El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se han emplazado a darse una última oportunidad para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Forzados por la dimisión de Carlos Lesmes, han encargado a sus fontaneros de confianza, Félix Bolaños y Esteban González Pons, la ardua tarea de acercar posturas. Pese a la gravedad de una situación que amenaza con sumir al Poder Judicial en el caos, los artífices del bloqueo, el PP, se mantienen en sus trece. Génova sigue supeditando la renovación del CGPJ a la reforma del sistema de elección de vocales, una maniobra cuyo objetivo es mantener la mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces y que ha sido censurada por Europa, que urge a dar prioridad a la renovación del CGPJ. Con todo, el cinismo del PP es tal que el documento que recoge sus condiciones se llama Propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España.

Desde que aterrizara en la cúpula del partido en sustitución de Pablo Casado, Feijóo condicionó las conversaciones sobre el CGPJ a la reforma del sistema de elección para que sean los jueces los que se elijan entre sí, frenando en seco cualquier atisbo de acuerdo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, incluso se comprometió públicamente a que en 24 horas el asunto estaría resuelto si el PP le daba el nombre de sus candidatos. Génova se escudó en que no era cuestión de nombres sino de currículum, ganándose el reproche de Lesmes y Bruselas. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, visitó España para conocer de cerca lo ocurrido y, al aproximarse, le pegó tamaño tirón de orejas al PP que debilitó tanto su postura que desde el partido activaron la maquinaria para librar a Feijóo.

Génova custodia la mayoría conservadora del CGPJ para mantener su influencia

El culpable está claro y el motivo también: Génova custodia la mayoría conservadora del CGPJ para mantener su influencia. A pesar de que, tanto socialistas como populares garantizan que “ahora sí, vamos a negociar en serio”, el PP no ha modificado su postura y mantienen las mismas condiciones, recogidas en un documento al que ha tenido acceso ElPlural.com y que han trasladado al Ejecutivo.

Los de Feijóo justifican que, para ellos, es tan importante renovar el caducado CGPJ como “despolitizar” la Justicia para profundizar en una necesaria “regeneración” e “independencia”. A su entender, el actual modelo que rige la elección de los magistrados que integran el órgano de gobierno de los jueces ha provocado “resultados indeseables”, a saber, “el reparto por cuotas partidistas” y “el deterioro en que el CGPJ está inmerso desde hace varios años” al tener mandato caducado. Es por ello por lo que “rechazamos los planteamientos iniciales del Gobierno, marcados por la búsqueda de una solución acelerada”.

Las bases de la negociación

El PP ha propuesto al PSOE negociar la renovación del CGPJ en las Cortes Generales (Congreso y Senado), mientras, en paralelo, se trabaja en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de elección. En este sentido, se renovaría el CGPJ con el actual, pero una vez constituido, habrá de realizar un informe con una propuesta de reforma que será abordara en una ponencia de la comisión de Justicia del Congreso. El plazo máximo del proceso sería de seis meses y todos los grupos parlamentarios podrían participar. Además, exigen devolver al CGPJ la capacidad de hacer nombramientos aunque esté en funciones, prerrogativa que le retiró el Ejecutivo y que únicamente ha revertido para las designaciones al TC.

El nuevo articulado del PP incluye la regulación de las llamadas “puertas giratorias”, impidiendo que los magistrados elegidos para cargos políticos pudieran reingresar al servicio activo hasta pasados dos años. No podrán ser nombrados vocales del CGPJ aquellos vinculados con la política en los últimos cinco años inmediatamente anteriores, los altos cargos deberán ser nombrados por mayoría de tres quintos y los candidatos a Tribunal Supremo habrán de acreditar 25 años de servicio en activo en la carrera judicial. Además, el PP insta a una profunda reforma de la Fiscalía General del Estado.

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