Viviendas de protección oficial. Viviendas de protección oficial.



“¿Qué pasa por la cabeza de Cospedal?” Se preguntan en el PSOE de Castilla-La Mancha, que no dan crédito a la última ocurrencia de la presidenta de la Comunidad de pretender desahuciar a 200 familias que por la situación económica que atraviesan, fruto de la profunda crisis en la que está inmersa el país, no pueden pagar los alquileres sociales, con derecho a compra, de sus respectivas viviendas de protección oficial, cuya titularidad ostenta el Gobierno que preside la también secretaria general del PP.

“Insulto a la inteligencia”
En este sentido, la secretaria de Organización del PSOE de Ciudad Real, Blanca Fernández, asegura a ELPLURAL.COM que “es un insulto a la inteligencia” que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya anunciado que pondrá 80 viviendas a disposición de desahuciados cuando a la vez ha enviado 200 cartas para desahuciar a familias de viviendas de protección oficial.

“Suena a chiste”
Fernández considera que esta medida “suena a chiste”, y demuestra que “el Gobierno del PP no tiene ni idea de lo que significa la justicia social”. Por eso, la responsable de Organización de los socialistas ciudadrealeños dice que si Cospedal supiera lo que pasa más allá de los muros de su Cigarral toledano, valorado en 2,5 millones de euros, se lo pensaría dos veces antes de enviar esas 200 cartas a familias con problemas sociales y dificultades económicas y sin acceso a planes de empleo.

Las cartas de la ignominia
El caso es que 200 familias de Ciudad Real pueden ser desalojadas de sus casas en los próximos días si los requerimientos que el Gobierno de Cospedal ha enviado (ver documento) amenazándolas con el desahucio se materializan. “El Gobierno de la señora Cospedal”, añade Fernández, “no solo no les ayuda; encima les quiere desahuciar”.

Puede perder su casa por no pagar 150 euros
Cartas de la ignominia que adquieren calificativos innombrables cuando sabemos que algunas de las familias apercibidas de desahucio, con varios hijos menores a su cargo, pueden ser desalojadas porque deben al Gobierno de Cospedal la “friolera” cantidad de 150 euros. Otros “morosos” tienen un deuda contraída con el Ejecutivo castellano-manchego de 220, 250 o 300 euros, cantidades que el PP considera de obligado pago si no quieren perder las casas en las que llevan viviendo desde hace un década en muchos casos.

Los funcionarios no están por la labor

Pero para llevar a cabo los 200 desahucio es ineludible contar con la colaboración “manifiesta” de los trabajadores públicos que tienen que ejecutar los mismos. Funcionarios que no están por la labor, máxime sabiendo que todos los días quince familias de Castilla-La Mancha pierden su vivienda por impagos de hipotecas. Por eso, la portavoz socialista está convencidas de que “serán los propios trabajadores de la administración castellano-manchega los que paren esta injusticia para que ninguna familia más sea echada de su casa por parte del Gobierno de Cospedal”, vaticina.