El levantamiento del secreto de sumario de la operación Púnica ha confirmado la noticia que se conocía este lunes de la relación entre el actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la trama corrupta.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil recogido en el caso confirma que el dirigente del Partido Popular habría incurrido en un delito de “fraude en materia de contratación pública” al haber firmado destinar 32.200 euros al año más IVA (4.600 euros al mes durante ocho meses) de fondos públicos para mejorar presuntamente su reputación e imagen personal de cara a ser elegido candidato del PP a las elecciones de 2015.
Pese a que no llegó a producirse ningún pago, debido a que la trama estalló pocos días antes de comenzar el contrato, el dinero iba a salir de una partida destinada a la formación, dentro del presupuesto de la Consejería de Educación, que por el año 2014 dirigía el actual presidente.
Aunque no se llegara a realizar ningún pago, la Guardia Civil considera que Pedro Antonio Sánchez llegó a firmar pagos futuros, circunstancia suficiente para que se le pueda imputar un delito de fraude en contrato público.
Sánchez lo niega
El presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, también este mismo lunes negaba la mayor, afirmando que bajo su responsabilidad se haya “encargado, contratado o pagado trabajo alguno” a empresas relacionadas con la trama Púnica cuando era consejero de Educación, y ha afirmado que hay tres certificados oficiales que así lo acreditan.
Sánchez sí ha revelado que una de las empresas investigadas se dirigió a su departamento “para ofrecer sus servicios” de forma “persistentemente”, pero que ni él ni nadie de su equipo firmaron ningún contrato.
Además, el informe de la UCO también señala que la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, habría podido cometer delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en sus gestiones con Púnica para conseguir noticias a su favor.
