de iniciativa privada, llevan meses batallando por un precio justo. La mayoría de vecinos viven en la urbanización desde hace una década, en régimen de alquiler con opción a compra. Pero la empresa promotora les imponía ahora un precio de compra muy por encima del valor del mercado.

Los vecinos han venido pagando durante diez años un alquiler del que un 50% se usaba para adelantar el pago de la futura hipoteca. El precio final de venta se estipularía, según cuentan los vecinos, en una horquilla de 90 mil o 110 mil euros, en función de los metros de cada piso. Sin embargo, llegado el momento de compra, el precio que se oferta a los residentes fue, en algunos casos, de más de 200 mil euros: como mínimo un 10% más caro que otras viviendas mejor acondicionadas del barrio.

La promotora se acogía al precio máximo por metro cuadrado, estipulado en el contrato y validado por la Junta de Andalucía, que visó la operación. “Pero ellos siempre dijeron que ese era solo un precio de referencia que no se usaría, que era una cuestión de seguridad fiscal o administrativa… nos engañaron”, cuenta a ElPlural.com una de las vecinas afectadas, que prefiere no dar su nombre.

Los residentes denunciaban sentirse “atrapados” y víctimas de un “chantaje legal”, ya que el precio máximo venía estipulado en el contrato, pero “verbalmente, siempre nos dijeron que no se aplicaría un precio tan alto por unas casas de VPO”. Los vecinos no entienden como los requisitos que cumplieron hace diez años al recibir la VPO son ignorados ahora. “Si pedimos una VPO es porque no podíamos pagar el 20% de un crédito hipotecario, hoy tampoco podemos hacerlo con el mercado inflado”, dice una de las afectadas.

Ellos siempre dijeron que ese era solo un precio de referencia que no se usaría, que era una cuestión de seguridad fiscal o administrativa… nos engañaron"

Los vecinos han pedido ayuda a Emvisesa, la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla y a la Consejería de Fomento. La Junta permitió que se ampliará el plazo de ejecución de la compra, que concluía en julio, pero, finalmente,  ha sido la empresa la que ha dado muestras de flexibilidad dando su brazo a torcer, a pesar de no estar “obligados por Ley".

La empresa, que maneja nuevas promociones de VPO en otras ciudades, ha accedido a la presión ciudadana. Primero prescindió de la subida de precio del 20% de IPC que estipuló, luego aplicó un 5% de descuento del valor de compra máximo y, finalmente, mientras se escriben estas líneas, los vecinos revelan a ElPlural.com que acaban de recibir la notificación que más anhelaban: tendrán un descuento del 31%, lo que sí se ajusta a los precios que tenían en mente los arrendatarios y a la lógica del mercado de VPO… “se demuestra que esta empresa antepone los intereses de las familias a los criterios empresariales en un asunto tan sensible e importante como es la vivienda protegida”, reza el comunicado de la empresa remitida a las familias. Final feliz.

¿Solo en manos de la buena voluntad?

Muchos de los vecinos de Pino Montano Renta se habían instalado con la idea de vivir y formar una familia. De hecho, muchos niños y niñas han nacido en la última década en la urbanización. Las familias habrían quedado indefensas de no haber sido por el buen gesto de la promotora, calculando por encima, la empresa ha perdido la oportunidad de embolsarse en torno a unos 20 mil euros de beneficios por cada vivienda. Pero, con este gesto, también ha evitado la mala publicidad de haber cobrado unas VPO por encima del valor de mercado libre.

Ni la promotora ni la Junta de Andalucía han aclarado detalles sobre unas negociaciones que, finalmente, llegan a buen puerto para los vecinos. Pero más allá de esta noticia positiva, cabe preguntarse por las reglas del juego en la vivienda protegida.

La preocupación por la vivienda vuelve a ser un valor al alza este verano. Es un fenómeno recurrente desde que en 2008 el acceso a la vivienda se instaló como uno de los principales desvelos que reflejan las encuestas del CIS. Hoy pasa por ser, con un 13,3%, la sexta preocupación de los españoles, plaza que no ocupaba desde hace 12 años.

Legislación insuficiente

La nueva Ley de Vivienda (Ley 12/2023) del gobierno de coalición cuenta con más aportaciones que han escapado del foco mediático y el debate político, como son la definición de los grandes tenedores y zonas tensionadas, los desahucios o la okupación.

La Ley pretendía impulsar la vivienda pública evitando ventas a fondos de inversión, calificando la vivienda protegida por un periodo de, al menos, 30 años, y un porcentaje mínimo del 50% del suelo destinado a vivienda en alquiler, entre otros aspectos. La Ley señala a la coordinación con comunidades autónomas y municipios para contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.

Sin embargo, Andalucía se posiciona para frenar la Ley del Derecho a la Vivienda con un recurso de inconstitucionalidad. La decisión cuenta con la aprobación del Consejo Consultivo y los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que afirman que la norma del Ejecutivo invade competencias exclusivas del Estatuto de Autonomía de Andalucía en materia de vivienda.

Andalucía eleva un recurso de inconstitucionalidad para 16 artículos y cuatro disposiciones de la Ley Estatal de Vivienda, dado que el Estado no puede legislar sobre vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, gran tenedor o sobre el parque público. La Junta señala, de hecho, al ámbito de la vivienda protegida, ya que la Ley estatal recoge asuntos ya regulados por la administración autonómica, como son la duración de la calificación o los requisitos para ser adjudicatario de VPO.

Una regulación que, sin embargo y a pesar de existir y ser exigida y reclamada por la Junta de Andalucía como propia y exclusiva, ha estado ausente para los vecinos de Pino Montano Renta, a merced de la incongruencia del mercado libre en la vivienda protegida.