El exconseller y diputado autonómico, Rafael Blasco, se ha rendido. Por sorpresa, la mañana de este martes, sólo horas antes de que se reuniera el Grupo Parlamentario del PP que tenía que decidir sobre su expulsión, ha manifestado ante la mesa de Les Corts su voluntad de pasar a la condición de diputado no adscrito.

"Blasco no es alguien que se rinde así como así"
Según se ha encargado de filtrar el PP, lo que ha llevado a Blasco a dar este paso y pasarse al grupo de los no adscritos, ha sido el convencimiento de que no iba a contar con suficientes apoyos como para resistirse a su expulsión. Es decir, habría preferido una salida 'voluntaria en silencio', que 'la vergüenza' de ser echado por sus compañeros.

Fuentes políticas valencianas han recibido con sorpresa la decisión de Blasco, porque "no es alguien que se rinda así porque sí, si no obtiene algo a cambio". Blasco había sido suspendido cautelarmente de militancia y había sido inhabilitado para representar al partido, como venimos explicando en ELPLURAL.COM, no por encontrarse imputado y existir contra él una petición de cárcel por parte de fiscalía, abogacía de la Generalitat y acusación particular, sino por 'desacato' hacia Fabra, al haber insinuado que el president valenciano influyó sobre la decisión de los abogados del Gobierno valenciano de pedir cárcel contra él.

 

Fabra y Blasco en un pleno de Les Corts



En principio, el gran beneficiado de Blasco es el presidente de la Generalitat. Y es que en las últimas horas en esas fuentes políticas locales habían asegurado a este periódico que Fabra "ganará la votación dentro de su grupo para expulsar a Blasco, eso es seguro, pero lo que está en juego no es si consigue echarle, sino qué fuerzas consigue colocar a su lado el propio Fabra y qué quiebras se muestran en el partido".

Intentos desesperados por evitar la votación
La situación de Alberto Fabra se veía cada vez como más delicada, y en ese sentido se apuntaban las presiones que la Generalitat venía haciendo sobre la mesa de les Corts para evitarse el trago de tener que reunir al grupo y forzarles a votar la expulsión en contra de su voluntad. Lo que pretendía el Gobierno valenciano era que bastara con la decisión del partido para la expulsión de Rafael Blasco del Grupo. La contestación de los letrados de la Cámara había sido negativa, y habían advertido que Blasco sólo podía ser 'desterrado' si así lo decidía la mayoría de los integrantes del Grupo Parlamentario.

El problema para Fabra es que una simple victoria por la mínima no hubiera sido bastante. Y una adhesión contundente del grupo se veía como improbable. Por un lado el hombre más poderoso del partido en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, ya había anunciado que él no pensaba acudir a la convocatoria. Algo que tenía una doble importancia. Por un lado su propia ausencia. Por otro, la distancia que así se ponía de manifiesto entre Fabra y la estructura del partido en la principal provincia de su 'reino'. Una debilidad de consecuencias aún en imprevisibles.

Pero es que además de Rus, otros 'capos' se habían mostrado reacios a unirse al President. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que tiene encima la espada de su propia imputación por el 'caso Nóos', se había mantenido tozudamente muda desde que se conoció la decisión del partido contra Blasco. Igual que Camps, que inmerso en la misma amenaza que Barberá, mantenía una posición también oscura e incluso se dudaba de que fuera a acudir a la convocatoria.

El dudoso voto de los imputados
Tampoco tenía mucho mejor la situación Fabra con los diputados alicantinos, donde con la excusa de la asistencia a un funeral, todo indicaba que podrían ausentarse personajes de tanto peso en el partido como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, o su antecesor, Luis Díaz Alperi, los dos miembros del grupo de imputados del PP que se sientan en el parlamento autonómico.

Qué habría hecho este grupo de imputados, en estos momentos nueve confirmados y Barberá y Camps amenazados, estaba aún por decidirse. Eso aunque tanto Fabra como su segundo en el partido, Serafín Castellano -amenazado él mismo por una demanda por corrupción que en estos momentos estudia el Tribunal Superior de Justicia de Valencia- se habían esforzado en las últimas horas en decirles por activa y por pasiva que el caso de Blasco era único, y que ellos no recibirían el mismo tratamiento.

Incluso entre los más cercanos a Fabra, se hablaba de errores en la forma en la que se estaba llevando el asunto Blasco, y se apuntaba que se había permitido que el asunto se les fuera de las manos, ya que a Blasco se le pretendía expulsar con gran ruido justo antes del último pleno de les Corts y el periodo vacacional, cuando se le podría haber expulsado 'más discretamente' en las semanas siguientes y con efecto a la vuelta del verano. De este 'error' se acusaba directamente a Serafín Castellano, que, según una fuente política valenciana comentaba a ELPLURAL.COM, "ha actuado más con las vísceras y en respuesta a su convencimiento de que Blasco habría podido 'estimular' la demanda que se ha presentado contra el propio Castellano por parte de un grupo poco conocido, y en la que se le acusa de haber favorecido a un constructor amigo en concesiones de obras públicas"

La decisión de Blasco ha congelado lo que se anunciaba como un terremoto, pero todo indica que se podría tratar de un cierre en falso que difícilmente puede traer la tranquilidad que necesita a Alberto Fabra, al que empiezan a mirar con preocupación también desde la sede del PP nacional en la calle Génova, ya que parece incapaz de acabar con la imagen de corrupción en el partido, lo que fue su gran promesa para ser elegido.de corrupción en el partido, lo que fue su gran promesa para ser elegido.