Como si de una serie de Netflix se tratase, el matrimonio Monasterio-Espinosa de los Monteros vuelve a dejarnos un nuevo capítulo de irregularidades de sus lofts. En esta nueva entrega aparece un personaje relevante a la par que inesperado: Ignacio Aguado. Según publica este jueves El País, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder autonómico naranja fue una de las víctimas de sus tejemanejes.

Aguado vivió unos cuatro años en un loft ilegal en un edificio construido en suelo industrial en Madrid fruto de uno de los proyectos del estudio de Rocío Monasterio. Cabe recordar que los naranjas, socios de facto de Vox tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas, han evitado posicionarse al respecto. Siempre han evitado realizar ningún tipo de comentario alegando que se trataba de un “asunto personal”.

El padre de Aguado, según el citado periódico, fue el presidente de la comunidad de vecinos y compró uno de los lofts que, a la postre, denunció como el resto de vecinos (aunque perdieron el juicio).

El propio Aguado ha evitado responder a El País y, a través de su jefa de prensa, ha argumentado que “Esto es un tema de una comunidad de vecinos que todos se ven afectados, no solo de un particular”.

De facto, Aguado no desmintió las informaciones. El País también ha contactado con el padre del líder naranja, Jesús Aguado, a través de abogado, pero tampoco ha comentado nada al respecto.

Según los vecinos, Ignacio Aguado acudía con regularidad a las reuniones de la comunidad.

Y ya son…

Este caso se suma a la serie de irregularidades de los lofts de los Monasterio-Espinosa de los Monteros. Ya hay un total de 26 lofts afectados y un edificio de nueva planta, en la calle Albarracín número 58. El edificio figura ahora en la web del estudio de Rocío Monasterio con la siguiente descripción: “Nos encargaron un edificio industrial con oficinas para profesionales relacionados con tecnología y la producción audiovisual. Levantamos un edificio de nueva planta funcional y arquitectónicamente austero”.

El caso de Aguado no dista de los desvelados con anterioridad. Sobre el papel, son locales para uso industrial, pero en la práctica eran viviendas que se vendieron a precios de entre 300.000 y 500.000 euros. La lideresa de Vox estaría prometiendo a los compradores que gracias a sus contactos en el Ayuntamiento de Madrid conseguiría los permisos de habitabilidad.