Un despropósito
En todo caso, este juicio ha sido todo un despropósito, por cuanto no puede calificarse como prevaricación la interpretación que un juez hace de un precepto legal para justificar la intervención de unas conversaciones que pueden encubrir actuaciones delictivas, por muy letrado que sea uno de sus interlocutores. Para eso está la nulidad de actuaciones, si quien posteriormente debe decidir considera que las pruebas no se han obtenido por los cauces legales; e incluso en eso ha existido una evidente discrepancia en el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Pero, como afirmaba muy recientemente Jorge Trías Sagnier, jurista y exdiputado del PP, en un excelente artículo, estamos ante un caso de "cacería judicial", y viendo sentado a Garzón en el banquillo de los acusados se pregunta: ¿es esto la justicia que tan hermosamente se describe en el Título VI de la Constitución?
Esconderse detrás de la toga
Suponemos que la escucha de las grabaciones seleccionadas ya habrá tenido lugar a puerta cerrada, y una vez que en el día de ayer las partes han dado por reproducida su prueba documental y elevado sus conclusiones provisionales a definitivas, hoy le ha correspondido a los abogados de la acusación y la defensa evacuar el trámite de conclusiones finales. Nada especial han dicho los letrados de la acusación que no sea analizar, cada uno desde su parcial posición, el resultado de las pruebas practicadas para tratar de “convencer” al tribunal de que debe de dictarse una sentencia conforme a sus peticiones. Tiene razón el letrado Ignacio Peláez cuando afirmó que “no vale todo“; efectivamente no vale esconderse detrás de la toga para delinquir, y eso es lo que trataba precisamente de evitar el juez Garzón cuando ordenó las escuchas. Por su parte el letrado Pablo Rodriguez-Mourullo, defensor de Pablo Crespo, estuvo aparentemente brillante, pero excesivamente técnico, y su intervención parecía más encaminada a interesar la nulidad de unas grabaciones que justificar la procedencia de un delito de prevaricación cometido por el juez que las ordenó; quizás se equivocó de escenario.
La certeza del fiscal
El fiscal, que no acusa, podía haberse limitado a solicitar la libre absolución del Juez Garzón. Pero ha querido ir más allá, y se ha convertido en un imparcial abogado defensor, algo poco común en actuaciones similares, pero posible. Y en su intervención Antolín Herrero estuvo muy certero cuando analizó los hechos enjuiciados, poniendo en la balanza los límites entre el derecho de defensa y el derecho de investigación, alegando el principio de proporcionalidad para justificar la procedencia de las escuchas ante un supuesto tan excepcional como era la comisión de un delito de blanqueo de dinero que se estaba cometiendo por los cabecillas de la trama que se encontraban en prisión e incomunicados; y con un fino sentido del humor finalizó su intervención sorprendido por el hecho de que “los letrados intervinientes tengan tantas dudas sobre el estado de derecho en nuestro país y lo pongan todo en cuestión“. Le siguió en la palabra su compañera Pilar Fernández Valcárcel, que hizo alusión a que han existido otras investigaciones judiciales en las que se autorizó la intervención de comunicaciones entre presos y abogados, citando como ejemplo -entre otros- el caso de Marta del Castillo.
"Riesgo de connivencia"
En la sesión de la tarde ha intervenido el letrado de la defensa, Francisco Baena Bocanegra, quien muy finamente ha recordado a la Sala su reciente doctrina sobre el delito de prevaricación, y después de haber alabado la brillante intervención del fiscal Herrero, ha recordado el erróneo planteamiento de las acusaciones, espetándoles en tono irónico: “Si empezamos el credo por Poncio Pilatos al que sacrifican ya sabemos quién es“. Ha mencionado que Garzón estaba obsesionado con el derecho de defensa, como así han mantenido todos los testigos que declararon en el día de ayer; y a mayor abundamiento ha recordado el apoyo expreso del Ministerio Fiscal en la adopción de las medidas. “No se puede pedir un concepto expansivo del derecho de defensa” afirmó, aludiendo con ello a la actuación del Letrado Ignacio Peláez, quien visitó a Correa y a Pedro Crespo sin ser su letrado defensor; reiterando que no existe ningún principio de prueba que acredite que Garzón actuó incorrectamente. Aludió al hecho de que las resoluciones por la que se acordó la intervención están motivadas por las peticiones de la policía, que observaba como el delito de blanqueo de dinero se continuaba cometiendo, y existía un “riesgo de connivencia“, requisito exigido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para permitir la intervención de las conversaciones entre un detenido y su letrado. Y con gran énfasis ha traído a colación el auto dictado por el juez instructor de la causa por la muerte de Marta del Castillo, que ordenó intervenir todas las conversaciones que pudiese mantener el principal acusado, incluso con sus abogados defensores. Y finalizó afirmando que “el señor Garzón es un buen juez, en todo el sentido de la palabra“.
Protección del derecho de defensa
Garzón, después de despojarse de nuevo de la toga, ha bajado del estrado para hacer uso de la última palabra, afectado por una fuerte ronquera. Y tras pedir un vaso de agua y adherirse a lo expuesto por los fiscales y por su letrado, ha asumido la responsabilidad de todas sus decisiones judiciales. “En ningún momento se violentó o se lesionó el derecho de defensa, sino que se protegió” ha dicho, reiterando lo expuesto en su declaración, y volviendo a recordar que las las intervenciones eran necesarias para perseguir el delito de blanqueo de dinero. La Sala le interrumpió en varios ocasiones, impidiéndole manifestarse libremente, lo que demuestra el poco respeto hacia el acusado, al que se le veía sensiblemente afectado.
Bochornoso descrédito internacional
El juicio ha quedado visto para sentencia. Los magistrados lo tienen muy fácil; complicarlo colocaría a nuestra justicia en un bochornoso descrédito a nivel mundial. Dicten cuanto antes una sentencia absolutoria, pasen de puntillas para salvar su dignidad por el juicio sobre los crímenes del franquismo, y archiven a la mayor brevedad la tercera causa abierta contra el ahora acusado. Baltasar Garzón tiene que recuperar cuanto antes su condición de magistrado en activo. Morir matando no es una buena solución, y el tribunal que le juzga lo sabe, y se juega mucho; tiene la oportunidad de pasar página y convertir el lamentable espectáculo que estamos viviendo en un triunfo de la justicia.
Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA
