Hace una semana que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos dio un paso firme hacia la justicia histórica al aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, su debilidad parlamentaria les obliga a buscar apoyos en el resto de grupos para sacar la ley adelante en los primeros seis meses de 2021, plazo que se han autoimpuesto.
Uno de los apoyos que se da por supuesto es el de el Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal, que incluye a Adelante Andalucía, Compromís, Catalunya en Comú, Más Madrid, Més per Mallorca y Geroa Bai.
Sin embargo, los diputados de Izquierda Confederal podrían ser los más exigentes con el Gobierno. Y es que, el anteproyecto de ley se deja muchas de las peticiones que ellos hicieron en su propuesta de Ley de Víctimas del Franquismo presentada en 2017, tumbada por el Gobierno Rajoy y vuelta a presentar en abril de este año.
Sin duda, el punto más crítico de su petición es el de ilegalizar partidos políticos franquistas. Proponen que se consideren "contrarias a la Memoria Democrática del Estado español y a la dignidad de las víctimas las asociaciones, entidades, fundaciones…etc. que conmemoren, justifiquen, exalten, enaltezcan el golpe militar del 1936, el franquismo o a sus dirigentes procediendo a su ilegalización inmediata".
De aprobarse, este punto, Vox podría ser uno de los partidos que se sometan al escrutinio de esta ley. El partido de ultraderecha ha defendido en numerosas ocasiones los gobiernos y el legado del franquismo, algo que se convertiría en delito.
Pero existen más diferencias con la ley que PSOE y UP quieren sacar adelante. La propuesta liderada por Compromís incluye una derogación de la Ley de Amnistía de 1977 para no amparar la impunidad de los crímenes del franquismo. Además, pide considerar esos crímenes como lesa humanidad, por lo que no prescribirían.
Igualmente, piden explicitar la legitimidad del Gobierno republicano y la ilegalidad del Gobierno franquista, algo que no se menciona en la propuesta del Gobierno.
Respecto al Valle de los Caídos, el grupo de la Izquierda Confederal pide exhumar los cuerpos "de oficio", mientras que el anteproyecto del Gobierno recoge exhumaciones "bajo demanda". Además, Compromís pide estudiar si "merece la pena" conservar el conjunto arquitectónico ante "el valor artístico nulo y coste de mantenimiento".