8 de marzo de 2017. En este día nació la comisión de investigación con la que el Partido Popular ha intentado e intentará tapar cualquier información sobre una de las mayores tramas de corrupción que se han vivido en la política de nuestro país: la trama Gürtel.

El 4 de octubre de 2016, a las 10:00 de la mañana, arrancaba el juicio de la Gürtel, de la denominada ‘PS 1ª Época 1999-2005’, con 37 acusados sentados en el banquillo. Entre ellos: el extesorero del PP, Luis Bárcenas, una exministra de Sanidad como Ana Mato y su exmarido Jesús Sepúlveda, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, los empresarios y cabecillas Correa y El Bigotes… sin olvidar el propio Partido Popular y la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

Ahora, un año después, este juicio llega a su etapa final, un sprint en el que las conclusiones de la fiscalía son atronadoras: queda “acreditada la Caja B del PP” y que Bárcenas es “Luis el Cabrón”, pero también que tanto Ana Mato como el Partido Popular se lucraron de la trama corrupta.

Todo esto hay que taparlo, pudieron pensar los populares, sobre todo si se tiene en cuenta que, en paralelo, se está desarrollando una comisión de investigación en el Congreso en la que PSOE, Podemos y Ciudadanos investigan la supuesta financiación ilegal del PP en relación a esta trama y a los llamados Papeles de Bárcenas.

¿La solución? A los populares se les ocurrieron dos: la primera, crear una comisión para devolver la jugada a la oposición e investigar la financiación de todos los partidos, pero en el Senado. La segunda, intentar frenar por todos los medios o menoscabar la comisión sobre su Caja B en el Congreso.

Pero vayamos por partes.

La otra comisión, la de todos los partidos

Como hemos dicho al comenzar este artículo, el 8 de marzo de 2017 el PP reaccionaba. PSOE, Podemos y C’s se unían para iniciar una comisión de investigación en el Congreso con la intención de investigar la supuesta Caja B de los populares de Mariano Rajoy.

La respuesta no se hizo esperar y vino en forma de otra comisión. El PP registraba la petición de creación de otra comisión de investigación, esta vez en el Senado y con la intención de investigar la financiación de todos los partidos. Si la oposición quería investigar sus cuentas, ellos harían lo propio con las de la oposición en un intento de demostrar que, si bien hay irregularidades, ellos no son los únicos.

¿Cómo? Centrando sus fuerzas en demostrar que Podemos es realmente un proyecto pagado por regímenes como los de Venezuela e Irán. Por ello, uno de los pasos más llamativos del PP en esta comisión ha sido la citación de Juan Carlos Monedero que, este mismo lunes, ha calificado la comisión de “franquista” y “circo” mientras los populares intentaban probar una supuesta financiación en B para el programa de ‘La Tuerka’.

Una comisión sin la oposición

Pero esta opinión, la de Monedero, no es una idea aislada, ya en julio, al poco de arrancar, la oposición definió en bloque esta comisión del Senado creado por los de Rajoy como "una farsa viciada" y "manipuladora" del PP para "contraprogramar" la del Congreso y tapar las palabras de los tribunales sobre la Gürtel.

“El equipo político al que pertenezco renuncia a formular cualquier tipo de pregunta a los comparecientes citados ante esta comisión ante el plan de trabajo sectario, manipulador y viciado del PP”, dijo la oposición en una declaración conjunta. Desde entonces, el PP se ha quedado sólo en su comisión.

Las maniobras del PP para frenar la del Congreso

De "el PP siempre colabora con la justicia" para luego criticar las decisiones judiciales que les afectan directamente, al intento de limitar y frenar al Parlamento a la hora de investigar su supuesta financiación ilegal. Esta ha sido la actitud del Partido Popular, su forma de hacer.

Aunque sin éxito, los populares han hecho todo lo posible para intentar que el Congreso no pudiera investigar en comisión su supuesta Caja B o, al menos, limitarlo. Para ello han usado diferentes herramientas.

Una de ellas pasó por el registro de un "pronunciamiento previo" para que en la comisión sólo se pudiera investigar la financiación del PP de esta última legislatura: mediados de 2016. En otras palabras, evitar que se pudiera bucear en años anteriores, en la época en la que supuestamente se produjeron los actos de financiación irregular.

Además, intentaron que no se pudiera llamar a comparecer a nadie que no ocupara en estos momentos un cargo político, orgánico o institucional. Así querían evitar la imagen de figuras tan destacadas como José María Aznar.

“El PSOE no tiene ninguna duda y no vamos a permitirle ni acompañar al PP en este intento de boicoteo evidente del arranque de esta comisión de investigación”, respondió a este intento el portavoz del Grupo Socialista en la comisión, Artemi Rallo en declaraciones a ELPLURAL.COM.

Hasta amenazar con el Constitucional

Otro de los intentos del PP para frenar la comisión del Congreso implicaba a la Justicia.

El PP propuso encargar un informe para esclarecer si la Comisión era o no legal, ya que en su opinión sólo era “una Comisión contra el PP”. Como la oposición tumbó este paso, ellos volvieron a responder. O se atendían sus demandas o acudirían al Tribunal Constitucional. 

Acudir a la Justicia es "una posibilidad que está ahí" porque no están dispuestos a que se produzcan "comisiones inquisitoriales", decía Maillo en junio de este año. Antes del año 2015, la financiación ilegal de un partido no aparecía tipificada en el Código Penal y es a esto a lo que se agarró el PP.

Intentos fallidos

Aunque el PP hizo lo imposible, la comisión sobre su Caja B es ya una realidad, una investigación en la que se ha podido escuchar declaraciones tan esclarecedoras como la del inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, que hace sólo unos días aseguró que "indiciariamente" Rajoy, como otros dirigentes del PP, aparecen en los Papeles de Bárcenas y habrían recibido sobresueldos en B.

Sea como fuese, con intentos de ocultar incluidos, hay que recordar dos realidades: por primera vez en la historia de la democracia de este país un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha sentado en un banquillo aunque como testigo por un caso de corrupción y, un partido político ha sido imputado: el PP.