El sector autonómico del sindicato CIG ha advertido que su asesoría legal ya está estudiando la interposición de una denuncia judicial contra la Xunta de Galicia, para erradicar el abuso en la utilización de las comisiones de servicio en los departamentos del gobierno gallego. Esta actuación, según ha valorado el sindicato, cuenta con el consentimiento de la Dirección General de la Función Pública, responsable de la ejecución de la política de personal de la Administración gallega.

La Central sindical ha detectado que existe personal que lleva más de ocho años en comisiones de servicio. En algunos casos no han cambiado de puesto, cuando el plazo máximo legal de ocupación de una plaza en comisión es de dos años, mientras que en otros se han producido intercambios de puestos “para saltarse las normas”.

Han destacado, que la semana pasada, se ha conocido la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo tres de A Coruña que ha anulado el nombramiento de más de 150 comisiones de servicio en el Ayuntamiento de la ciudad Herculina, a raíz de una denuncia presentada por la CIG. Al mismo tiempo que han señalado que con esa misma base jurídica, están estudiando llevar a los juzgados a la Xunta “para ponerle coto a esta infracción promovida por los distintos departamentos del gobierno de Feijóo y consentida por la Dirección General de Función Pública”.

El abuso de las comisiones de servicio en la administración autonómica es tal, han añadido, que, por ejemplo, tan solo en el 2018 se han producido 290 renovaciones con fecha inicial de 2016, de las que la mayoría están ya sobrepasando los dos años máximos legales. Asimismo, con fecha de inicio de 2015 se han renovado 65; 63 que se han iniciado en 2014 y 13 en el 2013. Mientras que en los años anteriores se han renovado 2 iniciadas en el año 2012 y 7 en los dos ejercicios anteriores, 3 que se corresponden con el 2011 y 4 con el 2010.

CIG estima que hay 350 comisiones ilegales en tiempo y forma

En consecuencia, han estimado que existen 350 comisiones “ilegales en tiempo y forma”, lo que han calificado de “auténtico escándalo”. Sin embargo, la secretaria nacional de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos, ha advertido que este cálculo “es la punta del icerberg”, ya que la administración no facilita información a los sindicatos sobre estos nombramientos. “Sabemos que son muchísimas más por el cruce, normalmente en la misma unidad, de comisiones que hacen que exista personal que no podemos computar, pero que lleva más de 2 años ocupando la misma plaza, aunque oficialmente figure trabajando en otro lado, lo que supone un gran fraude”, ha aseverado Zeltia.

Además, ha explicado, que el hecho de tener plazas muy antiguas en comisión, evidencia “la ocultación de plazas vacantes en los concursos de traslados”, impidiendo así que las trabajadoras y los trabajadores de la administración puedan solicitar esa plaza cuando concursan. Esta realidad se ve agravada por la falta de concursos de traslados, lo que genera una situación “injusta” que provoca que el personal tenga la comisión “como única alternativa para acercase al domicilio, para una mayor conciliación o incluso para una mejora retributiva”.

En este sentido Burgos, ha recordado que ya han pasado más de tres años desde el anterior concurso de traslados de los cuerpos generales de la administración autonómica. Esto es, más de 6 años para el personal laboral, y un número variablemente elevado para las escalas y cuerpos especiales. Para terminar, desde CIG-Autonómica han insistido en la necesidad de convocar estos procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo, ofertando todas las vacantes, como mejor sistema para hacer una limpieza en las comisiones de servicio.