El PSOE ha conseguido el apoyo de CiU, mientras PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD han expresado, a través de sus portavoces, su oposición a la reforma que, en su opinión, supone un recorte de las pensiones y los derechos de los trabajadores, y no garantiza la sostenibilidad de la Seguridad Social.
Las condiciones de la nueva norma
La norma, que entrará en vigor en 2013, fija que para jubilarse a los 67 habrá que tener una cotización de 37 años, mientras que mantiene que los trabajadores puedan retirarse a los 65 si han cotizado 38 años y 6 meses. Además, eleva de forma progresiva los años que se tendrán en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, que pasan de los 15 actuales a 25. La nueva reforma, la sexta del sistema de pensiones y octava de la Seguridad Social, contempla que para poder acceder a la jubilación anticipada a partir de los 63 años habrá que contar con 33 años cotizados, aunque para situaciones de crisis la edad se rebaja a los 61, mientras que se mantiene los años de cotización, según EFE.
Gómez niega que suponga un recorte
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha negado que la norma suponga "ningún recorte" y ha garantizado que las prestaciones serán más altas en 2027, cuando entre plenamente en vigor estos aspectos, que a día de hoy. De acuerdo con sus cálculos, más adelante, a partir de 2040 ó 2050, las pensiones seguramente se "triplicarán e incluso más", pese a que habrá 18 millones de pensionistas, según recoge Europa Press.
Un plazo de 125 años para los cambios
Gómez ha recordado que estos aspectos de la norma vienen avalados tanto por los agentes sociales, a los que ha agradecido su "valentía", como por el propio Parlamento, a través del Pacto de Toledo, y contemplan un plazo de 125 años, entre el 1 de enero de 2013 y 2027 para introducir progresivamente los cambios.
Descarta que el PP de marcha atrás a la norma
Gómez ha descartado que el PP de marcha atrás a las medidas como el retraso de la edad de jubilación si gana las próximas elecciones generales. "Son reformas que vienen para quedarse porque consolidarán el sistema", ha afirmado, asegurando que los cambios que comprometan el sistema "contarán con una fuerte respuesta social".
Las mejoras
El ministro ha subrayado que gracias a las enmiendas introducidas por las Cortes, se eleva la pensión de viudedad, se reconoce un periodo de cinco años de cotización a las madres que hayan interrumpido su carrera laboral por el cuidado de los hijos y se fija un calendario para la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
Autónomos
También se permite a los autónomos compatibilizar su pensión con un empelo, que los periodos de becas de formación computen como cotizados o que las personas discapacitadas podrán jubilarse de forma anticipada con 25 años cotizados.
En caso de ERE
Se incorpora, además, una disposición que obliga a las empresas que hayan tenido beneficios en los dos últimos años a realizar expedientes de regulación de empleo (ERE) a partir del pasado 27 de abril que afecten a trabajadores mayores de 50 años a efectuar una "aportación económica equivalente" al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo, lo que Gómez ha calificado de una "demanda histórica".
Las condiciones de la nueva norma
La norma, que entrará en vigor en 2013, fija que para jubilarse a los 67 habrá que tener una cotización de 37 años, mientras que mantiene que los trabajadores puedan retirarse a los 65 si han cotizado 38 años y 6 meses. Además, eleva de forma progresiva los años que se tendrán en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, que pasan de los 15 actuales a 25. La nueva reforma, la sexta del sistema de pensiones y octava de la Seguridad Social, contempla que para poder acceder a la jubilación anticipada a partir de los 63 años habrá que contar con 33 años cotizados, aunque para situaciones de crisis la edad se rebaja a los 61, mientras que se mantiene los años de cotización, según EFE.
Gómez niega que suponga un recorte
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha negado que la norma suponga "ningún recorte" y ha garantizado que las prestaciones serán más altas en 2027, cuando entre plenamente en vigor estos aspectos, que a día de hoy. De acuerdo con sus cálculos, más adelante, a partir de 2040 ó 2050, las pensiones seguramente se "triplicarán e incluso más", pese a que habrá 18 millones de pensionistas, según recoge Europa Press.
Un plazo de 125 años para los cambios
Gómez ha recordado que estos aspectos de la norma vienen avalados tanto por los agentes sociales, a los que ha agradecido su "valentía", como por el propio Parlamento, a través del Pacto de Toledo, y contemplan un plazo de 125 años, entre el 1 de enero de 2013 y 2027 para introducir progresivamente los cambios.
Descarta que el PP de marcha atrás a la norma
Gómez ha descartado que el PP de marcha atrás a las medidas como el retraso de la edad de jubilación si gana las próximas elecciones generales. "Son reformas que vienen para quedarse porque consolidarán el sistema", ha afirmado, asegurando que los cambios que comprometan el sistema "contarán con una fuerte respuesta social".
Las mejoras
El ministro ha subrayado que gracias a las enmiendas introducidas por las Cortes, se eleva la pensión de viudedad, se reconoce un periodo de cinco años de cotización a las madres que hayan interrumpido su carrera laboral por el cuidado de los hijos y se fija un calendario para la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
Autónomos
También se permite a los autónomos compatibilizar su pensión con un empelo, que los periodos de becas de formación computen como cotizados o que las personas discapacitadas podrán jubilarse de forma anticipada con 25 años cotizados.
En caso de ERE
Se incorpora, además, una disposición que obliga a las empresas que hayan tenido beneficios en los dos últimos años a realizar expedientes de regulación de empleo (ERE) a partir del pasado 27 de abril que afecten a trabajadores mayores de 50 años a efectuar una "aportación económica equivalente" al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo, lo que Gómez ha calificado de una "demanda histórica".
