El ministro en funciones de Justicia y Fomento, Rafael Catalá, ha bendecido desde su cargo la posible decisión de Mariano Rajoy a no presentarse a la investidura. Lo que de manera casi unánime los constitucionalistas ves como un hecho ilegal. Catalá lo dijo en La noche 24 Horas."Ojalá las próximas reuniones que se produzcan, tanto las oficiales como las informales, vayan ayudando a construir ese consenso que necesitamos", ha anunciado el Ministro en el programa, que así daba a entender que si no tiene asegurada la mayoría necesaria, Rajoy podría no acudir al Congreso.
El ministro justifica lo que otros ven como ilegal
La cuestión principal de la entrevista a Catalá en la tevisión pública rondó sobre el artículo 99.2 de la Constitución, que dicta: “El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”.
Lo primero que hay que aclarar es la legalidad o ilegalidad de que Mariano Rajoy no se presentara a la investidura. El ministro, al que medios afines han presentado como autoridad relevante para hablar de ello tras su intervención en TVE, aunque no es constitucionalista, dio así su versión sobre el artículo 99.2: "Lo que yo creo que dice el artículo 99.2 es que el candidato propuesto por el rey expondrá su programa para llevar en su caso adelante la investidura, pero entre la proposición del rey y la exposición de la candidatura estamos en la constatación de si existe mayoría suficiente para que esto se produzca".
El Ministro concluye, por tanto, que "puede no llevarse a cabo ese debate y no estar vulnerando la legalidad". En su opinión no habría infracción alguna si entre la propuesta del rey y la exposición del programa "hay un corte" porque carece de mayoría suficiente para ello. Sobre si el Presidente en funciones irá a la investidura y a la votación, Catalá ha afirmado que si cuenta con el apoyo suficiente para ser investido, "por supuesto que sí". O lo que es lo mismo, puso en duda, sin despeinarse, que Rajoy podría no ir: "El presidente Rajoy ha dicho que él quiere liderar España, y sabe que tiene que contar con el apoyo de otros partidos políticos".
No sólo Rajoy, también Pastor podría defraudar la Constitución
Sin embargo este planteamiento de Rafael Catalá no coincide, como decimos, con el argumento de la mayoría de los constitucionalistas que han hablado estos últimos días. Sin ir más lejo, choca con el argumento aportado por Armando Salvador Sancho, ex letrado del Tribunal Constitucional. Este experto explicó en ELPLURAL.COM el fraude que ya supuso a la Constitución el comportamiento de Mariano Rajoy en las elecciones de diciembre al esquivar el ofrecimiento del Rey. Además se refiere al artículo 99.2 de la Constitucióm como "un mandato imperativo respecto del candidato propuesto por el Rey" y cómo ahora volvería a hacerlo si no acudiera al pleno de investidura. Es más, cómo también lo haría Ana Pastor si no convoca ese pleno en un plazo razonable.
“La Constitución en absoluto prevé que un candidato pueda rechazar la propuesta del Rey -escribió Armando Salvador Sancho-. La potestad Real que nos ocupa no está sometida a condición (salvo la ya señalada consulta previa con los representantes de los Grupos Políticos), de modo que la condición de su aceptación por el candidato priva de eficacia a la decisión Real y desnaturaliza el procedimiento de investidura diseñado en la Constitución”.
Además añade el exletrado del Constitucional que el procedimiento de investidura de un candidato designado por el Rey es el único y necesario requisito de la Constitución "para evitar el bloqueo político indefinido que se derivaría de que ningún candidato se sometiera a la investidura", ya que sin la formalización de la investidura ante el Congreso no pueden convocarse unas nuevas elecciones generales.
Y concluye: "el art. 99 de nuestra Constitución impone que la propuesta del Rey no pueda menoscabarse, pues si dicha propuesta pudiera rechazarse o condicionarse y no se celebrara ninguna investidura, simplemente, no podrían celebrarse nuevas elecciones y la democracia resultaría liquidada".
