Cospedal vuelve por sus fueros, y después de treinta días de descanso en las playas mediterráneas saca de su particular “chistera” de las acusaciones sin pruebas un nuevo caso que señala al expresidente socialista, José María Barreda, como autor y responsable de una supuesta destrucción de archivos informáticos que contendrían información “delicada” y “comprometida” para el PSOE, según avanzó en primera instancia el diario de Intereconomía La Gaceta. Y mientras tanto, los farmacéuticos sin cobrar, retraso en el pago de algunas nóminas y recortes sociales a las viudas, pensionistas y dependientes, señalan los socialistas.

“Hubo borrado de información”
La presidenta de Castilla-La Mancha ha aprovechado la presencia de los medios nacionales en el parador de Toledo, donde se ha reunido este lunes la Junta Directiva del PP, para anunciar que llevará ante la Justicia la destrucción de estos documentos informáticos. Cospedal ha asegurado tener “un informe del pasado 22 de julio que demuestra que hubo borrado de información”.

“Los fantasmas de Marbella”
Por su parte, los socialistas no dan crédito a las declaraciones de Cospedal. “No sabemos que tendrán las aguas y el sol de Marbella, pero cada vez que Cospedal veranea allí se inventa algo nuevo”, añaden, “primero creyó ver al Estado, a los fiscales y a la policía investigar a los líderes del PP, y ahora fabrica un nuevo caso para despistar a los castellano-manchegos, preocupados por sus prolongadas ausencias y su falta de capacidad para gobernar”, señalan a ELPLURAL.COM fuentes de la Ejecutiva socialista.

¿Está detrás la extrema derecha mediática?
Para el PSOE, y así lo ha hecho saber a través de un comunicado público, existe “la connivencia entre la extrema derecha, Carmen Riolobos (diputada regional del PP) y el Gobierno de Castilla-La Mancha, para que los primeros puedan atribuirse el acceso a documentación supuestamente "oficial" que no es pública y que tendría que ser custodiada por la administración autonómica”, señalan en clara alusión al periódico que dirige Carlos Dávila, que adelantó las acusaciones de Riolobos, ratificadas el lunes por la propia Cospedal.

Primero fue Bono… ahora toca Barreda
En este sentido, llama la atención las campañas que sistemáticamente lleva a cabo el periódico La Gaceta contra los líderes socialistas de Castilla-La Mancha. Primero fue Bono, a quien dedicaron decenas de portadas, auspiciaron querellas contra él por presunto enriquecimiento ilícito, que fueron archivadas una tras otras por el Supremo, y ahora le toca el turno a José María Barreda. Bono ya denunció a la extrema derecha de estar detrás de “la cacería” contra su persona, e, incluso, llegó a mencionar a Cospedal y a su marido en este acoso que al final no consiguió el derribo.

“Incapacidad, insolvencia y abandono”
Por otra parte, en el mismo comunicado el PSOE castellano-manchego lamenta que “la difusión de esta información obedezca exclusivamente al intento por parte de Cospedal y del PP de desviar la atención respecto de la incapacidad, insolvencia y abandono de sus responsabilidades, que han demostrado un enorme desprecio por de los problemas de Castilla-La Mancha en unos casos y han acrecentando su gravedad cuando han actuado sobre los mismos”.

Cárcel y responsabilidades políticas
Pero el PP todavía llega más lejos. Primero fue la destrucción de documentos, luego los coches blindados de Barreda, más tarde los teléfonos “smartphone” y ahora llegan los archivos informáticos. “¿Qué será lo próximo?”, se preguntan los socialistas. Mientras Riolobos da a conocer el nuevo escándalo que luego quedará en aguas de borrajas, la citada diputada del PP menciona el artículo 413 del Código Penal, que recoge penas de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación para cargo público, que podría aplicarse a los anterior dirigentes socialistas.  La portavoz de Cospedal asegura que su partido “exigirá responsabilidades políticas y otras si las hubiera”, claro.