María Dolores de Cospedal ha sido la última diana del serial de grabaciones del comisario retirado José Manuel Villarejo. Tras conocerse que se reunieron con nocturnidad y alevosía en Génova 13 junto a su marido, Ignacio López del Hierro, Moncloa.com ha desvelado que la pareja le pidió “trabajos puntuales” -con su correspondiente remuneración-. El Partido Popular se desvincula de la reunión, asegura que no tiene las facturas por los encargos y descargan cualquier tipo de responsabilidad sobre ella. Por el momento, ni Pablo Casado ha salido a apoyarla públicamente. Eso sí, aseguran que “hasta ahora” no se desprende “ningún delito ni ningún ilícito”.
La pregunta es: ¿Pueden estas grabaciones alterar el plácido -e inexistente- camino judicial de Cospedal?
A priori, podría estar participando en un delito de revelación de secretos, ya que en las conversaciones se habla de pagos a cambio de información sobre investigaciones en curso contra el PP. Asimismo, podría planear un posible delito de obstrucción a la Justicia, puesto que se escucha a Villarejo asegurar que intentó destruir el "puto" pendrive.
La primera de las posibilidades es que la Fiscalía actuara de oficio. En este caso, al ser diputada, el caso acabaría en el Tribunal Supremo puesto que es aforada.
Otra posibilidad es que fuera citada en calidad de testigo en el juicio oral de la caja B del Partido Popular. Tal y como publicó ElPlural.com, el juez José de la Mata dio vía libre a la Sala Segunda para que inicie el juicio por la caja B del PP.
Si fuera citada como testigo, estaría obligada a decir la verdad. Y si esto ocurre y relata las grabaciones que ya han visto la luz, el juez podría imputarla y, nuevamente, el caso sería juzgado en el Tribunal Supremo.