La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, es una mujer que reacciona bajo presión, otra cosa es que reaccione bien. Lo demostró con la tragedia del Madrid Arena, compareciendo cuando sus escapadas a un spa de lujo ya clamaban al cielo, y por fin ha dado la cara a cuenta de la huelga de limpieza en la capital, después de que desde el PP se filtrase el malestar con ella entre sus filas y hasta el ministro de Interior avisase de que la Policía no está para vigilar la recogida de residuos. Otra cosa es la rueda de prensa que ha ofrecido: nerviosa, evasiva y quedando en evidencia cuando le han pedido datos de su principal argumento.



Botella ha dicho que si en 48 horas no se resuelve el conflicto, llevará a la Fiscalía el incumplimiento de los servicios mínimos, y el Ayuntamiento tomará el control del servicio. Sin embargo, cuando le han pedido datos de dicho incumplimiento ha respondido: "No voy a dar la cifra exacta, no la tengo. Pero no se están cumpliendo los servicios mínimos".

Sin responsabilidad
La alcaldesa también ha asegurado que ella no tiene ninguna responsabilidad, cuando le han recordado que fue su Consistorio el que convocó un concurso a un precio que no permitía ni de lejos pagar el actual servicio de limpieza urbana. A esa acusación, Botella ha dicho que "no voy a contestar a los sindicatos porque ellos tendrán que responder por la vandalización" que están llevando a cabo, según ella, los piquetes.

"No existe riesgo"
A la amenaza de que a la huelga de limpieza y jardines se pueda sumar el servicio de recogida de contenedores, Botella ha afirmado hasta en dos ocasiones que "no va a haber huelga de basuras", sin dar ninguna explicación a esa negativa. Tampoco se ha esforzado en tranquilizar a los ciudadanos ante las alertas de plagas. "¿Plagas? No existe riesgo para la salud. Pido responsabilidad".

Contratación de Tragsa
Lo único claro es que Botella contratará los servicios mínimos de la empresa pública Tragsa para cumplir los servicios mínimos mientras dure la huelga de limpieza viaria, una acción que pondrá en marcha si las concesionarias no alcanzan un acuerdo con los trabajadores en el plazo de 48 horas.