La derecha constitucionalista tiene planteada su batalla electoral particular del 28-A en Barcelona, con objetivos bien diferentes. Inés Arrimadas busca la consolidación de Ciudadanos como primer partido, como consiguió en las últimas autonómicas, y Cayetana Álvarez intentará evitar un nuevo desplome del PP en Cataluña para salvarlo de la irrelevancia política. La lectura de sus candidaturas es múltiple porque bien pudiera entenderse que Arrimadas se va a Madrid para seguir viviendo del Procés, tras fracasar como líder de la oposición en el Parlament, y Cayetana viene a Barcelona para encontrar su lugar al sol, como expresión de solidaridad de la dirección central para los suyos: no estáis solos.

La aparición de Cayetana Álvarez en la lista barcelonesa del PP es una afrenta orgánica en toda regla a los sufridos dirigentes locales. Sin embargo, éstos, no alzarán la voz porque sus resultados electorales y su liderazgo social es inexistente. La operación Cayetana es una respuesta directa a la debilidad política del PP catalán y  a los catalanes del 8 de octubre, los que acudieron a la primera gran manifestación del constitucionalismo en Barcelona. La principal queja de estos unionistas de derechas es la de sentirse abandonados a su suerte en la marea soberanista, desamparados por el Estado y especialmente por el gobierno Sánchez, quien en lugar de enviar una fuerza jurídica en forma de 155 dialoga con ellos poniendo en peligro España misma.

El PP manda una paracaidista con cierto conocimiento profesional y familiar del país en auxilio de los españoles supuestamente asediados en la díscola Cataluña. Esta paracaidista sin complejos ha fijado desde el primer día el sentido de su misión en territorio secesionista. Cayetana es el mensaje, la manifestación orgullosa de una españolidad uniformista sin concesiones a unas reglas electorales impuestas por la prudencia y el respeto al entorno social catalán, por qué una española que no habla catalán no puede presentarse por Barcelona, desde cuándo Barcelona no es España y no rigen las mismas oportunidades que en cualquier otra provincia. Esto es lo que proclama su presencia. Luego ella lo adorna con la provocación dialéctica: en Cataluña, dijo a los periodistas, lo que hace falta es “ley, pedagogía y política”, adornando la afrenta al independentismo, que ella simplifica como nacionalismo, con una referencia al supuesto “valor pedagógico de la cárcel”.

Inés Arrimadas es todo lo contrario a la aristócrata que viene a salvar a los catalanes no soberanistas. Ella es una de estas catalanas que ha plantado cara a la mayoría parlamentaria independentista, con escaso éxito, a pesar del triunfo electoral obtenido en 2017, en las elecciones convocadas por Mariano Rajoy. Su millón largo de votos no le sirvió para alzarse con el liderazgo real de la oposición, ni tan solo para presentarse a una investidura que tenía perdida de antemano pero que seguramente le habría permitido exponer su proyecto para Cataluña. Tampoco Ciudadanos ha sabido aprovechar su posición en la cámara catalana (36 diputados de 135) para incorporarse plenamente en las instituciones catalanas y ayudar así al reconocimiento político de una realidad electoral.

Ciudadanos nació con Albert Rivera para dinamitar los consensos políticos, lingüísticos y culturales de la tradición catalanista y la estrategia frontista de Arrimadas, avivando el Procés siempre que ha podido,  ha hecho perder a su partido la oportunidad de formar parte del entramado institucional de Cataluña, al que ha confundido, a menudo, con simples estructuras del independentismo. Este error de apreciación y la prioridad táctica de practicar una guerra sin cuartel a la mayoría parlamentaria para asentar la polarización de la política catalana (tan provechosa para ella),  ayudan a explicar su radical oposición a todo diálogo institucional, ni que fuera para asuntos inequívocamente estatutarios.

El rechazo a cualquier acercamiento a la mayoría soberanista para intentar plasmar la pluralidad parlamentaria y política del país en los organismos públicos ha impedido la renovación de los mismos (unos 30), pendientes de actualizar el mandato de sus miembros. La Sindicatura de Comptes, el Consell de Garantías Estatutàries, el Consell Nacional de Cultura i les Arts, el Consell de l’Audiovisual y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales llevan años con el mandato caducado por la falta de consenso. Tan solo en el caso de la CCMA (TV3 y Catalunya Ràdio), Arrimadas intentó un acuerdo con los partidos independentistas y el PSC, pero la oportuna filtración del pacto frustró la operación, que por primera vez, situaba a un representante de Ciudadanos en el consejo de dirección.

Arrimadas deja el Parlament, llevándose en su candidatura al vicepresidente de la cámara, José María Espejo Saavedra, descapitalizando la presencia de Ciudadanos en la política catalana, sin dejar poco más que una larga secuencia de imágenes de protesta y frases de denuncia del rodillo independentista, la última de las cuales aún resuena en el hemiciclo: “Aquí, muy gallitos, pero ante los jueces se vienen abajo”. La ganadora de las últimas autonómicas se va al Congreso justo cuando acaba de conseguir su triunfo más notorio al conseguir que la Junta Electoral obligue al presidente Quim Torra a retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat.