Isabel Díaz Ayuso ha señalado este lunes al Gobierno central por las exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil del Valle de Cuelgamuros, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de hacer “campaña” con la historia del país.

“Es la utilización por parte del Gobierno no sólo de las instituciones sino de la historia de España y no puedo más que condenarlo y, desde luego, no me voy a pronunciar mucho más porque estoy convencida de que estarían deseando que lo hiciéramos para entrar en su campaña y hacer campaña con esto a mí me parece tremendo”, ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid en declaraciones a la prensa tras la toma de posición del nuevo rector de la Universidad Carlos III (UC3M) de Madrid, Ángel Arias.

Comienzan las labores de exhumación

Y es que el Gobierno central ha comenzado este lunes las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, conforme a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática: “No es una tarea fácil y no existen precedentes en ninguna otra parte del mundo”, reconocen desde Moncloa.

Con este proceso, que lo llevarán a cabo un equipo de 15 forenses, se responde a las reiteradas demandas de hasta 128 familiares que esperan poder recuperar los restos de sus seres queridos. El Gobierno explica que en el día de hoy se inicia la búsqueda en el nivel 0, que pasa por la indagación en la cripta de la capilla del Santo Sepulcro para encontrar los restos de 18 personas. Posteriormente seguirán los trabajos en los niveles 1,2,3 y 4 de la misma capilla en la búsqueda de otros 59 cuerpos reclamados. 

Según las cifras oficiales, en el Valle de Cuelgamuros hay un total de 33.847 personas enterradas, el mayor número de traslados al Valle se realizó entre 1959 y 1961. En la misma medida, de los restos inhumados desde la década de 1950 hasta el día de hoy, alrededor de 21.423 son de víctimas identificadas y 12.410 de personas desconocidas.

Cabe recordar que fue el pasado jueves cuando familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo ante el incumplimiento de la sentencia que obligó en 2016 a las exhumaciones de los restos mortales de los hermanos Lapeña y otros tantos inhumados en el Cuelgamuros.

El 13 de marzo de este año, el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres, después de que los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo inadmitieran el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

La resolución recurrida acordó levantar la medida cautelar que impedía las extracciones de restos mortales de las criptas al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría "una transformación urbanística irreversible de las criptas".

Ya el pasado 24 de abril los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salieron del Valle de los Caídos donde permanecían desde el año 1959 rumbo al cementerio de San Isidro. Asimismo, los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina fueron exhumados del templo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla el 3 de noviembre de 2022.

El PP pretende derogar la Ley de Memoria Democrática

Una de las promesas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha reiterado en las últimas semanas ante la cita en las urnas del próximo 23 de julio es que, en caso de llegar a La Moncloa, una de sus medidas estrella será derogar la Ley de Memoria Democrática con la que ahora se están haciendo realidad las exhumaciones.

Sobre esta norma, el máximo dirigente de los ‘populares’ señaló, a finales de 2022, que “atenta contra el espíritu de la Transición”. Ahora, en las últimas semanas, ha abanderado como su lema de precampaña electoral la “derogación del sanchismo”, prometiendo así que anulará, si consigue los avales en las urnas, “todas aquellas leyes que están inspiradas en las minorías y atentan contra las mayorías”, incluyendo en el mismo paquete así a la ley trans, entre otras más.