El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que acaba de aprobar el Consejo de ministros supone la decisión firme del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez de facilitar la verdad, la justicia y la reparación que desde hace tantos años reclaman las víctimas del franquismo. Deberá convertirse en Ley en el Congreso de los Diputados y, entonces, veremos con claridad qué partidos apoyan la justicia y cuales se aferran a un pasado cruento.

Las primeras reacciones apuntan hacia el registro de sonoras discrepancias en la derecha y en los medios de comunicación afines.  En una temprana toma de posición, el diario La Razón opina que se trata de un texto que amenaza las libertades y que no encontrará eco en la opinión pública. 

Porque no hay que olvidar que la democracia abrió la puerta a nuevos aires, aunque el franquismo siguió solapado y dando zarpazos a todo aquel que fuera contra “la obra del caudillo”. La oposición cayó como hienas sobre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que propició en 2006 el anteproyecto de la primera Ley de Memoria, ratificada por el Congreso más tade. Son inenarrables las descalificaciones que tuvo que soportar el presidente socialista.

En paralelo, un grupo de representantes de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica presentaron denuncia ante la Audiencia Nacional por desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 1936.

Recayó en el Juzgado número 5 cuyo titular, el juez Baltasar Garzón, abordó la instrucción del caso y logró definir que 114.000 personas habían desaparecido forzadamente durante el régimen y 30.000 bebés que fueron robados a sus madres. Sufrió el ataque de las fuerzas más oscuras de la ultraderecha y el magistrado acabó inhabilitado entre un gran escándalo internacional. Los jueces del Supremo dejaron bien atado que a partir de ese momento ningún tribunal podría investigar penalmente esos casos.

Cuando alcanzó el poder Mariano Rajoy Brey resolvió que no había presupuesto para la memoria histórica. Y lo cumplió. Ni un euro. Las víctimas tuvieron que buscar cómo sufragar las búsquedas de sus seres queridos. Dirigentes del PP, como la valenciana ya fallecida Rita Barberá, obstaculizaron todo lo posible cualquier intento.

La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos fue un hito del Gobierno de Pedro Sánchez a cuya ministra de Justicia, Dolores Delgado, se la vituperó e injurió. No duden que la misma ultraderecha estaba detrás de tales críticas y aún está.

El Anteproyecto establece, entre otras cosas, la anulación de pleno derecho de todos los juicios sumarísimos; que el Estado sufrague e impulse la búsqueda de quienes aun se encuentran en fosas comunes y en cunetas; el papel de las empresas que utilizaron mano de obra esclava; el reconocimiento a los exiliados; la prohibición de aquellos actos y entidades que exaltan el franquismo o la necesaria revisión de los libros escolares para que los niños sepan que aquello fue una dictadura aliada con el fascismo, y que produjo dolor y sufrimiento. Esa enseñanza es imprescindible para que la historia no se repita. Lo que Sánchez y su Gobierno han iniciado, por tanto, es el fin de la impunidad. España recupera la memoria.