El pasado 29 de diciembre, justo antes de que acabase el año, el Consejo de Ministros aprobó recortar a la mitad el gasto público de todos los ministerios, que estaba aprobado con los presupuestos del año pasado. Sin embargo, esa medida fue ocultada en la referencia de la reunión que se hizo público.

En el texto, sólo se señalaba que “persigue garantizar el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal y financiera, para asegurar que en el escenario de prórroga presupuestaria se cumpla con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017, en coherencia con el Plan Presupuestario del Reino de España del 16 de octubre de 2017 remitido a la Unión Europea”.

Según ha informado la Cadena SER, el Consejo de Ministros acordó "desde el 1 de enero de 2018 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2018, los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social así como del resto de entidades con presupuesto limitativo, no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8 de los correspondientes presupuestos".

De la quema se salva la pírrica subida de las pensiones del 0,25% que el Gobierno tiene que aprobar por ley, pero que aleja a los pensionistas cada vez más de las subidas de los precios y hunde su poder adquisitivo.

La razón de este tijeretazo está en la incapacidad del Gobierno de Mariano Rajoy para llegar a un acuerdo parlamentario que le permita aprobar unos nuevos presupuestos y que le obligan a prorrogar los de 2017. El pacto con el PNV se truncó en octubre por la reacción del Ejecutivo frente al desafío soberanista y, en la actualidad, Ciudadanos ha condicionado cualquier pacto a que el PP expulse a su senadora por Murcia, Pilar Barreiro, imputada en la Púnica. Una reclamación que los populares califican de “frívola”.

Con el objetivo de no salirse del procedimiento de déficit excesivo que impone la Unión Europea, no sólo se produce un fuerte recorte, sino que Cristóbal Montoro tendrá el control de los presupuestos de sus compañeros del Consejo de Ministros. Cualquier gasto urgente y de extrema necesidad que quieran aprobar en cualquier otra cartera, tendrá que ser aprobado por él primero. Y los interventores de los otros ministerios tendrán que informar a Haciendo de todos los gastos que se realicen.

Una situación que ha provocado el enfado de los demás ministros: “¡Así cualquier hace un presupuesto!”. En Hacienda, en cambio, no entienden el malestar: “Todo el gabinete sabe que el objetivo es contener el gasto, y más en un año en el que se puede salir del procedimiento del déficit excesivo que la UE impuso a España”.

El cabreo también ha llegado a la oposición y el PSOE ha exigido la comparecencia de Cristóbal Montoro, al entender que el recorte se ha hecho con opacidad y de manera indiscriminada en inversiones y ayudas a empresas públicas, pero también a las comunidades y ayuntamientos que ya llevan varios años cargando con los recortes de Hacienda para pagar el pato del déficit.