El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado a lo largo del fin de semana dar su apoyo y pronunciarse sobre la imputación del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que tendrá que acudir a declarar el próximo 7 de marzo en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones a la interventora general de la institución que preside y con el que ha compartido acto este domingo.

El máximo dirigente popular, que cumple un año en el cargo, ha realizado diferentes actos en las Islas Baleares donde ha centrado su discurso en ataques constantes al Gobierno y ha obviado la imputación de Vicent Marí. Incluso, el gallego ha comido con Marí y ha compartido mesa con él y otros políticos locales, como Toni Costa, portavoz del PP en el Parlament balear, Marga Prohens, diputada y candidata a las elecciones regionales en las Islas Baleares, y Marí Bossó, presidente del PP de Ibiza.

Que haya obviado los problemas judiciales de su candidato al Consell para el próximo 28 de mayo no es nuevo. Feijóo y su equipo ya habían avisado de que no iba a responder preguntas sobre la imputación de su compañero de partido y no se ha mostrado dispuesto a responder las preguntas de los periodistas. Así, a lo largo de su discurso, ha denunciado que existen un "conjunto de leyes sanchistas" que deberán modificar y derogar "simplemente porque están mal hechas, producen efectos secundarios en la sociedad y dividen y fracturan lo que debe estar unido". Asimismo, ha repasado anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha tachado de "eslóganes vacíos de contenido".

De esta forma, y durante el mitin electoral que mantuvo este domingo en Ibiza, Feijóo se refirió a otros altos cargos del PP en Baleares sin mencionar a Marí, aunque aseguró que sus "compañeros" iniciarán tras las elecciones un "cambio" con "honradez". "Os pido el 28 de mayo que votéis por esa España mejor. Que Marga Proens sea la presidenta de esta comunidad autónoma, que Rafa sea el alcalde de la ciudad de Ibiza y que mis compañeros y compañeras inicien un nuevo cambio con pasión, con ilusión y con honradez", indicaba el dirigente popular al terminar su discurso

La vida 'islados'

El caso que se investiga se remonta a junio del 2020, en plena pandemia por la Covid-19, cuando Vicent Marí adjudicó por 250.000 euros un contrato para la grabación de un vídeo de promoción turística de Ibiza titulado “La vida ‘islados’”. El contrato para la filmación y promoción del vídeo se adjudicó por el trámite de emergencia, sin concurso público ni publicidad, a la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L., cuya administradora era una exconcejala del PP en el primero de los tres mandatos en los que Vicent Marí fue alcalde del municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu, el segundo más importante de la isla.

Todavía con Vicent Marí de alcalde, entre 2015 y 2019, la empresa del vídeo turístico facturó un total de 1.240.628,08 euros al ayuntamiento por la gestión, también sin concurso público, de dos espacios culturales del municipio. La situación irregular de los contratos con esta empresa la venía denunciando públicamente desde el año 2018 el grupo municipal del PSIB-PSOE en ese ayuntamiento, donde el PP ha gobernado los últimos cuarenta años “con políticas clientelares y caciquiles”, según denuncian los socialistas.

Alarmas por el contrato del vídeo

Las alarmas por el contrato del vídeo de promoción turística saltaron en el pleno del Consell de Ibiza celebrado en setiembre de 2020, después de que la entonces viceinterventora general de la institución, y actual interventora, emitiera un informe de reparo al pago de la primera factura del vídeo, al considerar que en el proceso de contratación se había “prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la contratación del servicio por lo que procedería declarar la nulidad del procedimiento”.

Entre otras cuestiones concretas, la viceinterventora apuntaba que “la motivación de una situación de emergencia no es sólo de la situación, sino del contrato que pretende celebrarse para paliarla, al menos de su objeto y de la elección del adjudicatario así como del importe adjudicado a cada contratista, aunque no deba ser una justificación de manera exhaustiva dada la situación sí que debe tener el mínimo rigor técnico”.

En ese Pleno del Consell de Ibiza, para responder a las críticas lanzadas por Vicent Torres, portavoz del grupo PSOE y presidente de la institución en la legislatura anterior, el ahora imputado arremetió duramente, no solo contra los socialistas, sino también contra la misma viceinterventora, en su presencia, manifestando que “hay dos tipos de servidores públicos”.

“Una gran mayoría se esfuerza por trabajar, pero por desgracia hay una minoría que no tiene claro ni valora su situación, que cabe calificar de privilegiada, por el hecho de ser un servidor público que en ningún caso ve peligrar sus retribuciones en momentos críticos como estos” y que “desde la tranquilidad de su despacho, sin vivir los problemas de los demás como propios, sin necesidad de rendir cuentas ante los ciudadanos y con un buen sueldo, cuestionan decisiones difíciles hechas en momentos críticos”, afirmó.

Vicent Marí levantó la objeción de la viceinterventora con un nuevo decreto de Presidencia firmado en septiembre de 2020, lo que le permitió pagar a la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L. una primera cantidad de 164.257,50 euros por la elaboración del vídeo. Según los socialistas, los informes para esquivar el reparo de la viceinterventora se elaboraron con presupuestos “falseados”.

A las pocas semanas, la entonces viceinterventora dejó su puesto en el Consell de Ibiza para trasladarse a un ayuntamiento de la provincia de Barcelona, donde estuvo ejerciendo durante un año. Al cabo de ese tiempo, regresó a la institución insular, dónde además acabó concursando y obteniendo su actual plaza de interventora general, no sin antes producirse un extraño retraso en la resolución y la comunicación de los resultados del concurso público, lo que motivó preguntas en el pleno sobre esta cuestión por parte de la oposición socialista.

El PSOE de Ibiza alertó los hechos y de las irregularidades del contrato del vídeo ante la Oficina de Lucha y Prevención contra la Corrupción en las Islas Baleares, el órgano administrativo de control de la actuación pública en esta comunidad. La oficina, al apreciar indicios de delito, trasladó el expediente a la Fiscalía especial anticorrupción de las Islas Baleares.

El verano pasado, la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Ibiza una querella contra Vicent Marí, lo que ha motivado su imputación por parte del juez por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. A la causa se ha sumado, como acusación particular, la propia interventora del Consell, quien denuncia “mobbing, coacciones o lesiones psíquicas”, según explicó su abogado a Diario de Ibiza el pasado 9 de febrero.