Cristina Cifuentes, durante su comparecencia para valorar los resultados electorales. EFE



Álvaro Ballarín, número 7 en la lista electoral de Cristina Cifuentes (PP) a la Comunidad de Madrid, lleva imputado por prevaricación, falsedad en documento público y desobediencia de una resolución judicial desde el pasado 8 de enero.

Sin embargo, la que fuera delegada del Gobierno en Madrid, no se enteró hasta ayer de tal circunstancia. Cifuentes, que se reunió ayer por la noche con Ballarín, ha dicho que no lo supo hasta entonces y que éste le había dicho que la querella estaba archivada. "No lo sabía, porque sino (Ballarín) evidentemente no hubiera ido en las listas", ha asegurado en Antena 3. La candidata popular ha hecho firmar a todos los miembros de su lista un código ético que les obliga a renunciar si fueran imputadas por corrupción y ha subrayado que, de confirmarse la imputación de Ballarín, así lo haría.

El diputado electo está imputado desde enero por los delitos de prevaricación, falsedad de documento público y desobediencia por el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Según aseguran los diarios ABC y El Mundo, fue imputado por obstaculizar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligaba a demoler la construcción de dos aparcamientos por haberse levantado ilegalmente en la urbanización de La Florida de Madrid cuando era concejal del distrito de Moncloa-Aravaca. Todo ello para favorecer a una empresa propiedad de la familia March, Corporación Financiera Alba S.A., según asegura en su querella Cadena de Moteles S.A., que acusa a Ballarín, el gerente del distrito, Carlos González, y dos técnicos, Enrique Baño y Beatriz Río, de manipular el procedimiento administrativo y maniobrar para desoír la citada sentencia actuando con "opacidad" y eludiendo "conscientemente las obligaciones de su cargo".

No es la primera vez que Ballarín es salpicado por temas judiciales. Álvaro Ballarín, tuvo como asesor cuando era presidente de la Junta del Distrito de Moncloa-Aravaca a José Javier Nombela, imputado en la trama Gürtel y cesado por Alberto Ruiz-Gallardón, entonces alcalde de Madrid, tras saber que trabajaba para las empresas de Francisco Correa, capo de la trama. Ballarín, según explicó en su momento ELPLURAL.COM, bloqueó todas las iniciativas de la oposición para abrir una investigación sobre él. Además, defendió la labor de su colaborador por "impecable".

Como concejal de distrito fue escandalosa la contratación en 2011 como "asesora para temas culturales" de Cintia Martínez, una actriz que había sido portada de Interviú. Se le ha vinculado también con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás.