No se sabe si por una estrategia para defenderse o porque ya las pruebas contra ellos eran tan escandalosas, pero el Partido Popular ha terminado reconociendo al juez Castro que realizó reformas en su sede nacional sin licencia municipal.
Estas reformas en la primera planta de Génova 13, según investiga el juez mallorquín, fueron supuestamente pagadas por la constructora OHL, propiedad de Juan Miguel Villar Mir, como comisión en especie tras la adjudicación en 2006 de la construcción del hospital balear Son Espases, aunque dicho contrato finalmente no se realizó.
Un proceso largo
Desde diciembre, el juez José Castro ha estado investigando los contratos de reforma de la sede nacional del Partido Popular, cuando pidió al Ayuntamiento de Madrid una relación de los expedientes de licencias de obras de ese inmueble entre los años 2000 y 2010.
Estos mismos documentos fueron reclamados ya por el magistrado en octubre al PP para esclarecer si alguna de las reformas llevadas a cabo en la calle Génova fueron financiadas de forma irregular.
¿Todo o solo una planta?
Ha sido ahora cuando el Partido Popular ha remitido la documentación requerida al juez Castro y, a partir de la cual, ha reconocido que realizó obras menores en la primera planta y para las que no solicitó licencia municipal.
Pero a la vez que las investigaciones del juez Castro, la Audiencia Nacional también está investigando la reforma de toda Génova 13 cuando fue adquirida en el 2006 por el PP. Dichas reformas se encargaron al despacho de arquitectura Unifica y con ellas se podría haber defraudado a Hacienda hasta 1,71 millones de euros al haber pagado parte con dinero negro.
Después se realizó otra segunda fase de reformas, pero no bajo el estudio Unifica. El PP, de no haber pedido ninguna licencia de obras para todas las reformas, se podría haber ahorrado decenas de miles de euros en tasas e impuestos. Recordemos que durante las reformas en el Ayuntamiento de Madrid gobernaban los populares.
Origen de la investigación
Según el Diario de Mallorca, que recoge la confesión del Partido Popular, el juez Castro habría aumentado sus sospechas sobre los posibles delitos dentro de las reformas en Génova 13 tras conocer la existencia de una agenda del exconsejero madrileño del PP Francisco Granados, actualmente en prisión por el caso Púnica.
En dicha agenda, en posesión de la Audiencia Nacional y que ha sido reclamada una copia por Castro, aparecerían anotados supuestos pagos por parte de Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y consejero de OHL, al Partido Popular.
El origen primero de dicha investigación se encuentra en la denuncia del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, el pasado julio contra Jaume Matas, Juan Miguel Villar Mir y otras seis personas por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración en torno al concurso para la adjudicación del hospital de Son Espases.
