Mucho se habla al abordar la trama Gürtel de los cargos públicos que se corrompieron y de los mediadores comisionistas que frecuentaban sus despachos, así como de la parte que se llevaba el PP de todo ello. La Fiscalía Anticurrupción pide por ejemplo, y solo por los tejemanejes de los populares en Boadilla del Monte, 40 años y 9 meses para el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, El Albondiguilla o 76 años y 7 meses de cárcel para el líder de la trama, Francisco Correa. Pero se informa mucho menos de los empresarios que hacían fluir el dinero a cambio de adjudicaciones, y en ese sentido el escrito final de la Fiscalía sostiene que la red habría favorecido la contratación de la constructora Sufi, gestionada por Rafael Naranjo con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga, a sociedades relacionadas del constructor Alfonso García-Pozuelo Asins y a UFC, gestionada por José Luis Ulibarri.
Un caso paradigmático de la operativa: UFC y el amaño de una concesión a cambio de comisiones
En el escrito de Anticorrupción, difundido por ELPLURAL, se explica cómo a principios del año 2005 la Gürtel "convino" con Ulibarri la adjudicación a UFC SA de una parcela en Boadilla “por un precio menor del realmente procedente a cambio de que al menos una parte de la diferencia entre ambos precios se entregara en concepto de comisión a algunos de los integrantes de aquella". Para ello, los integrantes de la "sociedad" de los Gúrtel integrada por González Panero, Correa, Tomás Martín Morales, y Pablo Crespo "se aprovecharon de la ascendencia moral y del prestigio de sus cargos y de su relación de amistad con el firmante de los Pliegos de Condiciones Técnicas, Francisco Sánchez Arranz, fallecido el 22.1.2015, convenciéndolo de que los confeccionara de modo que permitieran la adjudicación en la forma pactada primando los criterios subjetivos y otorgando a la oferta económica tan solo un valor del 30%, dando, además, al plazo de ejecución una relevancia fundamental en la valoración de las distintas propuestas sin que, sin embargo, se regulara un régimen sancionador concreto ni un seguimiento de obra". Los pliegos fueron aprobados posteriormente por el Ayuntamiento y "en atención a lo convenido y sabedor de que iba a ser el final adjudicatario de la parcela, José Luis Ulibarri presentó la proposición de UFC SA ofreciendo un precio de 35.028.000 euros, inferior al de mercado, y fijando como plazo de ejecución 12 meses aun cuando era consciente de que no iba a cumplir el mismo".
"En contraprestación al favorecimiento de la adjudicación anteriormente descrita, conforme a lo convenido, en enero de 2006 José Luis Ulibarri destinó al menos 1.000.000 € del precio que evitó pagar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a su distribución entre Francisco Gorrea (800.000 €), Pablo Grespo (90.000 €) y Tomás Martín Morales (110.000 €). Con el fin de ocultar la causa y destinatarios de tal entrega, los referidos acusados, con la colaboración de otros cuya participación se detallará a continuación, convinieron la elaboración de facturas ficticias referidas a servicios inexistentes que ampararan formalmente la trasferencia de los fondos desde el pagador hacia los beneficiarios", insiste el texto.
Y encima UFC se deducía en el IVA la 'mordida'
Las facturas falsas "fueron contabilizadas en UFC SA por su gestor efectivo, el acusado José Luis Ulibarri, quien, con el fin de procurarse un ahorro fiscal indebido, decidió asimismo incorporarlas en las correspondientes declaraciones de IVA de 2006 de la referida sociedad anónima de modo que incrementó la cuota a devolver en los 160.000 € de aquellas facturas obteniendo así indebidamente una devolución por ese importe".
Piden más de siete años de cárcel para el empresario, que sigue vinculado al PP
Así, la Fiscalía reclama para Ulibarri por el asunto del amaño de la parcela un total de siete años y un mes de prisión: por el delito de prevaricación, dos años; por el delito de tráfico de influencias, 11 meses; por el delito contra la Hacienda Pública, dos años y dos meses; por el delito continuado de falsedad en documento mercantil, otros dos años. Además le reclaman 4,2 millones de euros de multa.
A pesar de sus problemas con la Justicia al estar imputado tanto en la trama Gürtel como en la Púnica, Ulibarri mantiene su ascendencia sobre el PP, en parte gracias a sus medios de comunicación. El grupo mediático de este constructor es muy fuerte en Castilla y León:
