El protocolo antiabortista anunciado la semana pasada por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sigue recibiendo duras críticas y poniendo en contra del Gobierno de coalición del PP y Vox a los homólogos del resto de Comunidades Autónomas. La última en cargar duramente ha sido Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares. “Nos colocan en hablar temas del pasado porque, desgraciadamente, tenemos una derecha atrapada en el pasado más negro de España”, ha lamentado en una entrevista concedida a ElPlural.com.

En este sentido, ha exigido que se deje de criminalizar a las mujeres, “de plantear medidas que significarían una tortura para cualquier mujer”. No obstante, lejos de resignarse, la presidenta de Baleares se ha plantado, transmitiendo que la única posibilidad para frenar a estas formaciones y sus medidas que retornan al pasado es hacerles frente. “Tenemos que decir fuerte y claro que no pasarán, sobre todo ante estas medidas de retroceso de los derechos de la mujer”, ha argumentado.

Esta posición frontal de Armengol ha quedado constatada cuando ha asegurado a este periódico “estar contenta con la acción inmediata del Gobierno”, haciendo referencia a los dos requerimientos enviados por el Gobierno al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Una acción inmediata “para paralizar cualquier involución en los derechos de la mujer, sobre todo en un caso tan delicado como tener que afrontar un aborto. “, ha añadido la líder balear.

El PP también es responsable del retroceso

La presidenta de las islas ha asegurado también que señalar únicamente al partido de extremaderecha como culpable es un error; ya que, el Partido Popular, que ostenta la presidencia de la Junta de Castilla y León, sigue también procederes que hacen retroceder en derechos de las mujeres. “Están en el pasado, lo están demostrando los gobiernos del Partido Popular con Vox, pero también los del PP en solitario, que son los que menos garantizan la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública”, ha sentenciado.

Por el contrario, “Baleares es referente por garantizar los derechos de las mujeres también cuando, desgraciadamente, tienen que tomar un decisión tan difícil como interrumpir el embarazo”, ha indicado. Además, ha lamentado la frivolidad de los argumentos expuestos y la manera de tratar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, por una causa o por otra, y dentro de la legalidad vigente. “Tendrían que ponerse en la piel de una mujer que tiene que tomar esa decisión dura”, ha sugerido.

Propuesta de Vox

La Junta de Castilla y León, representada por Gallardo, anunció el pasado jueves la implantación de una serie de medidas que denominó "provida" y de fomento de la natalidad. Entre ellas, citó un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un "protocolo de latido fetal y registro cardíaco”, con lo que se aprobaría que, además de las tres ecografías preceptivas en las semanas 12, 20 y 33, entre la semana 6 y la 9 se le ofrezca a los padres “escuchar el latido del bebé que está dentro de su madre”, apuntó Gallardo, para que así, antes de tomar cualquier decisión sobre el desarrollo del embarazo, “puedan escuchar el latido de su hijo”.

Además, también anució el obligatorio ofrecimiento de una ecografía 4D que complemente las tres y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, ya garantizada en la Ley Orgánica 2/2020.