El Partido Popular ha activado la maquinaria para tratar de evitar que el toque de atención de Europa por el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salpique a Alberto Núñez Feijóo. La pasada semana el comisario de Justicia, Didier Reynders, visitó España para interesarse por la situación de la Justicia, marcada por un CGPJ caducado desde hace casi cuatro años. Reynders urgió a Génova a dar prioridad a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y no supeditarla a una posterior reforma del sistema de elección de vocales. Un tirón de orejas que los populares no se esperaban y que ha debilitado su posición, motivo por el cual se empeñan ahora el salvar a su líder y responsabilizar a Moncloa.
En una entrevista en Onda Cero, el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha querido librar a Feijóo justificando que lleva cinco meses al frente del partido y el bloqueo colea desde hace más de tres años. “Ha hecho todos los esfuerzos posibles para desenquistar el nudo” que heredó, ha razonado Pons.
El dirigente popular se ha sacudido la responsabilidad alegando que corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez llamar a la oposición este mismo lunes para retomar las conversaciones tras la visita de Reynders: “Si recibimos una llamada del Gobierno, nos vamos a sentar a negociar porque creemos que esto es clave”.
Moncloa recuerda que "quien no cumple es el PP"
La respuesta no se ha demorado. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha recordado que “quien no cumple” es el PP y “ojalá” se abriera a negociar cuanto antes; porque “sería muy lamentable que se viera abocado a dimitir el señor [Carlos] Lesmes”, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo que amenaza con contribuir al caos como medida de presión.
Un culpable claro
El comisario de Justicia se reunió con ambos partidos, PSOE y PP, por separado para conocer la situación. No es su cometido arbitrar la renovación del CGPJ, ni fiscalizar la reforma del sistema de elección; únicamente les tomó el pulso. Quería aproximarse al asunto después de recibir una carta de Génova con sus condiciones para pactar la renovación de los vocales. Y la conclusión que se ha llevado es clara: Feijóo debe dejar de bloquear.
El propio Reynders reiteró el pasado jueves que la “prioridad” es la renovación del CGPJ e, “inmediatamente” después, habrá de iniciarse el proceso de reforma del modelo; dejando claro que el PP tiene que dejar de supeditar el acuerdo con el PSOE a condiciones posteriores. Un notable toque de atención que, sin embargo, no ha modificado el parecer de los de Feijóo, empeñados en bloquear. Fuentes del entorno del líder populares admiten, incluso, que será el será el próximo Gobierno el que desenrede el nudo.
La carta a Europa o el apoyo que nunca llegó
Tiempo ha que el bloqueo del PP solo se explica por su deseo de mantener la mayoría de jueces conservadores en el CGPJ. El debate quedó suspendido en el limbo, como el elefante de la sala al que evitan mirar. Pero llegó el amago de dimisión del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. En su discurso de apertura del año judicial, ante la atenta mirada del rey Felipe VI, abroncó a Feijóo por no priorizar la renovación del CGPJ y pidió al PSOE que se abriera a que los jueces designen a la mayoría de vocales. Llop no tardó en reaccionar y propuso al PP renovar en 24 horas el órgano de los jueces. Únicamente tendrían que comunicarle sus candidatos. Los populares, no recogieron el guante y se escudaron en que no era una cuestión de nombres, sino de currículum. Fue entonces, tras ver debilitada su postura, cuando enviaron una carta a Bruselas en busca de un apoyo que nunca obtuvieron. En concreto, la misiva la recibieron Reynders y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová.
En la ella, Génova reiteró que no renunciarán a “promover una reforma legislativa” para “que los jueces elijan a los jueces”; imponiendo, así, una serie de requisitos al PSOE. El primero de ellos es que las negociaciones se lleven a cabo en las Cortes Generales. En esas conversaciones, no se podrán proponer jueces que no cuenten con el respaldo de sus compañeros para ser candidatos. Una vez elegidos, serán ellos mismos los que escogerán quienes decidan a su presidente, sin mandatos u órdenes externas. También serán los propios magistrados los que hagan lo propio con el Tribunal Constitucional.
“Simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta, por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia española”, recoge la misiva. Traducido al sincerolés, el PP insiste en condicionar la renovación a la modificación del sistema de elección, haciendo caso omiso al reclamo de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
Europa no arbitrará, ni fiscalizará, ni tutelará la reforma del sistema de elección de jueces para el CGPJ
La propia carta de Pons recogía varios de los preceptos que debería incluir, a su criterio, la proposición de ley. En primer lugar, exigen que se devuelvan las competencias al CGPJ para que pueda seguir tomando decisiones aún estando en funciones. Piden regular las “puertas giratorias”, impidiendo que los magistrados elegidos para cargos políticos pudieran reingresar al servicio activo hasta pasados dos años. No podrán ser nombrados vocales del CGPJ aquellos vinculados con la política en los últimos cinco años inmediatamente anteriores, los altos cargos deberán ser nombrados por mayoría de tres quintos y los candidatos a Tribunal Supremo habrán de acreditar 25 años de servicio en activo en la carrera judicial.
Además, se pedía una profunda reforma de la Fiscalía General del Estado y un informe elaborado por el nuevo CGPJ en un plazo de seis meses a contar desde su toma de posesión con propuestas para reformar el sistema de elección de los vocales, de manera que los propios jueces participen de la designación.
¿La respuesta de Bruselas? La dio Reynders este jueves: que prioricen la renovación del CGPJ y, después, será una mayoría cualificada del Congreso la que deba acometer las modificaciones pertinentes al sistema de elección de vocales. Europa no arbitrará, ni fiscalizará, ni tutelará la reforma. Lo que sí esperan, y así lo ha manifestado el comisario de Justicia europeo, es que todo esté solucionado para cuando arranque la Presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2023.
