Francisco Igea, líder de Ciudadanos en Castilla y León y vicepresidente de la comunidad tras conceder sus votos al Partido Popular, encendió las alarmas pidiendo abiertamente que se repensaran los pactos regionales de su partido. Una especie de trueque de poder el ofertado por el dirigente, con el fin de que Pedro Sánchez recapacitase y no se lanzara a la aventura de la coalición con Unidas Podemos.
El aparato tardó 24 horas en desestimar la propuesta de su propio cabeza de cartel, alegando que en ningún momento se iniciaría este cambio de cromos puesto sobre la mesa. Sin embargo, el oficialismo está herido y las voces críticas empiezan a levantarse a favor de esta opción, dando un portazo a la gestión realizada estos meses por Albert Rivera y su sector más cercano.
Fuentes del partido informan a ElPlural.com de que nada está descartado. Los estatutos marcan unos tiempos y las decisiones deberán ser aprobadas por consenso en los próximos meses. Con la formación viviendo un proceso interno en el que todos los barones apuntan a Inés Arrimadas como futura presidenta de la formación, los críticos, silenciados hasta el momento, prefieren no mostrar su preferencia hasta que la nueva Ejecutiva decida quiénes serán los encargados de renovar el partido.
Dentro de la hoja de ruta que se empieza a solicitar por los desencantados se hace especial mención a repensar la estrategia a lo largo y ancho de España. Los resultados de las elecciones del 26 de mayo permitieron a la formación aumentar su implantación territorial. Una situación privilegiada en buena parte del mapa que se desaprovechó sirviendo, sistemáticamente, de muleta del Partido Popular aunque eso obligase a asumir las exigencias de la extrema derecha.
El vendaval de las elecciones obliga a la estructura a movilizarse. Realizar un lavado de imagen que devuelva la marca al centrismo, el talante democrático y el espíritu dialógico de la Transición que tiempo atrás reivindicaban como propio. Independientemente de quién sea la cara visible de la realización de un viraje abrupto, llega la hora de depurar responsabilidades y marcar un destino que se aleje de la praxis del momento presente: los pactos con la extrema derecha deben finalizar, Ciudadanos tiene la tarea de presentarse como alternativa al bipartidismo, y la regeneración democrática, externa e interna, debe ser el pivote sobre el que orbite el nuevo pensamiento naranja.
El pacto en Andalucía se defendió como una victoria sin paliativos. 40 años de poder socialista eran demasiados para una administración, y el cambio de aires se presentó como inevitable -aunque eso supusiese dar la mano a escondidas al Juez Serrano y blanquear a un partido ultra que los ha sobrepasado-. A tenor de las decisiones adoptadas en las últimas fechas, el sector crítico pide volver a la mesa de negociación y, sin vetos, debatir abiertamente si el rumbo adoptado y los socios son la mejor opción para la estructura.
Madrid y Castilla y León, en cambio, suscitaron un enfrentamiento enraizado desde el principio. Acabar con la estructura popular era necesario. Los casos de corrupción afloraban en la región y, hasta el momento, han obligado a los naranjas a realizar ímprobos esfuerzos para no levantar las alfombras. En Castilla y León el propio Igea pidió que desde Madrid no se impusiese un pacto con el PP. El resto es historia.
