En su carta de renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes anunció que su intención era continuar como diputada regional con “dedicación exclusiva”. Mariano Rajoy ya ha elegido a su sucesor, Ángel Garrido, y Cifuentes parece haber cambiado de opinión. La expresidenta ha abandonado su escaño en la Asamblea de Madrid y, de facto, se ha quedado sin remuneración y sin su condición de aforada.

Según consta en el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, Cifuentes cobraba por su cargo como presidenta autonómica poco menos de 110.000 euros. Para contextualizar su remuneración, cabe mencionar que el presidente del Gobierno cobra poco menos de 80.000 euros. Al dimitir, Cifuentes renunció a los 110.000 euros, pero aún podría recibir la asignación como diputada regional. El sueldo medio de un diputado en la Asamblea de Madrid ronda los 3.500 euros brutos mensuales, pero con la entrega de su acta, Cifuentes también dejará de percibir este salario. Ahora, su nómina es de cero euros.

En una entrevista en La Sexta Noche, Cifuentes aseguró que tenía 3.000 euros en su cuenta corriente: “¿A quién van a creer, al que tenía un millón en el altillo [Francisco Granados] o a mí, que vivo alquilada y con 3.000 euros en la cuenta?". Con el fin de cotejar el dato, El Plural ha consultado su última declaración de bienes y actividades, la de 2015. En otras palabras, tenía 23.000 euros más de los que ahora asegura tener.

Según han confirmado fuentes de la Asamblea a El Plural, Cifuentes dejará de percibir su salario de manera inmediata, como también de manera inmediata dejará de ser aforada.

Los beneficiarios de la condición de aforados únicamente pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo (si se trata de un parlamentario nacional) o por el Tribunal Superior de la comunidad autónoma que corresponda si se trata de un diputado regional.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid estuvo al borde de la imputación por el caso de la cafetería de la Asamblea. Tal y como contó El Plural, el 16 de mayo de 2017 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaba a Cristina Cifuentes como potencial nueva rana de la charca devenida en cenagal en la Comunidad de Madrid. El informe redactado por agentes de la UCO vinculaba la presunta financiación ilegal del PP de Madrid con un contrato adjudicado al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. Concretamente, la licitación se refería a los servicios de restauración de la cafetería de la Asamblea de Madrid.

El auto solicitaba al juez Eloy Velasco la imputación de Cifuentes por los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho por esta adjudicación. Y es que, tras conseguir el contrato, el empresario habría hecho una donación al PP de Madrid. Arturo Fernández, también expresidente de la patronal madrileña y muy vinculado al PP de Madrid, ganó el concurso en 2009, 2011 y 2013. Cifuentes presidió la Mesa de Contratación en esas licitaciones. Por ello, la UCO creía que los concursos de los años 2009 y 2011 pudieron estar amañados. Sin embargo, pese a que los indicios con los que trabajaba la UCO eran cuanto menos llamativos, el juez Velasco rechazó la imputación de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero el 12 de abril de 2018, tal y como desveló en exclusiva El Plural, el abismo de la imputación se acercó peligrosamente a Cifuentes. El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, firmó un auto, al que tuvo acceso este periódico, negándose a cerrar la investigación sobre Cifuentes y la cafetería de la Asamblea de Madrid al considerar que la ya expresidenta regional pudo caer en “incompatibilidad” por ser juez y parte en la adjudicación a Arturo Fernández.

Además, la Fiscalía ya ha abierto diligencias para investigar por lo penal la denuncia presentada por varias asociaciones de estudiantes por presuntas irregularidades en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por lo que podría ser citada.

En consecuencia, Cifuentes dejará de percibir ningún tipo de remuneración por su actividad política de manera inmediata y podría enfrentarse a un nebuloso frente judicial. Cifuentes es funcionaría de tipo A en la Universidad Complutense de Madrid (una condición que obtuvo de manera cuanto menos particular). Se encontraba en régimen de servicios especiales y podría solicitar el reingreso en el plazo de un mes. De no hacerlo, entrará en situación de excedencia voluntaria por interés particular.