El pasado marzo, colegios, institutos y universidades cerraron sus puertas por la propagación del coronavirus. Ahora, cinco meses más tarde, reabren los centros educativos. Sin embargo, y desde la nueva oleada de contagios, muchas voces se han alzado defendiendo retrasar la vuelta al cole de manera presencial, abogando por un modelo mixto, como el que pretende desempeñar Murcia y la Comunidad de Madrid.  

“Lo más probable es que si abrimos colegios con clases presenciales a primeros de septiembre, tengamos que cerrar 15 días después”, recoge El Español de un influyente consejero autonómico. Y añade que “sería más prudente empezar con clases online y abrir los colegios a partir del 15 de octubre, cuando haya habido margen para que las nuevas restricciones a la movilidad den resultado”.

Por ello, las comunidades autónomas y los Ministerios de Sanidad y Educación se reunirán esta semana para elaborar un plan común ante este problema. El martes 25, Alejandro Tina, secretario de Educación, hablará con los viceconsejeros autonómicos para tratar el tema. Y el jueves 27, se citarán Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, e Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, con los consejeros.

Una de las alternativas que propone la Educación es el retraso del inicio del curso, que en la mayoría de las comunidades autónomas se iban a dar entre el 4 y el 10 de septiembre. En el caso de La Rioja, han decidido hacerlo hasta el 15 de septiembre para poder garantizar la seguridad de la vuelta al cole. Disponer de más tiempo supondría conocer mejor la evolución que presenta el coronavirus de manera descontrolada. De hecho, Alemania ha cerrado sus colegios tan solo cinco días después de reabrirlos por el aumento de casos.

Sin embargo, en el acuerdo pactado del pasado junio, el Ministerio contuvo que en septiembre se iniciarían las clases.

Madrid y Murcia presentan su plan este martes, en él propondrán un modelo mixto: Infantil y Primaria acudirán presencialmente al colegio, y Secundaria y Bachillerato combinarán su asistencia con formación digital. Por otro lado, Canarias informará del retraso de sus clases hasta que cada centro confeccione su plan Covid-19 y se nombre a un responsable, y el resto de regiones optarán por la presencialidad, pero con pies de plomo por si surge un nuevo aumento de casos.

La situación es complicada y tensa. Por eso, se baraja la opción de comenzar el nuevo curso académico en octubre, para poder adaptar las aulas a esta “nueva normalidad”. El fin es que, en barrios donde se pronuncia más el virus (Carabanchel, Villaverde o Puente de Vallecas en Madrid) y pueblos confinados (Villamalea, en Cuenca, es un ejemplo), los niños no tengan que volver a sus casas poco después de comenzar el curso.

A esta idea, se le une la semipresencialidad para los mayores de 14 años, aunque la gran mayoría de las comunidades ya tienen sus planes.

Sin duda, ni padres ni profesores tienen nada claro. Ni el uso de mascarillas, donde las comunidades como Cantabria y Murcia, han comunicado que serán obligatorias para los mayores de seis años. La Rioja ha optado porque sea de carácter obligatorio a partir de la ESO. Y Extremadura solo en Bachillerato y FP. El resto de regiones se lo replantean.

Padres temerosos

Muchos padres temen esta situación de incertidumbre, por ello, han propuesto una iniciativa en Change.org, así como en el grupo Vuelta segura y voluntaria, en Facebook. En el escrito, piden que la asistencia de los niños en el colegio sea voluntaria. En pocos días, han recogido 12.000 firmas.

Ainhoa es madre de dos hijos que estudian en el mismo colegio. Ella quiere que cada padre pueda elegir libremente si llevar a su hijo de manera presencial o no. “Es muy sencillo, el que pueda permitirse trabajar en casa y tener a sus niños allí que opte por la educación online; el que no tenga más remedio, que los lleve. Así bajamos el ratio y aumentamos la distancia en clase”, explica a El Español. Y añade que “a mí no me importaría que se retrasase el curso si es para que existiera mayor seguridad para nuestros niños. Es mejor perder un año de educación que una vida”. Ainhoa pide un protocolo seguro y que deje decidir libremente a los padres qué hacer con sus hijos.

Por otro lado, está Irene, madre de un niño de 14 años con autismo, que también aboga por la libre elección. Ella se niega a llevar a su hijo al colegio. “Vivimos con mi padre de 70 años que tiene diabetes – además de otras patologías –. No quiero arriesgarme a que le pase algo a él o a mi hijo. El inicio de curso, tal y como está planteado, es una bomba de relojería”, explica al medio El Español.

Su idea es retrasar el calendario del curso para garantizar una seguridad adecuada. Esto es, una vacuna.

Profesores en huelga

Otro colectivo que se está haciendo eco, son los profesores, quienes están pidiendo una apertura con más seguridad. De hecho, muchos apoyarán la huelga convocada en Madrid para el inicio del curso. “No puede ser que nos pidan que no salgamos de casa y al mismo tiempo vayan a meter a 25 niños en una clase, juntos y sin mascarilla. Lo que pedimos es que exista un plan para volver como lo hay en los varias, en el ocio”, recoge El Periódico según declaraciones de Sandra, afiliada a Comisiones Obreras. Por ello, el martes presentarán un plan por parte de la Comunidad de Madrid para que la vuelta al cole sea segura, “porque, actualmente, no lo están”, sentencia.

“Si al mes de abrir los colegios van a estar cerrados y nosotros vamos a estar confinados y con los hospitales colapsados… Más vale prevenir que curar”, añade mientras opta por una educación más digital.

Por otro lado, José Luis Carretero, portavoz del grupo de docentes vulnerables, también opta por un retraso en las aulas, puesto que “hay muchos profesores que tienen problemas de salud. Por eso, queremos que se bajen los ratios y que, a los que tenemos algún problema, no nos den una excedencia, sino que nos den un puesto de trabajo sin peligro, o que teletrabajemos…”, explica al medio mencionado. Y añade que “queremos volver a las aulas, pero no así. No tiene sentido volver en estas condiciones”.

A este escenario, se le añade la complicación para hacer efectiva la “Ley Celaá” en el Congreso de los Diputados. El próximo 2 de septiembre, se cierra el plazo de presentación de reformas por parte de los grupos parlamentarios de la nueva ley que quiere implantar el Gobierno y que quiere que esté a final de año, después de que la Cámara tumbara las recomendaciones de PP, CS y Vox que pendían la devolución de la ley.

Ante esto, PP y Cs han pedido que se frene esta tramitación, puesto que la situación es bastante inoportuna, en la que no se sabe si se va a poder reabrir los colegios de forma segura.

“Sería tremendamente irresponsable que el Gobierno pudiese activar o dar continuidad a la reforma cuando no es capaz de presentar un plan de vuelta a las aulas con seguridad”, recoge La Razón de fuentes del PP.

Reactivación económica

El Partido Popular cree que “la prioridad del Gobierno debería ser elaborar dicho plan”. Por ello, ha solicitado una petición de comparecencia urgente para que explique en el Congreso las medidas y planes para esta nueva apertura de colegios. Según recoge La Razón según declaraciones de la nueva portavoz del PP, Cuca Gamarra: “La vuelta a las aulas es la preocupación actual de los españoles y constituye la piedra angular del sistema” porque “no afecta solo a la educación, sino también a la conciliación que garantiza la reactivación económica”.

Horas después, el Ministerio de Educación publicaba que Isabel Celaá había pedido personarse en el Congreso después de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

Marta Martín, portavoz de educación de Cs, también ha solicitado que se retracten de su reforma. Aunque ya lo propusieron el pasado mes de abril. Ahora, la única alternativa que hay para frenar esta ley, es que la Mesa del Congreso amplíe el plazo de presentación de las enmiendas. "Es paradójico que sean capaces de proponer una ley, pero no de poner en marcha un plan de coordinación; la situación es kafkiana. Se debería aplazar la reforma educativa hasta que esta crisis se solucione", recoge La Razón de la portavoz.

A esta propuesta, también se le añaden algunos sindicatos. Nicolás Fernández, presidente de ANPE, considera que “ahora estamos en una situación de emergencia sanitaria excepcional y lo primero es garantizar el derecho a la educación. Si el curso pasado ya tuvo muchos déficit con la enseñanza online, vamos a perder dos cursos si le añadimos esto”.

"La reforma educativa antes de la pandemia ya nos parecía poco negociada y sin posibilidad de pacto, no era buena idea su tramitación. Ahora se han visto mucho más los problemas que, en tiempo ordinario se pueden tapar a la sociedad, pero que ahora han quedado irremediablemente al descubierto", recoge La Razón del portavoz de la Csif, Mario Gutiérrez.