El verdugo de Garzón
Otra de las sorpresas este año fue la de ver entre los invitados a Ignacio Peláez, el abogado de Ulibarri que le defiende en sus múltiples problemas judiciales. Peláez se ha ganado a pulso un lugar en el guateque de su cliente después de haber conseguido expulsar a Baltasar Garzón de la carrera judicial por las conversaciones que grabó en la cárcel entre el letrado y Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, en la que Ulibarri está imputado. Las sospechas de Garzón sobre el empresario eran tales que, en un auto, llegó a ponerle de “ejemplo” de “la forma de actuar” de la red corrupta.
Ignacio Peláez, abogado de Ulibarri, en el centro, con corbata amarrilla. A la derecha, el presidente de la Audiencia de León. DIARIO DE LEÓN
Imputación ratificada
La eliminación de Garzón bien se merecía una celebración como la del pasado fin de semana. Sin embargo, tan solo unos días después se sabía que la Audiencia Nacional mantenía a Ulibarri la imputación de un delito contra la Hacienda Pública. Peláez había recurrido esta acusación por creer que se basaba en las grabaciones anuladas de Garzón. Pero en el juzgado le han dicho que “están más que al tanto” de que no pueden usar esas cintas y que tienen más indicios del presunto delito.
595.000 burlados
¿Y en qué consiste esta acusación, que se suma a las de cohecho y blanqueo de capitales? Ulibarri compró una finca en El Escorial a una empresa Correa y su número dos, Pablo Crespo. Lo hizo a través de UFC, una empresa fantasma que fingía tener trabajadores. De esta manera, fingiendo que era un negocio entre empresas con actividad, en lugar de promoción inmobiliaria, presuntamente eludieron pagar a Hacienda 595.000 euros.
Políticos para arroparle
Pese a estas acusaciones tan graves, Ulibarri ha conseguido en su baño de masas a buena parte de los gestores públicos de la provincia. Allí estaba el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y buena parte de su gobierno. Por parte del PP también estuvo la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, famosa por sus polémicos 12 sueldos; la presidenta de las Cortes, Josefa García, el alcalde leonés, Emilio Gutiérrez, así como el delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz. Tampoco faltó el dirigente socialista Óscar López, en calidad de líder del PSOE en Castilla y León, y el secretario general del PSOE en León, Celestino Rodríguez.
Adriana Ulibarri Fernández, Isabel Carrasco, Antolín de Cela, Juan Vicente Herrrera, José Luis Ulibarri, Milagros Marcos, Miguel Manovel, Santiago Sarmiento, Antonio Silván, Ramiro Ruiz, Josefa García, Emilio Gutiérrez, Pablo R. Lago y Óscar López. DIARIO DE LEÓN
Más adjudicaciones
Es entendible la estrecha relación de Ulibarri con los políticos de la zona, dado que su imperio se nutre de adjudicaciones públicas: televisiones, servicios de limpieza, transportes, obras públicas… Por ejemplo, el mismo día que se celebraba el evento, el Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo alcalde, el popular Carlos López Riesco, estaba en la cena, prorrogaba por tercera vez la concesión de los autobuses públicos de la ciudad a una empresa del magnate. Podía haber convocado un concurso público para ver si alguna otra compañía ofrecía un servicio que no le costase un millón de euros al año, como sucede ahora. Pero, optó por prolongar el chollo a Ulibarri.
Compañía de la judicatura
Con todos estos precedentes, lo que ya se explica menos es la relación del magnate con miembros de la judicatura. En la cena estaba Jacinto Fernández, el fiscal jefe de Ponferrada al que se le encargó que investigara al alcalde Riesco y a Ulibarri por presuntas corruptelas. Al acto también acudió el Procurador de lo Común (defensor del Pueblo en CyL), Javier Amoedo y el presidente de la Audiencia Provincial de León, el magistrado Manuel García Prada, que además de sentarse junto al abogado Peláez, estuvo entre el jurado que otorgó el premio.
