El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, continúa con la investigación y ha solicitado a la Agencia Tributaria que antes de diez días le aporte información fiscal sobre ocho empresas que hicieron pagos a Aizoon, la inmobiliaria y consultora propiedad de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, para contrastar las alegaciones de la defensa del duque que niega delitos respecto a la tributación de esos cobros. La providencia cita a las empresas Altadis, Pernod Picard, Mixta África, Lagardere Ressources, Havas Sports, Seelinger y Conde, Aceros Bergara y Motorpress Ibérica para constatar si dichos pagadores han practicado retenciones en los pagos a Urdangarin, si debieron hacerlo y por cuánto.

El PSOE señala al vicealcalde de Valencia
Por otro lado, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, personado en el caso Nóos, ha pedido al juez Castro la imputación del vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias. Los socialistas creen que "existen indicios" en los convenios suscritos entre el Instituto Nóos, la Fundación Turismo Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para la celebración del 'Valencia Summit' encargada a la empresa de Urdangarin durante los años los años 2004, 2005 y 2006. Los socialistas recuerdan la declaración como testigo de Grau ante el juez intentando desvincular al Ayuntamiento de los convenios, pero advierten de que se trata de una "falacia". Y es que el Ayuntamiento "lejos de ser un socio minoritario era la institución que dominaba y controlaba los planes, programas y presupuestos" del Patronato que contrataba luego a Urdangarin.

Fin de "beneficiar" a Urdangarin con dinero público
Durante la instrucción del caso, los testigos coincidieron en señalar que el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia era la persona que llevaba a las reuniones del Patronato la decisión de patrocinar los Valencia Summit, según el escrito. "La responsabilidad de que la Fundación Turismo Valencia firmara los convenios con el Instituto Nóos recae exclusivamente en el Ayuntamiento de Valencia, siendo el señor Grau, por tanto, el responsable de los ilícitos penales que se cometieron con ocasión de la firma, ejecución y desarrollo de estos convenios", apunta el escrito del PSOE, subrayando que el único fin de esos acuerdos fue "beneficiar económicamente con cargo de las arcas públicas valencianas" a Urdangarin. De hecho se hicieron al margen de cualquier procedimiento de control administrativo de los contratos públicos.

Barberá admitió que remitió a Urdangarin a la fundación de Grau
En cuanto a la gestación de esos acuerdos lesivos para las arcas públicas los socialistas recuerdan también la "indiscutible" existencia de una reunión privada entre Urdangarían y su socio Diego Torres con el expresident de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Barberá reconoció que en esa reunión remitió a Urdangarin a CACSA y la Fundación Turismo Valencia "por ser las entidades más adecuadas para firmar estos convenios", según recuerda el PSPV, que añade que fue la propia alcaldesa quien transmitió esta proposición a Grau, pese a que éste dijo que la propuesta que recibió la fundación de firmar los convenios con el Instituto Nóos provenía de CACSA. El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha mantenido, en un comunicado, que "Barberá y su equipo no dieron ningún paso para defender los intereses de Valencia ante los fondos que fueron indebidamente pagados a la Fundación de Nóos" y ha anunciado que su próximo paso judicial será reclamar "la devolución de ese dinero".

El vicealcalde apela al "derecho privado"
Para Grau, la petición del grupo socialista para su imputación en el caso Nóos por varios delitos es una "pretensión política" dada su "incapacidad" e "impotencia" para "presentar una alternativa creíble para la ciudad". En un comunicado el popular insiste en que ya ha declarado dos veces como testigo ante Castro y ya le ha dicho la verdad. Así, aunque la Fundación Turismo Valencia a través de la que se suscribieron los convenios dependa del Ayuntamiento y del dinero público, Grau insiste en que la ley les ampara porque es una entidad "de derecho privado, no sometida a la ley de contratos de la Administración pública, y así está probado". La utilización de fundaciones manejadas por el PP y nutridas con dinero público pero ajenas al control de la administración ha sido práctica habitual en la Comunidad Valenciana, ya lo hicieron también con la visita del Papa, investigada por los millonarios contratos a la trama Gürtel.