Pegasus ha entorpecido la ya de por sí atragantada agenda legislativa del Gobierno de coalición. El espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes y vascos quebró la confianza del PSOE con sus socios parlamentarios y, según avanzó ElPlural.com, se suspendieron todas las reuniones presenciales en las que preveían abordar leyes en fase de enmiendas, entre las que se encuentra la Ley Mordaza. Según ha podido saber este periódico, el deshielo ha comenzado. Este jueves los socialistas y sus aliados se vieron las caras por primera vez en un encuentro en el que avanzaron en la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, que esperan tener lista para trasladarla a la Comisión de Interior antes de julio.

La cita duró unas dos horas y los invitados eran PSOE, Unidas Podemos, PNV, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Junts. Estos últimos, sin embargo, no acudieron. “No por razones políticas ni Pegasus, sino por motivos personales”, aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones.

La última reunión de este grupo de trabajo estaba prevista para el 26 de abril, pero se suspendió porque “Esquerra no quería sentarse” tras trascender Pegasus, según fuentes. Las negociaciones encallaron, pues hubo contactos telefónicos e intercambio de documentos, pero no encuentros presenciales. Tampoco avances significativos.

Los contactos se limitaban a llamadas telefónicas, correos e intercambio de documentos

Las mismas fuentes alegan que el Gobierno insistía en retomar la presencialidad y pisar el acelerador, pero además de la sombra de Pegasus, la agenda parlamentaria “era complicada” dada la comparecencia de Margarita Robles en la comisión de Defensa (4 de mayo); la de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en la comisión de gastos reservados (5 de mayo); y la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la comisión constitucional (11 de mayo). Finalmente, la reunión “se montó sobre la marcha” y se celebró en la tarde de este jueves.

Objetivo: finalizar la ponencia en julio

Para Moncloa la Ley Mordaza tiene prioridad absoluta. No solo porque es uno de los buques insignia de la coalición, sino porque el turbado contexto (inflación, Plan de choque, fondos europeos, guerra de Ucrania…) limita la labor legislativa. “A todo no llegamos y tampoco podemos despachar asuntos vitales de forma tan a la ligera”, razonan fuentes socialistas. En este sentido, Mordaza y Vivienda son los dos articulados a los que el Ejecutivo espera dar salida en este periodo de sesiones y están haciendo de tapón al resto.

La Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente, se encuentra en su fase de ponencia. Las convocatorias se anularon por falta de avances significativos: “Todos los grupos decidimos que era mejor porque no estaba habiendo avances importantes y optamos por cerrar acuerdos al margen y, luego, convocar la ponencia”. Desde entonces, se han aprobado enmiendas parciales a 29 artículos gracias a diversas reuniones bilaterales y a tres bandas entre los socios de la coalición y sus aliados en el hemiciclo. En la de este jueves, el grupo de trabajo acercó posturas en otros cinco artículos más cuya redacción están pendientes de ultimar la redacción.

Aún no hay fecha para una nueva cita de la ponencia, pero Unidas Podemos se ha fijado julio como deadline para que se apruebe el dictamen que, luego, tendría que pasar por la comisión de Interior.

Vía rápida para las devoluciones en caliente

Huelga decir que PSOE y Unidas Podemos requieren de apoyo externo a la coalición para aprobar sus leyes y sus principales socios, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, son exigentes, tal y como demostraron durante las conversaciones y en la votación final de la reforma laboral. Hay varios puntos de fricción que imposibilitan el acuerdo. “Nosotros, si se mantiene tal cual y no se cambia, no daremos nuestro apoyo”, aseguran fuentes parlamentarias de los socios del Gobierno.

Para engrasar la relación y estimular el acuerdo, los partidos están abordando las cuestiones en las que muestran mayor cercanía y/o que están dispuestos a ceder. Sin embargo, hay varios preceptos que atoran las conversaciones. ¿Qué hacen ante esta situación? Según fuentes, han acordado extraer de la reforma de la Ley Mordaza aquellos puntos que puedan incluirse en otras iniciativas y que están obstaculizando el consenso.

Han pactado dejar al margen lo relativo a las devoluciones en caliente porque no consiguen acercar posturas. En esta ocasión, UP y ERC están alineados y es el PSOE el que se desmarca. La solución que han encontrado es aparcar cualquier referencia. Con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana las fuerzas progresistas pretendían eliminar la Disposición adicional décima que recoge un régimen especial para Ceuta y Melilla por el cual “los extranjeros” detectados en la línea fronteriza que tratan de “superar los elementos de contención fronterizo” pueden “ser rechazados” a fin de “impedir su entrada ilegal en España". Según fuentes conocedoras de las negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo verbal para que este asunto se aborde en la Ley de Extranjería o a través de un reglamento especial que atajaría también la “regulación” de los menores extranjeros no acompañados. Por el momento, no han encontrado la fórmula para hacerlo puesto que al emprender reformas sobre leyes orgánicas, para suprimir aunque sean disposiciones generales de las mismas, no vale con citarlas y eliminarlas, sino que es necesario un desarrollo técnico. En ese punto están ahora, buscando el modo.

Lo mismo ha ocurrido con la Proposición de Ley registrada por el Grupo Socialista que reconoce la categoría de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. La PL fue votada aparte en pleno del Congreso el pasado 24 de marzo.

En lo relativo al régimen sancionador a aplicar a los organizadores de manifestaciones comunicadas, otro de los asuntos que generaban discrepancias, sí que ha habido quórum. El bloque de la investidura ya tiene un borrador previo de cómo quedaría. ElPlural.com ha tenido acceso al documento, que estipula que únicamente podrá ser sancionado un convocante si se demuestra que, en efecto, ha sido responsable y ha participado de los actos que se le achacan. Hasta ahora, no era necesario y por el mero hecho de figurar como convocante sería el responsable de todo lo que pudiera ocurrir.