Aunque el Valle de los Caídos es propiedad estatal - a través de Patrimonio Nacional-, es una congregación de monjes benedictinos quienes gestionan el complejo, reciben las subvenciones, los beneficios del restaurante y de la hospedería del Valle.
Franco, que quería que el Valle de los Caídos fuera su particular Monasterio de El Escorial, incluyó en el proyecto una basílica y un monasterio, para combinar las formas colosales de la arquitectura fascista con un toque de espiritualidad. Un grupo de monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos se trasladó a Cuelgamuros para cumplir los deseos del dictador y serían desde la inauguración, en 1959, los encargados de la gestión del memorial franquista.
En el Valle de los Caídos, además de reposar los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, también reposan los cadáveres de 33.847 personas más, pertenecientes a ambos bandos de la Guerra Civil. Algunos de esos restos se trasladaron en su día sin permiso de sus familiares y, en otros casos, sin ser debidamente identificados. El complejo, que presenta serios problemas de conservación, recibe anualmente 340.000 euros de dinero público, que son gestionados directamente por los monjes benedictinos, quienes se siguen negando a cumplir las decisiones judiciales que les instan a permitir la identificación de los restos. También reciben directamente los beneficios del restaurante y de la hospedería, que cobran de 25€ a 90€ por alguna de sus 170 habitaciones. El Valle de los Caídos, cuyo número de visitantes mengua año a año, también ha costado a los contribuyentes más de medio millón de euros en gastos de mantenimiento, porque hace décadas que se cae literalmente a pedazos.
El prior desobediente
A instancias del PSOE, la Comisión de Justicia del Senado ha pedido la comparecencia del Prior-Administrador del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, para que explique sus reiteradas negativas a cumplir una sentencia que le obliga a permitir la exhumación de restos de víctimas del franquismo custodiados en el mausoleo.
El prior-administrador, ya acumula más de una decena de denuncias por negar el acceso a las criptas. Un acceso al que está obligado por sentencias judiciales de marzo de 2016 y que es reconocido por Patrimonio Nacional, propietario de todo el complejo monumental franquista. Ya en un informe de 2011, proporcionado a un Comité de Expertos creado por el Gobierno de Zapatero, se explica que los monjes han movido los restos en varias ocasiones, sin dejar constancia documental de dichos movimientos.
La Comisión de Justicia del Senado ha citado también al abogado de los familiares de las víctimas, Eduardo Ranz y al presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Arminán. Ranz, en declaraciones a El Plural, ha insistido en la importancia de que el abad dé explicaciones en “una de las sedes de nuestra democracia” y aclare por qué no permite acceder a unas instalaciones de titularidad pública y no protegidas por el Concordato vigente.
Cantera ha basado sus reiteradas negativas primero en el carácter religioso de las criptas, aunque los jueces las consideran como un cementerio público- y en los posibles daños a las instalaciones, aunque tampoco permite que un equipo de Patrimonio Nacional compruebe científicamente si existen tales riesgos.
