El expresidente del Partido Popular de Castellón, Carlos Fabra.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó hoy por unanimidad devolver al juez del juzgado de instrucción número 1 de Nules, Jacobo Pin, el llamado caso Fabra para que “con absoluta libertad de criterio” dicte un nuevo auto de apertura de juicio oral y pueda incluir el cohecho entre los delitos por los que se juzgará al expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, que con anterioridad también había sido también imputado por tráfico de influencias y fraude fiscal.
Con su decisión, el Supremo respalda los recursos que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana presentaron contra el auto de la Audiencia Provincial de Castelló que el pasado mayo descartó el delito de cohecho tras un recurso que presentó Fabra. La apelación del también presidente de la sociedad pública del aeropuerto de Castelló provocó que la Audiencia Provincial anulara parcialmente el auto de apertura de juicio oral, ordenándole al juez Pin que eliminara la acusación de cohecho por considerarlo “un exceso”.
El juez denunció presiones
La decisión de la Audiencia motivó que el juez Pin pidiera el amparo del Consejo General del Poder Judicial al considerar que la Audiencia Provincial lo estaba presionando para que archivara la causa. Cuando ahora hace un año el juez de Nules acordó la apertura del juicio oral, le impuso a Carlos Fabra una fianza de 4’2 millones con los que hacer frente a los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública, pero el expresidente del PP provincial recurrió su imputación de cohecho.
Tras la decisión de hoy del Tribunal Supremo, será el Consejo General del Poder Judicial quien se pronuncie sobre si la Audiencia Provincial presionó a Jacobo Pin, el último de los nueve jueces de Nules que instruye el caso, que ha contado también con la participación de cuatro fiscales.
Las querellas de un amigo
El Juzgado número 1 de Nules concluyó a principios de 2012 la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios. Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.
Fraude fiscal de casi millón y medio
Según esa resolución, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación. La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.
Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según ese auto, que señala además que las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.
La Generalitat no se atreve a destituirlo
Pese a las imputaciones, la Generalitat Valenciana mantiene a Carlos Fabra como presidente de Aerocas, la sociedad pública que gestiona el aeropuerto sin aviones de Castelló. Un cargo del que el presidente del Consell, Alberto Fabra, no se ha atrevido a destituirlo, incumpliando así sus proclamas de que no puede haber imputados con cargos directivos en la Administración autonómica.
