La regulación del consumo y el comercio del cannabis vuelve a planear sobre el Congreso de los Diputados. Este martes el Pleno de la Cámara Baja debate la toma en consideración de la Proposición de ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), una iniciativa que sufrirá el mismo angosto destino que otras semejantes pese a que tres partidos del arco parlamentario ya se han manifestado a favor de la legalización y han registrado sus respectivas propuestas. Junto al Grupo Republicano, Más País y Unidas Podemos han apostado por erguir a España como una de las principales potencias para el cultivo y la comercialización del cannabis, pero la tibieza del PSOE no ha permitido más que avalar el uso medicinal y la posibilidad de su dispensación en farmacias.

El Grupo Socialista es el que tiene la llave. Entre Unidas Podemos, ERC y Más País, apenas suman 49 escaños (serían 50 de no ser por la ausencia de Alberto Rodríguez, cuyo escaño continúa vacío). Hasta la fecha, los socialistas se han remitido a las conclusiones de la subcomisión del Congreso, que tras meses de trabajo, avaló la regulación únicamente con fines terapéuticos, permitiendo también que pueda ser dispensado en farmacias hospitalarias y comunitarias. Preguntados por si darían un paso más, fuentes parlamentarias del PSOE apuntan que ya se abordó el tema en la subcomisión y “salió lo que salió”.

Más País y Esquerra fueron los dos primeros en registrar sus propuestas, adelantándose al partido morado, que ultimaba la suya. Los tres apuestan por legalizar el cultivo, comercialización y consumo del cannabis, aunque con matices. En esta terna de favorables también se encuentra EH Bildu. De hecho, hace menos de un mes, el 26 de enero, UP, ERC y la izquierda abertzale se unieron para registrar una Proposición no de ley para pedir la regulación del cannabis no psicoactivo o cáñamo -aquel cuyo porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), la droga euforizante, es inferior al 1%- con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los productores y comercializadores.

Luz al mercado negro

La finalidad del articulado impulsado por Esquerra es “proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a controlar, minimizar los riesgos y reducir los daños ocasionados por las actividades relacionadas con el cannabis”, según recoge la ley. En una rueda de prensa ofrecida tras el registro en septiembre del 2021, el diputado y portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, defendió “en este país y en muchos lugares existe un problema obvio de mafias y ocupación de terreno para cultivo ilegal, mercado negro, adicciones… Esta ley pretende regular un mercado negro existente. Regular algo que ya existe y que tarde o temprano se tendrá que tratar”.

Ese mismo día, minutos antes, Íñigo Errejón hizo lo propio y, aunque Rufián celebró que otras formaciones registrasen sus iniciativas, reconoció que lo ideal sería haber trabajado una conjunta. En este sentido, destacó algunas diferencias con respecto a Más País: “El enfoque es para acabar con el mercado ilegal y descontrolado. Normalizar el cannabis terapéutico. No queremos fomentar el consumo, queremos regular el mercado. La ley incluso contempla sanciones para todo lo que salga de la ley”.

Por su parte, Errejón calificó su PL como “la ley más avanzada de Europa para la regulación del cannabis”. “Queremos ser pioneros. Es hora de adelantarnos”, justificó; al tiempo recordó que hay países como Alemania o Portugal que ya están remando en esta dirección. “Hay que romper con la hipocresía. El consumo de cannabis un hecho social y generalizado, y la prohibición no solo no lo elimina, sino que no ayuda a reducirlo. Todo el mundo reconoce que puede acceder sin problema al mercado negro y lo que queremos es regular una situación que ya se da”, añadió.

Errejón expuso tres argumentos que vertebran su propuesta y justifican la necesidad de regular el sector. El primero es por motivos de salud pública, pues “es más seguro el consumo de una sustancia regulada por el Estado que pos el mercado negro”. El segundo es para que afloren los miles de millones que mueven las mafias y “garantizar que se generan empleos regularizados”. Por último, alegó que las mafias mueven ingentes cantidades de dinero que escapan al fisco. Señaló, además, que se crearía un impuesto especial del 35% que implicaría engrasar las arcas públicas con unos 3.000 millones de euros que tendrían “destino finalista”, esto es, que el 60% de lo recaudado se dedique exclusivamente a financiar la Sanidad Pública.

La norma registrada por Unidas Podemos, los últimos en hacerlo, permite la tenencia y consumo, así como su cultivo, distribución y venta. En concreto, los morados abundan en el autocultivo, toda vez que no se excedan los 20 metros cúbicos de plantación en exteriores o una potencia lumínica superior a 1.200 vatios en interior. Asimismo, plantean una cantidad máxima que se pueda almacenar en casa: 3.650 gramos de sumidades floridas de cannabis secas o 1.000 gramos de extracciones de cannabis.

El producto también se podrá adquirir en clubes sociales o dispensadores con licencia, pero imponiendo un tope máximo de compra, fijado en 25 gramos de sumidades floridas de cannabis secas; 12,5 gramos de extracciones de cannabis; o productos elaborados con cannabis con un contenido máximo 2,5 gramos de THC.

En sintonía con Más País, UP también crearía un Impuesto especial para gravar las transacciones de marihuana; y en su caso, variaría en función del nivel de THC. Estos tributos también incidirían en la transición ecológica, dado que si el producto proviene del cultivo interior se incrementaría en cinco puntos el impuesto. Por último, prima el cultivo en provincias con densidad de población baja, reduciendo también en cinco puntos el impuesto.