El Gobierno comienza este lunes las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos al que el Gobierno de España cambió la nomenclatura como parte del proceso de “resignificar” el espacio en favor de las víctimas. El Ejecutivo español sigue así incidiendo en la necesidad de dar carpetazo definitivo a la dictadura; y sabe que esto pasa por la exhumación del lugar no solo del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, sino también de las víctimas de la Guerra Civil que todavía se encuentran aquí enterradas. “No es una tarea fácil y no existen precedentes en ninguna otra parte del mundo”, reconocen desde el Ejecutivo.

A lo complicado de las labores se suma que el episodio se ha paralizado durante meses en los juzgados, primero por grupos franquistas y antimemorialistas, y después por la alcaldesa de San Lorenzo de El Esocorial, Carlota López Esteban (PP), que se negó a autorizar la licencia de obra para entrar en la criptas y llegó a declarar ante un juez acusada de prevaricación el pasado mes de enero. Asimismo, el Tribunal Supremo no admitió a trámite en marzo el último recurso de la Fundación Francisco Franco -otro de los puntos que aborda la ley de Memoria- para tratar de impedir la realización de los trabajos. Entretanto, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos amenaza con querellarse por profanación.

Así serán los trabajos de exhumación

Hay familiares que llevan décadas esperando este momento, el de la recuperación de los restos de sus familiares, la mayoría de ellos represaliados por el franquismo; con la intención de poder al menos rendirles un homenaje digno. Para cumplir con el objetivo, en el interior de la basílica se ha instalado un auténtico laboratorio forense con rayos X, microscopios, herramientas de medición, mesas e iluminación especiales para que los expertos puedan trabajar. En las labores participará también un equipo forense, un grupo de arqueólogos, odontólogos, genetistas y miembros de la policía científica que ayuden a identificar las cajas en las que están enterradas las víctimas en el supuesto de que los números de la inscripción no se aprecian bien a simple vista.

El área se lleva acondicionando desde el pasado mes de diciembre, cuando operarios de la empresa pública Tragsa, arquitectos y otros especialistas en Patrimonio, como explica El País, empezaron a asegurar las estructuras arquitectónicas y a condicionar el área para proteger el retablo y asegurar tanto las estructuras arquitectónicas como la protección de los técnicos, un trabajo que pasa, entre otras cuestiones, por colocar filtros de aire para minimizar la aspiración de suspensión en polvo de los escombros.

El episodio, que supone un nuevo avance en los derechos de las personas represaliadas durante el conflicto bélico y el régimen de Franco, atiende a las reclamaciones de 128 familiares de personas que esperan poder recuperar los restos de su familiares, de ambos bandos.

En información remitida desde Moncloa, el Gobierno explica que en el día de hoy se inicia la búsqueda en el nivel 0, que pasa por la indagación en la cripta de la capilla del Santo Sepulcro para encontrar los restos de 18 personas. Posteriormente seguirán los trabajos en los niveles 1,2,3 y 4 de la misma capilla en la búsqueda de otros 59 cuerpos reclamados.

Por el momento, un equipo de 15 profesionales accederá al Columbiario del Santo Sepulcro para localizar las cajas específicas con la rotulación del lugar de procedencia, a la vez que el resto se quedarán el sitio que ocupan dentro del columbario, mejorando así su disposición y adecuación.

Acto seguido, se realizarán los análisis antropológicos y se realizará la toma de muestras para los análisis genéticos que se van a llevar a cabo en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, con el correspondiente control de cadena de custodia.

Personas enterradas en Cuelgamuros y última víctima

Oficialmente, en Cuelgamuros hay enterradas 33.847 personas, una cifra actualizada respecto a la de diciembre de 2021 que aportaba el Ministerio de Justicia y que bajaba  el dato ligeramente hasta las 33.833.

Algo menos de 500 personas fueron trasladadas desde fosas comunes y cementerios de todas las provincias de España a excepción de La Coruña, Orense y Santa cruz de Tenerife entre 1959 y 1983. Sin embargo, el mayor número de traslados se hicieron entre 1959 y 1961, si bien en 1983 la familia de Juan Álvarez de Sisternes solicitó el traslado, siendo ésta la última persona que se enterró allí.

Asimismo, de los restos inhumados desde la década de los 50, alrededor de 21.423 son de víctimas identificadas y 12.410 de personas desconocidas.

En otro orden de cosas, las regiones de las que más cuerpos se trasladaron al Valle de los Caídos fueron Madrid, Tarragona, Zaragoza y Teruel.

La idea de Franco

La idea primera de Franco con este monumento era la de ensalzar su victoria en la Guerra Civil, aunque hay otros entresijos de la cuestión que son igualmente interesantes. Lo primero es que el caudillo pensaba que las obras iban a durar cinco años más de los 19 que finalmente ocuparon.

Por aquel entonces fueron muchas las viudas y familiares de las víctimas de uno y otro lado que rechazaron el traslado de los restos al lugar, lo que llevó a que el Ministerio de Gobernación pidiera por misiva a los Ayuntamientos cuerpos para introducir en las criptas, a lo que muchos de ellos contestaron: “No tenemos víctimas franquistas, pero sí fosas del ejército rojo”. El Gobierno ilegítimo aceptó y abrió fosas por todo el mapa sin que lo supieran los familiares.

De esta manera, no ha sido hasta la democracia cuando los familiares han descubierto que los restos se habían trasladado aquí y comenzaron a luchar por la recuperación. Muchos de ellos, eso sí, no han podido ver cumplido su deseo al haber fallecido a causa de la edad.

Paso a paso, hasta recuperar la dignidad

El pasado jueves el abogado de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos, Eduardo Ranz, presentó una queja ante el Defensor del Pueblo por el incumplimiento de la sentencia que obligó en 2016 a las exhumaciones de los restos mortales de los hermanos Lapeña y otros tantos inhumados en el Valle de Cuelgamuros.

En la misma línea, fue el pasado 13 de marzo cuando el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos al rechazar el recurso presentado por la Fundación del dictador, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres.

Ya el pasado 24 de abril los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salieron del Valle de los Caídos, donde permanecían desde el año 1959, rumbo al cementerio de San Isidro. Asimismo, los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina fueron exhumados del templo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla el 3 de noviembre de 2022, merced al requerimiento que le había formulado el Gobierno central por la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática.